Velásquez, la labor del colombiano que puso a temblar a la élite en Guatemala llega a su fin

Por más de una década y hasta este martes, el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) trajo al país centroamericano la esperanza de que se podía combatir a la corrupción. Y la cabeza de ese proceso fue el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, el mismo que en este país lideró uno de los trabajos investigativos más trascendentes de la justicia colombiana, el que terminó con decenas de congresistas condenados por sus vínculos con el paramilitarismo.  Ahora, al aproximarse el fin de su mandato en Guatemala, muchos temen un retroceso en la lucha contra la impunidad.

La historia de Velásquez parece repetirse. En Colombia lideró con rigor y profundidad las investigaciones de la Corte Suprema sobre la parapolítica. Su trabajo causó todo un revolcón en la clase dirigente que había transado con criminales. Y eso le valió una persecución del mismo Estado que, de alguna forma, lo llevó al destierro. Lo mismo vivió en Guatemala. Tras diez años de profundizar en expedientes, tocó a lo más alto de la esfera política de ese país. Pisó tantos callos que el mismo presidente, Jimmy Morales, terminó enviándolo a una especie de destierro y lo declaró como una persona no grata, aunque el apoyo popular, que se tradujo en manifestaciones multitudinarias de respaldo a su trabajo, decía todo lo contrario sobre su presencia en Guatemala.

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“Llegamos casi al núcleo del problema de la captura del Estado guatemalteco... tocamos fuertemente la impunidad del poder”, dijo Velásquez en una entrevista a The Associated Press. La Comisión de las Naciones Unidas, que llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces y civiles acusados de corrupción, terminará sus funciones este 3 de septiembre, luego de que el gobierno de Morales decidió no renovar su mandato.

El miedo o el deber

"Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo", dice uno de los mensajes de Velásquez en su cuenta de Twitter. El miedo o el deber es la ecuación que ha marcado la trayectoria del abogado nacido en Medellín. Durante los años 90 y como procurador de Antioquia, se enfrentó a Pablo Escobar, ese personaje que encarnaba lo peor del crimen.

Durante esos días tuvo una misión temeraria. Recoger pruebas para exponer la forma en que el capo del Cartel de Medellín transformó su sitio de reclusión, la cárcel de La Catedral, en algo más parecido a un complejo turístico donde sus deseos eran órdenes. Lujos, fiestas y vicios tenían lugar allí y Velásquez fue uno de los que lo expuso con su trabajo.

Meses después de que Escobar se fugó de La Catedral, en 1992, Velásquez asistió a una reunión con la esposa del narcotraficante en la que se esbozaba un nuevo intento de entrega del criminal. En esa cita, autorizada por el entonces presidente César Gaviria, Velásquez compartió sillón con el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien 15 años después se convertiría en uno de sus mayores contradictores.

Durante esos años detrás de la pista del Cartel de Medellín, Velásquez fue amedrentado por los gatilleros de Escobar. A finales de los 90 volvería a vivir situaciones similares, entre intimidaciones y amenazas, cuando empezó a seguir el rastro del paramilitarismo desde su cargo de fiscal regional en Antioquia. Allí le tocó manejar varios de los expedientes más complejos de esos años, como el de las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

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Por esos años tuvo que padecer uno de los episodios que, en entrevistas con medios, ha calificado como los más duros de su carrera: el asesinato de compañeros suyos del CTI. Su unidad estuvo a cargo de un operativo en el que dieron con buena parte de la nómina del paramilitarismo en Antioquia, y la respuesta de los criminales a las pesquisas que ponían a temblar su emporio delincuencial fue el plomo. Varios de sus compañeros de trabajo fueron acribillados por sicarios en las calles de Medellín.

Velásquez tuvo que irse de su ciudad natal. Y en el 2000 llegó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, un cargo en el que se suponía que tendría algo de tranquilidad, terminó protagonizando una nueva cruzada contra el paramilitarsimo, y esta vez en su grado más profundo: la macabra alianza con el Estado.

