“Hemos sido extremadamente débiles en judicializar a los vándalos”: Villamizar

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la elaboración de un protocolo para las protestas sociales, los gobiernos nacional y distrital en los últimos días han trabajo de forma conjunta. No obstante, debido a algunos desacuerdos se pidió una prórroga de 60 días.

Entre las ideas que se han planteado para el documento están prohibir el uso de las capuchas y ordenar que los organizadores adquieran una póliza de responsabilidad extracontractual.

En la edición de este jueves del programa Al Ataque, Andrés Villamizar, experto en seguridad, y el concejal de Bogotá Jorge Colmenares, del Centro Democrático, analizaron estas propuestas.

Villamizar manifestó que es importante mejorar la regulación de la protesta social en el país. “Creo que hay un problema sistemático en las protestas que está derivando en hechos violentos, en alteraciones graves del orden público. La más grave fue el 9 y el 10 de septiembre. Ya teníamos un antecedente grave que fue el 21 de noviembre del año pasado”, dijo.

En relación con las pólizas de responsabilidad y de prohibir las capuchas, afirmó que no es viable por “limitaciones constitucionales”.

“Hay que ser realistas en lo que se pretende hacer. Yo creo que sí hay casos en los que los organizadores tienen una corresponsabilidad, pero generalizar eso, creo que va a ser muy difícil y creo que va a tener límites, incluso constitucionales. No creo que la Corte vaya a permitir que se exija una póliza de cumplimiento y que se haga responsable a terceros por hechos vandálicos que se puedan producir en el marco de una protesta. Algo similar con la prohibición de las capuchas, que suena bien en principio, pero a la hora de aplicarlo creo que va a ser difícil”, subrayó.

Sobre las capuchas planteó que “una salida intermedia” es que “aquellas personas que sean detenidas por la Policía, por cometer actos violentos, el uso de la capucha sea un agravante o que lleve a una mayor consecuencia jurídica”.

Señaló, además, que es mucho más importante avanzar en “la judicialización de los vándalos”.

“Creo que somos extremadamente débiles. Quedan grabados, quedan identificados, quedan muchas veces detenidos por la Policía y posteriormente son dejados en libertad. Somos supremamente laxos en términos de la justicia con estas personas que agreden a la fuerza pública, que destruyen bienes públicos (…) Mientras haya impunidad sistemática, seguirán presentándose estos casos”, sostuvo.

El experto también afirmó que en ese protocolo se debe establecer que los alcaldes o gobernadores asuman la responsabilidad por “la decisión política de llevar el Esmad a una protesta cuando esta se torna violenta”.

Por su parte, el concejal Colmenares afirmó que la idea de póliza no es “descabellada”. “Es una necesidad que está mostrando el Gobierno nacional porque acá los afectados son los ciudadanos. Acá los responsables o los que van a tener que pagar todo lo que pasó el 9 y 10 de septiembre vamos a ser los bogotanos. Y los pobres empresarios que están intentando emprender van a tener que sacar de sus fondos en un momento de crisis para solventar esa necesidad”, dijo.

“La sentencia está exigiendo que tanto el Gobierno nacional como el distrital planteen un protocolo para respetar este derecho que está contemplado en la Constitución. Se tiene que buscar de dónde se van a sacar los recursos para la póliza, cómo hacerla, cómo organizarla”, añadió.

Igualmente, se mostró partidario de que en las protestas no se usen capuchas. “¿Por qué si se están manifestando pacíficamente uno no va a poder identificar a las personas? Me opongo a lo que la Alcaldía de Bogotá está mencionando que esta prohibición va en contra del derecho a la protesta. Esto va a permitir que la protesta se regule porque las personas que estén cometiendo actos vandálicos se van a poder identificar”, expuso.