Histórica decisión en investigaciones por falsos positivos: General (r) Mario Montoya será imputado por 104 homicidios

Los falsos positivos son uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de Colombia. Por cuenta del trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo creado tras la firma de la paz con la guerrilla de las Farc, se han conocido muchos detalles sobre lo que hizo posible que esos macabros asesinatos sucedieran y quiénes serían los responsables. Al lado del trabajo de la justicia transicional, la Fiscalía le apunta a entregar valiosa información y quizás las más significativas decisiones judiciales hasta la fecha.

Así lo reveló el fiscal Francisco Barbosa en entrevista exclusiva con SEMANA. El alto funcionario anunció que tomó una decisión que no tiene precedentes: la imputación del general (r) Mario Montoya, el miembro de más alto rango de las fuerzas militares salpicado por ese escándalo.

Se trata de un hecho sin antecedentes, además con gran valor simbólico pues Montoya fue uno de los generales también con más éxitos militares, entre ellos la heroica Operación Jaque que permitió regresar a la libertad a Ingrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y una decena de soldados y policías que llevaban alrededor de una década secuestrados en la selva.

Según Barbosa, la investigación contra Mario Montoya es producto de varios años de investigaciones. El fiscal explicó lo que encontró la entidad que él dirige. “En el año 2006 se empezaron a presentar unas denuncias de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces. Y de forma inmediata se expidió, por parte del comandante general de las Fuerzas Militares, la directiva 300-28, de noviembre de 2007. Sin embargo, después de esa directiva, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 se produjeron estas ejecuciones extrajudiciales, en la medida en que el general Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció esta directiva”, aseguró.

Barbosa relata que Montoya “fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones. Esto además está respaldado con que todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército en aquel tiempo y todos tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Quiero decirlo con claridad: yo no estoy como fiscal general haciéndoles un juicio a las Fuerzas Militares. Pero las ovejas negras tienen que ser separadas rápidamente de lo que ha significado un cuerpo decente para una nación como la colombiana”.

El expediente que tiene la Fiscalía es voluminoso. El caso por 104 falsos positivos contra el general Montoya, entre ellos los de cinco menores de edad, se abre con las acciones que habría cometido el oficial luego de esa directiva, la 300-28, la cual se habría pasado por la faja, incentivando y presionando a sus subalternos a mantener las muertes como una prioridad.

“Desde que el general Montoya llegó al comando del Ejército instauró para todas las unidades del Ejército (desde las divisiones hasta los pelotones), incluidas las tropas agregadas al Comando Conjunto n.° 1 Caribe que no estaban bajo su control operacional, una política de comando basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar y comparar a las unidades. Los comandantes de sus unidades subordinadas sabían que Montoya no pedía, él exigía muertes en combate”, se lee en el expediente en contra de Montoya, conocido en exclusiva por SEMANA.

Según las investigaciones, el general fue más allá y su proceder habría sido macabro. “El general Montoya comparaba a las unidades militares utilizando un ranking, en el que el único criterio de evaluación era la cantidad de muertes en combate reportadas. No se valoraban las desmovilizaciones, las capturas, la efectividad en el control militar de área relacionado con la disminución de afectaciones a la población civil, la integridad de la infraestructura o factores similares”, señala el proceso en su contra. La presión de Montoya habría sido tal que los comandantes de división, brigadas y unidades tácticas terminaron acatando y transmitiendo sus aterradoras órdenes. Puntualmente, el general se aprovechó del Plan de Moral y Bienestar “para que los permisos, cursos, condecoraciones y demás beneficios contemplados fueran otorgados principalmente a los integrantes del Ejército que cumplieran su política de muertes en combate. Dichos beneficios eran concedidos en todos los niveles del mando, es decir, desde los soldados hasta los comandantes de Brigada”, según se lee en el expediente.

Los que no cumplían con esas órdenes, según consta en el proceso, eran sometidos al “escarnio ante todo el Ejército durante los programas radiales. Montoya impartía instrucciones para que los relevaran del mando, no les dieran permisos especiales o cursos, los calificaran en listas inferiores respecto a quienes sí cumplían con la cantidad de muertes en combate que exigía”.

Las primeras sospechas de lo que podría estar ocurriendo llevaron al Ministerio de Defensa a emitir una directiva permanente (la 10 de 2007), hacia junio de ese año. Allí, textualmente, reiteraron las obligaciones “para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida”. De hecho, se creó un comité para hacerles seguimiento a las denuncias por las ejecuciones extrajudiciales.

Se sabe que de las seis sesiones del comité, entre julio y noviembre de 2007, Montoya solo asistió a la primera. A las restantes envió delegados. En dichas reuniones “se analizaron las causas del incremento de los cuestionamientos a las muertes en combate reportadas como resultado operacional por todas las Unidades del Ejército”, dice el expediente.

