¡Hay que escucharlos!: radiografía de una crisis social sin precedentes en Colombia

Colombia es otra. El país atraviesa una convulsión social sin precedentes justo cuando se cumple un mes del paro y un año y dos meses de la llegada de la pandemia del coronavirus. La tormenta es perfecta: la pobreza se disparó, los niveles de desempleo son abrumadores, miles de empresas quebraron, el sistema de salud está al tope, la polarización política es alarmante, la ola de violencia urbana tiene atemorizados a los ciudadanos y el Gobierno atraviesa su momento más difícil y definitivo.

Pocas veces la gente había sentido tanta incertidumbre sobre su futuro, y, por esa razón, llegó la hora de buscar soluciones y acudir a la sensatez. Los jóvenes, las mujeres, los maestros, los trabajadores informales y hasta los empresarios de todos los niveles, entre otros, han sido la cara más visible de esta dolorosa realidad.

La pandemia y las protestas sacaron a flote la bomba social que se venía cocinando sin ser atendida de forma estructural. Aunque desde 2019 el país tenía las alarmas encendidas por la pobreza en la que estaban sumidos 17,4 millones de colombianos, ese indicador se disparó y hoy son 21 millones de personas con necesidades insatisfechas, viviendo de manera precaria, sin oportunidades.

Durante la pandemia, el desempleo creció por encima del 20 ciento. Pese a que disminuyó, se mantiene en dos dígitos (14,2 por ciento) y ha causado estragos, particularmente, entre los jóvenes y las mujeres. Las cifras del Dane revelan esta penosa situación: para el trimestre enero-marzo de 2021, la tasa de desocupación en las mujeres fue del 21 por ciento, y en los hombres, del 12 por ciento. Las mujeres jóvenes desempleadas corresponden al 42,8 por ciento del total de las desocupadas. En el caso de los jóvenes, el desempleo fue del 23,9 por ciento, e Ibagué tiene la tasa más alta para esta población (32,3 por ciento). La crisis actual de Colombia contiene dos particularidades que la hacen distinta frente a todas las vividas en los últimos 30 años.

En primer lugar, por la pandemia, la clase media del país, el grupo más importante de la población, sufrió un fuerte retroceso y cayó del 30 al 25 por ciento. Eso significa que alrededor de 2,5 millones de personas terminaron, lamentablemente, en la vulnerabilidad y perdieron seguridad económica, capacidad de consumo, educación para sus hijos y acceso a una mejor atención en salud. Eso explica por qué en las calles se ven manifestantes que no necesariamente pertenecen a los barrios marginales, sino que, en muchos casos, son universitarios y profesionales que venían ascendiendo en la escalera social, aun con las dificultades y desigualdades de un país como Colombia.

En segundo lugar, la crisis social ha golpeado con mayor fuerza a las personas que eran pobres y ahora están en la pobreza extrema, es decir, no cuentan con el ingreso mínimo necesario para sobrevivir y alimentarse. Se trata de 2.700.000 colombianos que perdieron, al menos, la mitad de sus ingresos por la pandemia y las cuarentenas. En esta población hay un preocupante problema de hambre que, lastimosamente, no ha podido ser contenido por el Gobierno a través de su programa Ingreso Solidario –un giro de 160.000 pesos mensuales para más de 3 millones de hogares– y otros subsidios.

Un país con hambre

Más de 7 millones de colombianos se encuentran en pobreza extrema, es decir que no logran siquiera la ingesta calórica mínima y tienen ingresos que al mes no superan los 145.000 pesos. Es casi el 15 por ciento de la población y representa 5 puntos porcentuales más que la cifra registrada en 2019. Son familias que luchan por sobrevivir, sobre todo, en las ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

La bomba social que estalló es, principalmente, urbana por los cierres en medio de la pandemia, que afectaron el ritmo de la economía. Ahora, la estocada final ha corrido por cuenta del paro y los bloqueos, que terminaron de poner en jaque al aparato productivo en todo el territorio nacional.

