La herencia maldita de los Rodríguez Orejuela

Los problemas para la familia de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del temido cartel de Cali, parecen no tener fin.

A la maldición de cargar con un apellido marcado por el narcotráfico, ahora los hijos de los hermanos Rodríguez Orejuela tendrán que enfrentar un juicio luego de que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme en segunda instancia la resolución de acusación donde la Fiscalía asegura que ocultaron en sus empresas, dinero producto del narcotráfico.

Semejante acusación recae sobre cinco hijos de los temidos narcotraficantes: Humberto, Jaime y Maria Alexandra Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto. Y Maria Fernanda y Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, hijos de Miguel.

La acusación también cobija a Amparo Arbeláez Pardo, Julio César Muñoz Cortés, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Rafael Guillermo Alvarado Arjona y Maria Teresa Quiazua Espinel.

Básicamente este proceso es un apéndice del que motivó la captura y la extradición hacia Estados Unidos de los hermanos Rodríguez Orejuela, ocurridas en diciembre del 2004 y marzo del 2005, acusados de narcotráfico y lavado de activos.

En septiembre del 2006 los capos firmaron un acuerdo con las autoridades de ese país, donde se comprometían a entregar toda la fortuna adquirida con el dinero producto de sus actividades mafiosas, a cambio de que su familia en Colombia pudiera quedarse con un mínimo para subsistir y que las autoridades desistieran de investigarlos. Se calcula que en ese acuerdo los hermanos cedieron casi dos billones de pesos entre propiedades y empresas.

Sin embargo, luego de firmado el acuerdo apareció una denuncia que señalaba a los hermanos Rodríguez Orejuela de hacerles 'conejo' a las autoridades gringas, tras ocultar parte de su fortuna por intermedio de empresas de sus hijos y demás familiares.

Esa situación motivó una queja de las autoridades norteamericanas, quienes a través de la Oficina de Control de Activos y la DEA le pidieron a la Fiscalía colombiana investigar esos bienes y la presunta participación de los familiares en ese ocultamiento.

Fue así como las autoridades colombianas reactivaron uno de los procesos que había contra el clan Rodríguez Orejuela y lograron detectar que, en efecto, entre hijos y demás parientes se realizaron movimientos y transacciones que al parecer tenían por objeto darle legalidad a buena parte de la la fortuna de los capos, adquirida con dineros del narcotráfico.

Además, establecieron que sus empresas suscribían contratos entre sí, compartían empleados y en algunas de ellas los hermanos Rodríguez Orejuela figuraban como accionistas, mientras en otras lo hacían a través de terceros, como sus esposas y sus hijos.

Casi toda la investigación arrancó en el 2008 basada en informes del CTI recogidos desde 1999 y datos suministrados por Gustavo Rommy y Guillermo Pallomari, excontadores del cartel de Cali que colaboraron con la justicia de Estados Unidos.

Según las autoridades, entre las transacciones sospechosas figura la venta de la red de farmacias conocida como Drogas La Rebaja, a una cooperativa que agrupaba a los trabajadores de las mismas. Esa transacción pudo arrojar la cifra de 30 millones de dólares para 1996, época en la que se hizo la venta.

En su momento, el entonces fiscal, Mario Iguarán, argumentó que de la venta de esas farmacias “puede inferirse razonablemente que es una estrategia desarrollada por los hijos y familiares de los ya mencionados, con miras a limpiar y blindar ese capital ilícito obtenido por sus padres”.

Por ahora, el único camino que les queda a los herederos de los hermanos Rodríguez Orejuela es demostrar en juicio que la fortuna que ellos administran nada tiene que ver con las actividades mafiosas de sus padres.