Seis años después, cuando las investigaciones contra la parapolítica tomaron vuelo, Velásquez fue nombrado como el coordinador de esos casos. El récord que consiguió le ganó tanto reconocimiento como enemigos. Durante ese tiempo, la Corte Suprema de Justicia condenó alrededor de 50 congresistas por sus nexos con el paramilitarismo. Eso le consiguió el mote de "el magistrado estrella de la parapolítica", pese a que nunca fue designado como un togado titular del máximo tribunal.

Pero solo fue hasta 2007 que Velásquez salió de su relativo anonimato, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe lo señaló de estar presionando pruebas en su contra. Luego fue sindicado por el paramilitar Tasmania de haberle ofrecido beneficios jurídicos a cambio de declaraciones. En últimas, se le señaló de urdir un complot contra el mandatario.

Finalmente se demostró que el montaje era en contra de Velásquez, quien salió fortalecido de ese escándalo. Luego se supo que era uno de los objetivos de las chuzadas ilegales del DAS, y hasta se le investigó disciplinariamente por haber sacado copias de expedientes de paramilitares de la corte. Una intensa persecución de criminales y del mismo Estado. La cuenta de cobro por la relevancia de su trabajo.

Pero la situación que desató su salida de la corte fue que lo relevaran como coordinador de la parapolítica pese a sus evidentes logros, en 2012. Al año siguiente, en medio de las persecuciones en contra suya y de su familia, que quedaron documentadas, se fue del país. Esa salida pudo leerse en su momento como que Velásquez se había cansado de sufrir las consecuencias de su ejercicio. Sin embargo, dos años después reapareció en un país que le era ajeno, pero que afrontaba una crisis institucional de corrupción.

Profeta en otra tierra

Velásquez llegó a Guatemala designado por Naciones Unidas como la cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un actor independiente con el objetivo de apoyar los entes judiciales guatemaltecos, que existía desde 2006 pero que tomó mucho protagonismo con la llegada de Velásquez.

Entonces, el abogado antioqueño junto a la fiscal general Thelma Aldana lideraron la investigación de La Línea, un caso de defraudación aduanera al que terminaron vinculados varios altos funcionarios del gobierno de Guatemala. Finalmente, las pesquisas llegaron hasta la vicepresidenta Roxana Baldeti y al presidente Otto Pérez Molina, quien renunció a su cargo y terminó preso mientras enfrenta su juicio. Entre las críticas contra el colombiano se dijo que estaba en una cacería de brujas, obsesionado por tumbar presidentes.

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Velásquez siguió trabajando en otro casos. Entre esos, tocó al sucesor de Pérez, a Jimmy Morales, el nuevo mandatario que se posesionó en 2016. y a su círculo familiar. El hijo y el hermano de Morales terminaron presos y vinculados a un proceso por lavado de dinero y fraude. Esos choques con el mandatario desembocaron, hace dos años, en la expulsión del exmagistrado colombiano de ese país: "Declaro non grato al señor Iván Velásquez y ordeno que abandone la república de Guatemala", dijo Morales. En esencia, el argumento que esgrimen en su contra es que su trabajo es una intromisión internacional en la soberanía local.

En 2018, en medio de esa crisis del ejercicio de Velásquez en Guatemala, llegó el premio considerado el Nobel Alternativo. "Thelma Aldana e Iván Velásquez han estado al frente de uno de los esfuerzos anticorrupción más exitosos en el mundo", resaltó la fundación Right Livelihood al otorgarles el galardón, para luego resumir así su labor:

"Aldana y Velásquez han jugado un papel crucial en la configuración de una era definitiva en la historia de Guatemala, al tiempo que han reconstruido la confianza en las instituciones públicas. Como consecuencia, se han enfrentado a una resistencia sostenida y han soportado un gran riesgo personal. Su valiente y ejemplar trabajo ha desembocado en más de 60 estructuras criminales identificadas, más de 310 condenas y 34 propuestas de reformas legales".

De acuerdo con dos encuestas realizadas por la empresa Pro Datos, en abril 72 % de la población avaló la actuación de la CICIG, mientras que en agosto poco más de 76 % rechazó la gestión de Morales. Pese al reconocimiento internacional y de buena parte de los guatemaltecos a su labor, Velásquez y la CICIG parecen destinado s a desaparecer. Y lo que preocupa a quienes han liderado ese proceso, es que se desdibuje lo logrado.