Antes, en Colombia las protestas sociales eran, en especial, protagonizadas por los líderes del campo. Muchos recuerdan, por ejemplo, el famoso paro agrario que enfrentó el Gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy la realidad es muy distinta. Quienes protestan son los habitantes de las ciudades que venían progresando antes de la pandemia y que tienen bajo amenaza su presente y futuro. “El núcleo del problema es el empleo. Un Gobierno puede tratar de mitigarlo con los subsidios y las transferencias, pero eso llega hasta un punto. Esos mecanismos no son capaces de deshacer lo que se pierde por cuenta del empleo. Aquí nadie debería estar hablando de nada más distinto a empleo, empleo, empleo, esa es la única salida”, aseguró Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.

La bomba social en Colombia se traduce en física hambre. Según el Dane, en el último año, en las 23 principales ciudades se pasó de tener un promedio de 90 por ciento de población que podía consumir tres comidas diarias a solo el 70 por ciento. “Esto significa que apenas 7,3 millones de hogares de los 8 millones pudieron comer tres veces al día. Además, un cuarto de la población pasó a consumir solo dos raciones de alimentos al día, y 179.174 hogares se alimentan una sola vez al día”, dijo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

La otra cara de la tragedia es la de las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el Dane, entre enero y octubre del año pasado se perdieron 509.370 micronegocios por la pandemia. Mientras que en los diez primeros meses de 2019 había 5,8 millones de micronegocios, en el mismo periodo del año pasado la cifra bajó a 5,3 millones. Estos emplean a un número máximo de nueve personas.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, habla de una preocupante paradoja. Y es que en las protestas y los bloqueos se exigen soluciones para combatir la pobreza y crear oportunidades de empleo. Pero dichas movilizaciones, la violencia y el cierre de las carreteras, justamente, tienen contra las cuerdas al aparato productivo: provocan el cierre de empresas, aumentan el desempleo, impiden que se generen nuevas oportunidades y que millones de colombianos salgan de sus casas a trabajar.

El cerco de Cali, por ejemplo, ha sido una verdadera tragedia humanitaria. Según Mac Master, lo más delicado es que esto cause “daños permanentes porque se están acabando las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares”, una tradición histórica en la economía colombiana. Asimismo, ese falso dilema entre salud o economía que dominó buena parte de la discusión en 2020 por la pandemia le está pasando una costosa factura al país. En su momento, varios expertos lo advirtieron con claridad debido a que algunos mandatarios decretaron medidas altamente restrictivas bajo el argumento de proteger la vida ante todo. Hoy ha quedado claro que salvaguardar la vida pero también la economía no eran objetivos excluyentes, sino complementarios y absolutamente necesarios.

Se retrocedió una década

El país, en lo que va de la pandemia y el paro, ya ha perdido diez años de conquistas sociales. A principios del siglo XX, la pobreza estaba en el 43 por ciento. Sin embargo, se había logrado reducir al 28 por ciento en 2016, y hoy, de nuevo, la pobreza crece en Colombia. De acuerdo con la información del Dane, la pobreza monetaria (que mide solo los ingresos) escaló en 2020 hasta un 42,5 por ciento, cuando un año atrás se ubicaba en el 35,7 por ciento.

Hace unos días, la Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras) presentó los resultados de una encuesta sobre la situación de los empresarios en medio de uno de los peores paros de la historia. El 22,2 por ciento de las compañías suspendieron su operación por los bloqueos, y el 53,4 por ciento ha operado entre el 1 y 50 por ciento de su capacidad total.

Un grupo de 12.979 empresarios de las diferentes regiones respondió el cuestionario, y el 90,4 por ciento manifestó que, respecto a los puestos de trabajo que generan, entre uno y cinco están en riesgo de perderse por el paro y cierre de vías. “Estas dramáticas cifras muestran la realidad de los empresarios, en su gran mayoría micros y pequeños, por los bloqueos de las carreteras. Las pérdidas de empleos son incontables, lo que implica que miles de familias están perdiendo su sustento diario”, advirtió Julián Domínguez, presidente de Confecámaras. “Los bloqueos nada tienen que ver con la protesta pacífica y son una violación a los derechos fundamentales de los colombianos, a la salud, al trabajo y la libre movilidad”, agregó el directivo.

Adicionalmente, el 94,3 por ciento indicó que sus ventas disminuyeron desde que empezaron los graves problemas de orden público en el país. Por ejemplo, sobre el aprovisionamiento de insumos, el 44,7 por ciento no ha podido recibirlos para su operación, y el 41,8 por ciento registró una reducción en la entrada de estos.

