“Hay persecución política por mis posiciones ideológicas”: Jorge Pretelt

Jorge Pretelt es el protagonista del primer caso de corrupción que sacudió a la Corte Constitucional. Al exmagistrado, la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema lo encontró responsable del delito de concusión. Es señalado de haberle solicitado a la empresa Fidupetrol, a través del abogado Víctor Pacheco, 500 millones de pesos para favorecerla en el trámite de una tutela. Pretelt apeló su condena de 6,5 años de prisión.

Luis Carlos Vélez: ¿En qué va su proceso?

Jorge Ignacio Pretelt: La semana pasada presentamos nulidad a la sentencia proferida en la primera instancia por los magistrados Ramiro Marín y Ariel Torres.

L.C.V.: ¿En qué se basa esa solicitud de nulidad?

J.I.P.: Es una sentencia que contradice en forma grotesca la verdad probada. Es bochornoso lo que hicieron estos dos magistrados. Es de anotar que durante año y medio la Sala Penal de la Corte Suprema escuchó mi versión, pero, como entró en vigencia la doble instancia, ese proceso pasó a la Sala de Primera Instancia, y estos dos magistrados profirieron la sentencia sin haberme querido escuchar. 

L.C.V.: ¿Por qué no lo escucharon?

J.I.P.: Hay un principio que se debe respetar que es el de la inmediación. A mí me escuchó la Sala Penal de la Corte Suprema, pero en vista de que esta sala consideró que se me debía garantizar la doble instancia, pasó a la Sala de Primera Instancia. Aunque allí debieron escucharme, no lo hicieron. No es lo mismo, en virtud de ese principio de la inmediación, referirse a hechos en un expediente a estar frente a frente con la persona acusada y con la defensa.

L.C.V.: La condena de primera instancia dice que seis de los nueve magistrados de la corte testificaron que usted, en una Sala Plena, afirmó haberse reunido con Víctor Pacheco en su apartamento. Esta es la almendra del caso…

J.I.P.: Eso no es cierto. María Victoria Calle, quien me reemplazó en la presidencia de la corte, trató de prefabricar una prueba y manifestaron con cuatro magistrados en la sala del 2 de marzo de 2015 que yo había reconocido que Pacheco había estado en mi apartamento. Es importante que el país sepa que hoy esa acta sigue en la Corte Constitucional sin firma alguna, sin validez. Ese es un documento totalmente falso.

L.C.V.: ¿Por qué María Victoria Calle habría querido fabricar un montaje contra usted?

J.I.P.: Aquí hay una persecución política por mis posiciones ideológicas. Ese era un grupo compuesto por varios magistrados que desde que llegué a la corte ejercieron la persecución. Uno de los choques más grandes con mis compañeros fue una sentencia que yo saqué sobre las pensiones. Ellos esperaban jubilarse en ese entonces con más de 35 millones mensuales. Gracias a esa sentencia, hoy nadie puede tener una pensión de más de 25 salarios mínimos en Colombia. Luego vinieron otros temas gruesos. Yo fui el ponente del marco jurídico para la paz y en esa sentencia se dijeron cosas muy importantes, que avaló la Corte Constitucional en un principio, pero que después lo fueron volviendo añicos poco a poco. Allí se estableció que los guerrilleros desmovilizados para poder llegar al Congreso debían pagar penas reales y efectivas, y que uno de los requisitos para acceder al acuerdo era entregar y desvincular a todos los menores. En ese y otros temas hubo choques. En este país se volvió un problema tener posiciones como no estar de acuerdo con el aborto o el matrimonio homosexual.

L.C.V.: ¿Por qué todos los implicados en su proceso están condenados y usted afirma que es inocente?

J.I.P.: A mí también me condenaron en primera instancia, pero es una sentencia grotesca llena de falsedades. El señor Pacheco está condenado no por mi acusación, sino por tráfico de influencias en la selección de la tutela en la que nada tuve que ver. La selección la hicieron Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas. El señor Hélber Otero y Abel Guillermo Caballero están condenados también por tráfico de influencias en la selección de la tutela. De lo que a mí se me acusa es de que en mi apartamento, el 18 de octubre de 2013, le hice una solicitud de dinero para un tercero y de unos regalos para la expareja de otro magistrado y para su hijo. Los otros implicados están condenados por tráfico de influencias en la selección de la tutela y yo no tuve que ver en nada de eso.

L.C.V.: ¿Por qué los magistrados no habrían tenido en cuenta esos testimonios?

J.I.P.: Lo hicieron malintencionadamente. Hay otra cosa; mi hijo fue llamado a declarar en el proceso y le dijo a la corte que había estado en el Club El Nogal el día en que yo supuestamente me reuní con Pacheco en mi apartamento. Los magistrados dicen sin pruebas que mi hijo no estuvo en El Nogal, y que como no estuvo, la entrada del conductor no correspondía a su entrada, sino a la mía, y que, por lo tanto, yo había tenido tiempo para ir de la corte al apartamento y reunirme con Pacheco. Está demostrado que Pacheco no estuvo en mi apartamento. Está demostrado que yo estuve en el Club El Nogal con todo mi esquema de seguridad, y eso lo desconoce la sentencia. A mí me están condenando porque un señor dice que yo le solicité un dinero y unos regalos para terceros con una versión que tiene más de 15 contradicciones. Y sin atender los testimonios que lo desmienten. 

