Hermano de Petro responde ante Fiscalía, por denuncia de SEMANA, sobre millonario pago de narcos para colarse como gestores de paz

Las alarmas se prendieron por la revelación de SEMANA, y de inmediato el fiscal general, Francisco Barbosa, se puso a la tarea de investigar quiénes están detrás del gigantesco conejo a la paz que se estaría fraguando desde las cárceles, aprovechando la propuesta de ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la cual “narcos puros” estarían pagando fortunas a cambio de ser incluidos como “gestores de paz” y lograr, por la puerta de atrás y sin responder por sus delitos, que les sean levantadas las órdenes de captura.

En medio de este naciente escándalo retumba el nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, hacia quien apuntan los reflectores en medio de esas oscuras negociaciones, y cuyo nombre saltó a la palestra pública cuando, en medio de la campaña presidencial, se conocieron sus visitas a la cárcel La Picota para hablar con los extraditables, sin nunca dar detalles de los compromisos que asumió.

Justamente por eso, el fiscal Barbosa, tan pronto se conoció esta información, anunció que Juan Fernando Petro sería citado a declarar todo lo que sabe sobre esta trampa que estarían fraguando algunos narcos. La cita empezó hoy a las 8:00 a. m., en el búnker de la Fiscalía, a donde el hermano del presidente guardó silencio al ingreso.

El jefe del ente investigador dijo en ese momento que es necesario aclarar las presiones que se estarían presentando para que personas que no cumplen los requisitos sean nombradas. “Son elementos notarios que vamos de oficio a llamar a las diferentes personas que han venido apareciendo en esas informaciones. El presidente Gustavo Petro fue el primero en decirme que esto se aclare, no quiere que el proyecto de ‘paz total’ termine en enredos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este asunto”.

Lo que ha dicho sobre ese tema Juan Fernando Petro es que hay narcos y abogados que están usando su nombre para negociar; incluso, señala que están cobrando hasta 800 millones de pesos, para tener una cita con él.

“Me quieren utilizar, he aprendido que todo se teje con los intereses políticos y por desgracia la paz tiene esos tintes en los que hay intereses creados; no todos están de acuerdo con el presidente Petro sobre la paz y buscan cómo dañar sus políticas, utilizan ciertas cosas para esa finalidad y yo soy una de las figuras que puede ser utilizada para eso. Han utilizado mi nombre para hacer negociaciones, sé que eso pasa aunque no tengo la certeza de quién lo hace, y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo. Cobran para tener una cita conmigo”, dijo en entrevista con SEMANA.

La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del alto comisionado para la Paz y el Inpec.

El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles por Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces, se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes.

En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.