La polémica carta de perdón de un narcotraficante

Una de las masacres más dolorosas ocurridas en el Valle del Cauca fue cometida en una alianza perversa entre narcotraficantes, paramilitares y miembros de la fuerza pública.

Esa tragedia, que se repitió sistemáticamente entre 1986 y 1994, sucedió en el municipio de Trujillo, y se calcula que en ese período de tiempo 342 personas fueron sometidas a toda clase de vejámenes como torturas y descuartizamientos. La mayoría de los cadáveres eran arrojados al río Cauca.

Y entre las víctimas más recordadas está el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, a quien decapitaron en señal de sevicia y terror. Por esa tragedia el Estado colombiano fue condenado por la justicia internacional y obligado a pedir perdón e indemnizar a las familias de las víctimas. Ese perdón se dio durante el mandato del presidente Ernesto Samper.

En materia judicial y pese a que existe una larga lista de implicados que van desde reconocidos capos de la mafia como Diego Montoya Sánchez (extraditado), Iván Urdinola (muerto), miembros de la fuerza pública y políticos, a la fecha sólo hay dos condenados.

El primero fue el entonces mayor Alirio Urueña, comandante del batallón Palacé de Buga, que es la guarnición militar que tiene jurisdicción en Trujillo; él fue condenado a 44 años de cárcel, pero es reo ausente.

El segundo condenado es el presunto narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, más conocido con el alias del Alacrán, a quien en el 2009 un juez conminó a pagar 30 años de prisión por esa masacre en la que reconoció a 42 víctimas. Aunque Loaiza ya estaba en prisión desde 1995 purgando otra condena de 18 años por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Pero esta semana sorprendió a los vallunos cuando su abogado Yéiner Bermúdez apareció en un video explicando que como apoderado del Alacrán “(…) es necesario informar y poner en conocimiento a toda la población del norte del Valle y en especial a la de Trujillo, el verdadero arrepentimiento por las conductas cometidas por este, entre los finales de 1890 y principios de 1990. En busca de esto, demostrar la verdadera resocialización de mi cliente” (Ver video).

Seguidamente anexan una carta hecha a pulso y aparentemente firmada por Loaiza Ceballos, en la que pide perdón a los familiares de las víctimas de la masacre, “(…) Pido perdón público y extensivo a los familiares de las víctimas, de los hechos ocurridos en ese municipio, de la denominada masacre de Trujillo”.

Remata el corto comunicado diciendo, “(…) manifiesto mi total arrepentimiento y en adelante me comprometo con Dios, con la sociedad y con nuestra Patria a no volver a cometer ningún acto delictivo”.

Sin embargo, los familiares de las víctimas de Trujillo recibieron con dudas ese perdón, especialmente porque nunca se ha reunido con ellos, aún falta mucha verdad y no existe reparación.

Así lo explicó Ludivia Vanegas, vicepresidenta de la Asociación de Familiares Víctimas de la masacre de Trujillo (Afavit), “pidió perdón ante los medios, pero nunca se ha presentado ante los familiares de sus víctimas”, alegó la mujer que en esa masacre perdió a su hijo y una hermana.

Argumentó que ese perdón del señor Loaiza debe estar acompañado de mucha verdad “como el paradero de los 88 desaparecidos, al igual que la cabeza del padre Tiberio, y debe contarnos de qué manera hará la reparación a las familias de las víctimas”.

Lo cierto es que todo indica que Loaiza Ceballos está próximo a cumplir la pena y muy pronto podrá gozar de beneficios como prisión domiciliaria o libertad condicional, según explicó el abogado Bermúdez, al precisar que sumando estudio y trabajo su cliente ya pagó 28 de los 30 años de condena por la masacre.

De ahí que muchos en Trujillo creen que la polémica carta de perdón que les envió el Alacrán es más un formalismo legal de arrepentimiento para acceder a los beneficios que otorga la ley.

Y en el fondo tienen razón, ya que en el documento completo y que está firmado por el propio Loaiza Ceballos, se lee textualmente, "El anterior edicto es requisito fundamental y urgente como prueba de mi arrepentimiento, y así cumplir con mi reparación simbólica, tendiente a poder acceder a subrogados penales (...)".