Hidroituango: la incertidumbre amenaza la culminación de la estratégica obra

En la mañana del viernes, una noticia sacudió el entramado político del país y abrió la puerta para un ‘cortocircuito’ en el sistema de energía nacional: la Contraloría General de la República ratificó y dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal, por 4,3 billones de pesos que, a título de culpa grave, profirió en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas del proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango). La decisión la tomó “como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018”.

Entre los sancionados están el precandidato presidencial Sergio Fajardo y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. También el consorcio constructor conformado por la brasileña Camargo Correa y las colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón H. Precisamente, apenas 24 horas antes de conocerse el fallo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) logró un preacuerdo con estas compañías para prorrogar por ocho meses más el contrato, el cual vence el 31 de diciembre. Así, en apenas horas se pasó de la calma a la incertidumbre, y se materializaron las mayores preocupaciones.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, destacó la decisión del órgano de control y advirtió que “el tiempo nos va dando la razón”. Con la decisión queda sin piso cualquier prórroga que quisiera hacer EPM con los actuales contratistas, pues no la puede realizar con firmas sancionadas por la Contraloría. Pero, además, las empresas colombianas del consorcio (Conconcreto y Coninsa Ramón H) se acogieron a procesos de insolvencia y están demandadas por la misma EPM.

La gran preocupación es avanzar en la culminación de la obra y que el proyecto empiece a generar energía en 2022. Aunque el alcalde Quintero advirtió que se garantizará la continuidad de la obra y su entrada en operación el próximo año, los tiempos para muchos no cuadran.

Algunos analistas hablan de más de un año e incluso 18 meses para que entren en operación las dos primeras turbinas.

EPM tendrá que acelerar el proceso de licitación que venía estructurando para garantizar la llegada de nuevos contratistas, pero no se descartan dos alternativas: una, que sea la misma EPM la que asuma la terminación de la obra y dos, que se reactive la cesión del contrato por parte de los actuales contratistas.

En un comunicado, EPM advirtió que implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del proyecto e informará al mercado sobre las implicaciones que esta situación pueda causar en el desarrollo de la obra y el proceso de ajuste del siniestro.

“Es importante tener en cuenta que a la fecha el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado, razón por la cual los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”, señaló EPM.

Mientras se define cualquier escenario, el tiempo corre y el retraso genera varios riesgos en el país. A pesar de que el Gobierno ha garantizado que no habrá racionamiento si Hidroituango no entra en operación en 2022, dos hechos preocupan.

Uno, que llegue un fenómeno de El Niño y seque los embalses, y el segundo, que el Gobierno logre moverse rápidamente para hacer una nueva subasta de energía y garantice nuevos megavatios para 2024.

Otro riesgo es el incremento en las tarifas de energía. Poner a operar en mayor capacidad las plantas térmicas generará estrés en ellas y unos mayores costos que se traducirían en aumentos de tarifas. También preocupa la estabilidad de la obra. Paralizar los trabajos mientras se dan las licitaciones y los empalmes podría afectar el mismo proyecto.

Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, le dijo a SEMANA hace unos meses que, aunque “la probabilidad es remotísima”, pero si llegara a haber una falla en algunas de las estructuras podríamos tener una catástrofe, un desastre más alto que en el momento en que ocurrió el siniestro en 2018. La zozobra es porque el agua hoy, en plena época de lluvias y con el río Cauca crecido, está fluyendo permanentemente por el vertedero y no por los túneles de carga.

Hoy hay más preguntas que respuestas: ¿cómo va a acelerar EPM el proceso de licitación? ¿Cómo sería el empalme de los actuales contratistas con los nuevos? ¿Cómo son los tiempos de la salida del consorcio actual con los que ganen la licitación? ¿En qué condiciones EPM puede asumir la terminación del proyecto directamente? ¿Cuánto vale este cambio de contratistas y cómo quedan las cuentas de Hidroituango? Los próximos días serán definitivos en el futuro de la megaobra y el sistema energético nacional.