Hermanos Mora Urrea piden pista en la JEP

Un nuevo traspiés sufre el caso de Supercundi. Este lunes, cuando se programó el inicio del juicio en contra de los hermanos Mora Urrea, el juzgado tuvo que enviarlo a su superior. ¿La razón? La defensa de los procesados considera que este proceso debe ser de competencia de la Jurisdicción Especial para La Paz y no de la justicia ordinaria, al cobijar hechos presuntamente cometidos en el marco del conflicto armado.

Según la defensa de los procesados, Luis Alirio Mora Urrea ya se presentó voluntariamente ante la JEP como tercero civil y como víctima.

También puede leer: Con nuevas pruebas, Fiscalía llevará a juicio a los dueños de SuperCundi

Desde que comenzó el proceso, el caso ha tenido múltiples tropiezos. Aunque la Fiscalía ha intentado la captura de los hermanos Mora Urrea, los jueces la han negado en dos oportunidades, razón por la cual esperan el avance de su proceso penal en libertad.

Uriel y Luis Alirio Mora Urrea están acusados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso en su contra se inició luego de que las autoridades allanaran más de 60 supermercados y capturaran a los hermanos Mora Urrea, como supuestos aliados con las Farc.

Según la Fiscalía, existe una relación entre Romaña y el clan Mora Urrea, dueños de un emporio de supermercados que asciende a casi 650.000 millones. Para el ente investigador, son anormales los incrementos patrimoniales presentados por la familia Mora Urrea en sus declaraciones de impuestos y en su actividad patrimonial. "Las declaraciones de renta, registros de instrumentos públicos y registros mercantiles dieron muchos resultados problemáticos", indicó el ente investigador.

Entre los años de 1997 y 2016 se encontraron incrementos patrimoniales no justificados en cabeza de Norberto Mora. Se llegó a un total de 20.332 millones de pesos en incrementos sin justificación.

En contexto: Los 60 supermercados que le expropiaron a las Farc

Sin embargo, los señalamientos que hizo la Fiscalía en su contra no tuvieron el respaldo de un juez de Bogotá, que consideró que no existían elementos suficientes para mantenerlos detenidos. Aunque no se trató de una valoración de fondo de las pruebas, pues esto debe ocurrir en etapa de juicio, darles la libertad sí era una señal de que el juez no los consideraba un peligro para el proceso ni para la sociedad. 

Ahora que la Fiscalía busca que sean juzgados se enfrenta a este nuevo tropiezo.