L.C.V.: ¿Cómo es el episodio de la aparición de una nota en un hotel de Panamá, en la que el presidente de Inasa habría escrito su apellido y el de Rodrigo Escobar al lado de una cifra de 650, que algunos dicen que correspondería a millones de pesos en sobornos?

J.I.P.: Ese es un novelón. Aquí se divulgaron noticias de que supuestamente mi señora esposa era despojadora de tierras. Todos en el Gobierno nacional opinaron que mis dedos estaban manchados de sangre, y a los seis meses el entonces fiscal delegado, Jaime Camacho, archivó el proceso y no fueron capaces de hacer una rectificación. Estas acusaciones nacen del senador Julián Bedoya, que decía que era abogado y hoy veo que tiene serios problemas con su título de abogado. 

L.C.V.: ¿Qué tiene que ver el exfiscal Eduardo Montealegre en esa historia del despojo?

J.I.P.: La investigación la inició él, pero el proceso fue archivado a los seis meses y se dijo que no había ni asomo de despojo de la familia Pretelt. Aquí lo grave fue la denuncia penal por delitos de lesa humanidad del señor Montealegre a mi señora esposa. Montealegre estaba esperando que yo renunciara a la presidencia de la corte. Ese era el año de los acuerdos de Juan Manuel Santos con las Farc y siendo presidente de la corte a mí me tocaba moderar todos los debates. Como lo dije, fui el ponente del marco jurídico para la paz, y si se hubiera aplicado como lo estructuré, el país no estaría tan polarizado como lo está hoy. 

L.C.V.: ¿Usted diría que Juan Manuel Santos está detrás de los procesos en su contra?

J.I.P.: Claro que sí. Él, el exfiscal Montealegre, el exvicefiscal Perdomo y algunos magistrados. Es inconcebible que la más alta corte de Colombia me condene por concusión sin tener en cuenta testimonios otorgados bajo la gravedad de juramento. Este es un caso que no debió pasar de la Comisión de Acusación. Por ejemplo, el chofer que transportó al señor Víctor Pacheco se llama Peter Nieto. Él fue a la Corte Suprema y dijo que había transportado al señor Víctor Pacheco el 18 de octubre de 2013 hasta el centro y del centro al Nogal. No habló nunca de llevarlo a mi apartamento o recogerlo en ninguna otra parte. ¿Cómo es posible que la Sala de Primera Instancia diga que yo no estuve en El Nogal a las doce del mediodía si todo mi esquema de seguridad estuvo ahí?, ¿por qué se ignora eso? 

L.C.V.: Pero eso es muy grave. Sus declaraciones dan a entender que lo suyo es un ataque por estar en contra del acuerdo de paz…

J.I.P.: Eso fue lo que hicieron conmigo. Para que se entienda, la denuncia de Víctor Pacheco con Luis Ernesto Vargas ocurre el 3 de febrero a las cinco de la tarde, y yo soy elegido presidente de la corte el 4 de febrero a las nueve de la mañana. Desde ese momento, me empezaron a hacer debates con el tema de Pacheco. Él denuncia el 3 de febrero de 2015 un episodio que sucedió el 18 de octubre de 2013, es decir, tres años atrás. Yo no seleccioné la tutela, voté contra los intereses de Fidupetrol. Dice Pacheco que yo le solicité dinero para Rodrigo Escobar y unos regalos para la expareja del magistrado González. Eso fue un invento del señor Luis Ernesto Vargas para indisponerme con el voto del magistrado González a la presidencia de la corte. Y, además, esto no fue gratis. Luis Ernesto Vargas fue pagado por el Gobierno del expresidente Santos en un cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y a Jorge Iván Palacio, al salir de la corte, le llenaron los bolsillos de dinero. Esto fue una persecución para sacarme y defender el proceso de paz.

L.C.V.: Muchos dicen que su poder es tan grande que no permite que ningún tema avance. ¿Qué responde?

J.I.P.: El que más quiere que se solucionen los casos soy yo. Ya tengo cinco años con estos problemas; acusaron a mi esposa de despojadora; dijeron que mi hijo, que empieza su vida como profesional del derecho en Colombia, mintió. Yo soy el más interesado en salir de esto, pero qué hacemos con una sentencia vergonzosa de una alta corte de Colombia. Aspiro a que sea declarada nula esta sentencia porque contiene falsedades. 

L.C.V.: Teniendo en cuenta todo lo que nos dice, ¿considera pedir pista en la JEP?

J.I.P.: Es un tema propio de la justicia ordinaria. A pesar de que en una oportunidad en medio de esta persecución, Álvaro Leyva me dijo que mi problema era mi oposición al proceso de paz por las condiciones que se habían establecido en mi ponencia sobre el marco jurídico para la paz.