“Hay un ‘plan tortuga’ en la Fiscalía para conocer la verdad en el escándalo de corrupción de la UNGRD”, advierte la defensa de Sneyder Pinilla

Las víctimas en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) son los propios colombianos, los que pagan impuestos, pero particularmente las comunidades que en La Guajira creyeron en la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se supone curaría la sed en el departamento con la magia de los carrotanques. Son estas víctimas las que quieren conocer la verdad.

El problema, de acuerdo con el abogado Gustavo Moreno, es que la Fiscalía parece no estar interesada en la verdad. Hay un “plan tortuga” del ente acusador con las actuaciones que se supone deberían estar avanzando, como concretar el principio de oportunidad con los principales testigos: Sneyder Pinilla y Olmedo López, los mismos que públicamente reconocieron responsabilidad y pidieron perdón.

Moreno, como representante de Sneyder Pinilla, habló con SEMANA y advirtió que hay una campaña de desprestigio en contra de su cliente y de él mismo como abogado. Aseguró que fue Sneyder Pinilla quien levantó la mano para aceptar lo que en otros escándalos de corrupción la Fiscalía tarda meses en descubrir, y a pasar de ese reconocimiento, siguen esperando una respuesta del ente acusador.

“Quien tiene que armar el rompecabezas es la Fiscalía, incluso por eso el logo de la misma entidad, una ficha de un rompecabezas; la idea es que no se desinforme, porque no se puede advertir la calidad de los abogados, un asunto protegido por estatutos internacionales que guardan relación con derechos humanos, es una defensa de confianza”, dijo el abogado Moreno.

Otro escenario que enturbia la relación entre testigo y Fiscalía está en las versiones que se conocen por la demora en el principio de oportunidad que esperan alcanzar tanto Pinilla como López. Advierten una supuesta falta de elementos de prueba que prometieron entregar los testigos como garantía de su proceso de colaboración con la justicia.

El abogado Gustavo Moreno advirtió que no es necesario ser un experto penalista para entender que las negociaciones en la justicia parten de un punto básico: los testigos hacen la propuesta de colaboración y la contraparte, es decir, la Fiscalía, fija los alcances de los beneficios a partir de la información que los testigos pretenden entregar. Pero ni siquiera en una plaza de mercado se entrega el producto sin tener las condiciones, firmadas, del negocio.

“Entregar toda la información, todo lo que tienen sin saber qué les van a ofrecer, no es un raspe y gane, no es una lotería, es una negociación formal en la justicia. Es un acuerdo donde las partes se comprometen, cómo restituyen, qué información tienen y ahora sí vengan las pruebas, porque al final del día el testigo puede decir no me interesa”, explicó el abogado en diálogo con SEMANA.

La inquietud de los abogados es apenas obvia, han tenido que radicar documentos para insistirle a la Fiscalía en avanzar con las negociaciones, en entregar la información a partir de un acuerdo de colaboración formal con el ente acusador, no simplemente depositar, como si fuera un buzón de sugerencias, los datos, las pruebas y las evidencias de una descarada corrupción que llegó a las más altas esferas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Varias dudas saltan entre quienes son cercanos al proceso o conocen de derecho penal. Primero, por qué la Fiscalía se tarda en definir si otorgar o no un principio de oportunidad a los principales testigos de este escándalo; segundo, no existe interés en el ente acusador por conocer de dónde salió la orden para repartir los recursos públicos como si fueran las ganancias de hurto, y, tercero, ¿hay una campaña de desinformación para desprestigiar a los testigos y así ignorar las pruebas que tienen?

Por ahora, los únicos sacrificados, con la demora en las actuaciones de la Fiscalía, son la verdad y los afectados, las víctimas de este escándalo que esperan conocer de quién fue la idea de utilizar la necesidad del pueblo en La Guajira para garantizar los votos de los congresistas en las reformas del Gobierno.