Hidroituango: vicecontralor rechaza señalamiento del fallo de responsabilidad fiscal como algo político

Pocos son los colombianos que han omitido expresar su opinión alrededor del fallo de la Contraloría General, a través del cual, se declara como responsables fiscales a 26 nombres, entre personas jurídicas (contratistas) y personas naturales, por un presunto detrimento patrimonial tasado en 4,3 billones de pesos.

En el listado figuran nombres de políticos y funcionarios de varias administraciones en Antioquia, como los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero y Sergio Fajardo Valderrama; al igual que los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015), además del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo. Sin embargo, en la decisión divulgada, la Contraloría excluyó al exalcalde Aníbal Gaviria, lo que desató una lluvia de reclamos, no solo de la ciudadanía, sino de algunos de los involucrados en el proceso de responsabilidad fiscal.

Más aún, si a los demás implicados el fallo les endilga una “culpa grave”, es decir, falta de diligencia o pericia en el ejercicio de la misión asignada según el cargo ejercido, para que se diera cabal cumplimiento al contrato.

Sobre los interrogantes que surgen habló el vicecontralor general, Julián Ruiz, quien enfatizó en que se trata de una decisión técnica que nada tiene que ver con temas políticos, por lo que rechazó dichos señalamientos. “No tiene fundamento, es una ligereza y un irrespeto decir que fallo fiscal en el caso Hidroituango tiene una intención política”, expresó Ruiz.

Eso si, no hay que desconocer que alrededor de este caso ha habido verdaderas tormentas políticas que han llevado a fuertes enfrentamientos entre el alcalde actual, Daniel Quintero y una buena parte del empresariado antioqueño.

Lo que dice el vicecontralor

SEMANA. Hay cinco días para que los implicados presenten apelación y varios, sino todos, van a acudir a ese recurso, con lo cual, el fallo quedaría en el aire, lo que puede demorar aún más el avance del proyecto. ¿Previeron eso?

J.R. El fallo aún no está en firme. Es de primera instancia. Para resolver la segunda instancia se requieren 30 días hábiles. Calculamos que, lo que viene, pueda tardarse unos 3 meses como máximo. Pero debo recordar que en este proceso ha pasado de todo. Han habido tutelas, recusaciones. Esto ha dilatado las cosas. Por eso no nos hemos querido arriesgarnos a dar términos exactos.

SEMANA. Supongamos que se confirma el fallo de la Contraloría. En ese escenario, ¿qué pasaría con el contrato, quién continuaría el proyecto?

J.R. Nos hemos cuidado mucho de adelantar este tema con las mayores garantías. A lo que menos queremos llegar es a que, por cumplir nuestra función se llegue a tildar a la Contraloría como la que paraliza el proyecto.

El proceso lleva casi dos años y la auditoría se realizó hace casi tres años. En ese orden de ideas EPM, la administración de Medellín, la Gobernación, han tenido todo el tiempo para hacer Plan B, Plan C, para que en el momento en que haya un desenlace, tengan una salida oportuna para culminar el proyecto.

SEMANA. Es decir, que no le vengan a echar la culpa a la Contraloría de paralizar el proyecto con el fallo...

J.R. Eso es lo inadmisible para nosotros. El contralor ha expresado públicamente su posición. Si no lo hacemos, los responsables seríamos nosotros. Desde esa perspectiva, lo que si hemos hecho es espaciar un poco los tiempos para que se pudiera tener un Plan B. De hecho, el alcalde de Medellín lo ha expresado públicamente: que tiene un Plan B y un Plan C en caso de que los constructores no puedan continuar.