Aunque las protestas completan más de 30 días, el informe plantea que, si los bloqueos continúan, el 35,1 por ciento de las compañías tendrían que cerrar parcialmente, el 32,5 por ciento se verían forzadas a reducir los costos para sostener la operación, el 20,2 por ciento estarían obligadas a reducir su personal y el 12,2 por ciento cerrarían completamente.

La situación en el Valle del Cauca es todavía peor. Según la Encuesta Ritmo Empresarial, divulgada esta semana por la Cámara de Comercio de Cali, y que consultó a 4.273 compañías, el 26 por ciento no se encuentran en operación y el 63,3 por ciento funcionan parcialmente con una utilización de capacidad instalada promedio del 39,2 por ciento. De acuerdo con sectores económicos del Valle del Cauca y Cauca, el 39,7 por ciento de las empresas de construcción y el 36,4 por ciento de las industriales no están operando. En Cali, el número de compañías que no operan es del 28,1 por ciento, según dicha encuesta.

Bogotá, una de las más golpeadas en su salud y economía, no solo ha contabilizado las peores cifras de contagios por la pandemia, sino que su economía ha sufrido las peores consecuencias por efectos de las restricciones y cuarentenas. Es la ciudad que lidera el mayor número de personas en pobreza monetaria y en pobreza extrema. De acuerdo con la información del Dane, hay 3.357.585 personas en pobreza monetaria (1,1 millones más de pobres). Esto implica que el 31,3 por ciento de la pobreza se ubica en la capital del país. Otras ciudades que están en los poco honrosos primeros lugares con más pobres son Cali, Medellín y Barranquilla.

“La receta tiene que ser el crecimiento económico y la generación de empleo. Esto va a requerir medidas de choque, como un plan de empleo público de emergencia en el corto plazo, que se financie con regalías y que se ejecute a nivel nacional y con las entidades territoriales”, recomendó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Detrás de esta amalgama de pobreza y quiebra, surgen necesidades de todo tipo. Hay unas comunidades completamente olvidadas, como las indígenas, en las que el nivel de pobreza es del 65 por ciento. Las comunidades afros, por su parte, han sufrido el embate del conflicto armado y, además, han enfrentado el racismo, la violencia intrafamiliar y de género. En las regiones más deprimidas han padecido, incluso, el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, fuera de tener niños con serios problemas en escolaridad y déficit en atención de salud.

Las cifras en materia de vivienda también muestran el drama de no tener casa propia o en condiciones dignas. En Colombia hay cerca de 12 millones de familias, de las cuales unos 4,8 millones viven en arriendo. Del 60 por ciento restante, que son propietarias, hay un preocupante drama de informalidad: cerca de 1.200.000 familias habitan asentamientos ilegales. En 15 años, el país tiene el desafío de reducir su número de hogares en arriendo por debajo del 30 por ciento (está en el 40 por ciento), y enfrentar el reto del mejoramiento de la vivienda, pues 1.200.000 familias adicionales viven en sitios no aptos.

¿Se viene otra diáspora?

Entre las noticias más consultadas en las plataformas digitales de los medios de comunicación figuran las ofertas de empleo en países como Canadá, Nueva Zelanda u otros destinos de América y Europa. La situación rememora la masiva migración de colombianos durante la crisis económica de 2009 y la provocada en la época terrible de los atentados y carros bomba de la década de los noventa.

Empresas internacionales dedicadas a la asesoría en asuntos de migración, como el caso de Desloges, reportan incrementos sustanciales en el número de interesados, la mayoría jóvenes muy preparados pero sin oportunidades. “Entre nuestros clientes colombianos, un 50 por ciento tiene entre 30 y 45 años. En muchos casos, el cliente busca migrar con su pareja y sus hijos”, dijo a SEMANA Andrew Carvajal, socio de Desloges Law Group. Una diáspora juvenil en ciernes afectaría la calidad del mercado laboral, la productividad y competitividad de las empresas, y hará más lenta la recuperación económica. A ningún país le conviene la fuga de cerebros y menos en la pospandemia.

El comercio internacional también ha resultado seriamente perjudicado. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) encuestó exportadores, importadores y empresas prestadoras de servicios logísticos, y se evidencian algunos de los efectos de los bloqueos sobre el comercio exterior. El estudio arrojó que el 63 por ciento de las compañías tuvieron que suspender sus actividades, y el 85,5 por ciento registró reducciones de ingresos por menores ventas tanto en el mercado nacional como en el comercio internacional.