A Morales le quedan menos de cinco meses de gobierno y su sucesor, el presidente electo Alejandro Giammattei, no ha mostrado interés en solicitar de nuevo la intervención de la ONU aunque anunció la creación de una Comisión contra la Corrupción con apoyo financiero de Estados Unidos.

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La cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, según analistas, se puede palpar en las decisiones de los jueces de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, cuestionada por sus fallos a favor de los acusados de corrupción.

La Sala revirtió las condenas emitidas por un tribunal contra empresarios y funcionarios acusados de uno de los casos más importantes investigados por la CICIG: las irregularidades en la compra de medicamentos para el sistema de seguro social. El mismo tribunal también protegió al fallecido alcalde de la ciudad Álvaro Arzú para que no fuera investigado por corrupción. Uno de los jueces que integra esa sala, la magistrada Beyla Estrada, es la esposa del secretario de Comunicación del presidente Morales.

Velásquez dijo que la experiencia le enseñó que en una lucha contra la corrupción sistémica estructural “es indispensable empezar por tener un sistema de justicia independiente, honorable”.

Pero el mayor caso investigado por la CICIG conocido como La línea, que llevó a prisión a Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y casi todo su gabinete por una defraudación aduanera se estima habría alcanzado los 65 millones de dólares, aún no ha sido juzgado y existe temor de que quede en suspenso ante la falta de respaldo del ente internacional.

“Lamentablemente hay temor de que haya una venganza contra operadores de justicia. Vimos todo lo que invirtieron estas estructuras para anular esta Comisión y para anular casos. Da cierto temor a que ellos intenten reprimir a los activistas, operadores de justicia y periodistas con la intención de revertir todo”, explicó Eleonora Muralles, activista de la organización Movimiento Pro Justicia.

La tensión entre la CICIG y Morales comenzó en enero 2017 tras las acusaciones contra su hijo y su hermano y recrudecieron poco después de mitad de ese año cuando la comisión pidió que se le retirara la inmunidad a Morales para investigarlo por supuesto financiamiento electoral ilícito. Pero el Congreso lo protegió y el presidente evitó la investigación.

Morales decidió entonces no renovar el mandato de la CICIG alegando que se había extralimitado en su accionar, declaró persona no grata al colombiano Velásquez, jefe de Comisión, y negó visados y permisos de trabajo al personal internacional de la CICIG y retiró los equipos y el personal gubernamental que la integraban. También intentó, sin éxito, poner fin unilateralmente al mandato de la Comisión en enero de 2019, pero una decisión de la corte de constitucionalidad le permitió a la CICIG seguir trabajando.

Distinta suerte corrió Velásquez, a quien Morales finalmente le impidió la entrada al país. Durante el mandato del colombiano, la CICIG desmanteló 70 estructuras criminales y llevó al procesamiento de 670 personas de las cuales 70 % tiene una medida sustitutiva de prisión. También se dictaron unas 400 sentencias, hubo alrededor de 100 solicitudes de retiro de inmunidad de funcionarios y se promovieron 30 iniciativas de ley.

En el plano económico se obtuvieron al menos 60 millones de dólares en resarcimientos y otros 100 millones están en proceso de extinción de dominio de solo dos de los 120 casos que llevó la comisión. La sede de la CICIG será demolida y en su lugar se construirá un complejo comercial.

En un discurso de cierre Velásquez dijo que el trabajo hecho permitió ver “los vínculos entre la política y la corrupción y entre el lavado de dinero y la política; las relaciones entre jueces y abogados constituidos en bufetes de la impunidad; redes de narcotráfico y poder local; empresarios financiando ilícitamente campañas políticas y obteniendo los beneficios de la contratación estatal y, en todo caso, distorsionando la democracia”.

Pero no todo está perdido, según Velásquez. “Es necesaria una unión entre todos los sectores guatemaltecos que estén por la democracia, para que se unan y establezcan los puntos mínimos por la democracia”.

En esa especie de segundo destierro, pero con el reconocimiento general a su labor, Velásquez termina otra cruzada contra la corrupción de los más poderosos. Una labor que parece perseguirlo desde hace décadas, y que él ha asumido con valor. 

*Con información de AP.