Los colombianos afrontan un momento particularmente delicado. Si el bolsillo anda mal, ni hablar del nivel de estrés de las personas, pues ya ni se puede dormir bien. Según la Encuesta de Pulso Social del Dane, para abril de este año el 36,4 por ciento de los consultados sintieron preocupación o nerviosismo; el 16,3 por ciento, dificultades para dormir; y el 15,6 por ciento, cansancio. Para sentirse mejor, el 56,9 por ciento habló con la familia o amigos, y el 36,1 por ciento se enfocó en una actividad que tenía que hacer. El pánico se volvió el pan de cada día. La encuesta mostró que en abril de 2021 el 34 por ciento de las personas se sentían inseguras al caminar solas de noche en su barrio, y el 29,7 por ciento nunca salía sola de noche.

El desafío es de todos

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha advertido que cada día de paro y bloqueos le ocasionan pérdidas al país por 484.000 millones de pesos. Eso implica que, al cumplirse 30 días de protestas, las pérdidas ya se acercan a los 15 billones de pesos. De acuerdo con Fenalco, tan solo el sector comercio ha reportado pérdidas por 3 billones de pesos, y se estima que se destruyeron unos 300.000 empleos por el cierre de 40.000 empresas. La Andi, a su vez, reveló que más de la mitad de sus empresarios se vieron obligados a cerrar de manera temporal algunas de las plantas de producción, y el 67,1 por ciento de las compañías han tenido problemas para que sus empleados lleguen a trabajar. El 91,4 por ciento registró menores ventas. Hoy los industriales del país producen casi un 50 por ciento menos.

Uno de los sectores más afectados ha sido el avícola. Rafael Serrano, gerente de Pronavícola, indicó que por los bloqueos cerca de 10 millones de aves han muerto en el Valle del Cauca. “Si las reproductoras nuestras se llegan a morir, como se están muriendo de hambre, el desabastecimiento en la cadena alimentaria va a ser muy grave porque el 33 por ciento de las futuras gallinas no van a estar poniendo huevo, va a haber escasez de huevo, y los precios se van a ir a las nubes, va a haber un efecto de inflación”, aseguró Serrano.

Ante un desafío semejante, el reto no es solo del Estado, sino de todas las personas y la sociedad. ProBogotá anunció esta semana que, al menos, 40 de las mayores compañías del país tienen la intención de pagar más impuestos para atender la crisis social, ayudar a las familias más vulnerables, y crear empleo con énfasis en jóvenes y mujeres. “Estamos muy preocupados por la situación: la economía para atrás, el recaudo con cifras muy malas, las empresas generando pérdidas. Mi pregunta es: ¿de dónde va a salir la plata, entonces? Este país no aguanta ocho o diez días más una situación de estas”, dijo el reconocido empresario Arturo Calle, quien hizo un llamado para que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible.

Por su parte, el empresario Mario Hernández también se ha referido a la crisis social. “Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y tenemos que ayudar a construir. Hacen un paro para ayudar a los pobres y los están perjudicando más: las carreteras paradas, cosechas paradas, se ha duplicado el valor de la comida, todo. Ahora, de los 50 millones de personas, ¿cuántos salen al paro? Es que también comemos mucha carreta”.

Quienes bloquean el país no representan a esos millones de colombianos que, en medio de la peor crisis económica de su historia, solo quieren salir a trabajar y recuperar lo perdido. Hoy la pandemia sigue cobrando la vida de centenares a diario. Hay que ponerles el acelerador a la vacunación y a la solución de esta grave crisis, que solo está dejando pérdidas para todos. El Gobierno, la oposición y los líderes del Comité del Paro deben actuar con cabeza fría. Colombia no resiste más esta espiral de violencia, bloqueos, odio y polarización. La mesa de negociación debe sesionar sin descanso ni condiciones imposibles de cumplir. Una bomba social estalló, y hay que atenderla sin mezquindades ni cálculos políticos. El presidente Iván Duque debe utilizar todas las herramientas necesarias para recuperar el orden público. Por ningún motivo se puede perder la autoridad ni se puede ceder en materia de seguridad. De ser así, la democracia misma puede estar en riesgo.