En lugar de parar, las denuncias se incrementaron y llevaron al comandante general de las Fuerzas Militares a emitir la directiva 300-28. Montoya, según las pruebas en poder de los investigadores, sabía por qué se había expedido dicha orden. La instrucción para él fue clara desde el 20 de noviembre de 2007, cuando recibió la orden directa de su superior de privilegiar las desmovilizaciones y las capturas sobre las muertes en combate.

A pesar de todas las instrucciones dadas a Montoya, el comando general y el Ministerio de Defensa siguieron recibiendo las “alertas internas y externas en las que se denunciaba que integrantes del Ejército estaban matando a civiles para reportarlos como muertos en combate. El Plan de Moral y Bienestar del Ejército siguió beneficiando a aquellos que reportaban muertos en combate”.

Montoya siguió presionando a sus subalternos con base en un ranking de muertos, sabiendo lo que hacía. Una de las pruebas más comprometedoras contra el general es que impulsó reconocimientos y felicitaciones a oficiales, suboficiales y soldados que cumplieran con la cantidad de muertos en combate que él exigía. Montoya habría ordenado destruir pruebas.

Por estas razones, la fiscalía le imputa esos graves delitos como determinador. “Cuando hablo de determinador significa que se origina en sus directrices de avanzar en esa política contraria a la directiva 300-28 que expidió el Comando General de las Fuerzas Militares en su momento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos hechos que ocurrieron en ese periodo, en un año, se dieron contra esa directiva”, explica el fiscal Francisco Barbosa.

“Mediante órdenes de fechas 3, 14, 15, 16 y 24 de abril de 2008, el general Montoya ordenó destruir la directiva permanente 00017 de 1996, condecoraciones de orden público y la Circular n.° 62162, que contempla los trámites correspondientes que se deben seguir para otorgar la Condecoración de Servicios Distinguidos en Orden Público, documentos que evidenciaban su política de muertes en combate y su incumplimiento de la orden del comandante general de las Fuerzas Militares de cambiar la forma de evaluar la campaña”, señala la investigación.

En ese plan de destrucción de evidencias no solo estaría comprometido Montoya. “La orden de destruir material probatorio fue replicada, por lo menos, por los comandantes de las Divisiones Segunda y Séptima, de las Brigadas 11, 14, 30 y móvil 15”, se lee en uno de los apartes del expediente.

Frente a esto, el fiscal aseguró que no va a emitir una declaración. “No voy a entrar a hacer juicios históricos porque no es mi labor. Lo que no voy a hacer es pasar a la historia como alguien que no lo hizo. Somos una Fiscalía con unos principios”, sostuvo.

Los 104 homicidios por los cuales Montoya tendrá que responder ante la JEP, tras ser imputado por la Fiscalía, fueron reportados como bajas en combate por unidades del Ejército en las Divisiones Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima. Los crímenes ocurrieron entre el 20 de noviembre de 2007 y el 4 de noviembre de 2008. Todos los implicados por estos hechos están condenados y aseguran que cometieron los crímenes para ganar premios y condecoraciones definidas por Montoya. Se comprobó que ninguna de las víctimas murió en combate y que fueron sometidas a tratos inhumanos. “Estos hechos le servían al general Montoya para mostrar, en términos de resultados operacionales, un Ejército estadísticamente exitoso”, concluye la investigación.

Casi 13 años después de estos hechos, Montoya deberá enfrentar a la justicia y responder por homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ocasiones, con dos circunstancias de agravación, según el Código Penal: por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo abyecto o fútil. Y por poner a las víctimas en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de su situación.

104 historias de dolor

Los relatos de lo ocurrido son indignantes. SEMANA conoció algunos de los casos. El 18 de julio de 2008, en jurisdicción del municipio de Isnos (Huila), unidades adscritas al Batallón de Infantería número 27 Magdalena, con sede en Pitalito, pertenecientes a la Novena Brigada, dieron muerte con arma de fuego a tres hombres: Miller Blandón, Juan Martínez y Álvaro Ramírez.

Según el informe militar, estaban haciendo presencia en esa zona con el fin de extorsionar a los habitantes del sector. Por estos hechos fueron señalados como presuntos integrantes de bandas delincuenciales al servicio de las milicias de la cuadrilla 13 de las Farc. Los militares encargados del operativo aseguraron que estas personas portaban armas de fuego de corto y largo alcance.

Junto a los cadáveres fueron encontrados fusiles, carabinas, un revólver calibre 38 especial y un morral de color verde con elementos explosivos.

Después las investigaciones concluyeron lo siguiente. “Se indica que los cuerpos de las víctimas estaban vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, pantalones de sudadera y botas que no correspondían a las tallas de las víctimas, así como buzos nuevos con las etiquetas. Así mismo, se refiere que en los pies de las víctimas se evidenció pérdida de las huellas plantares”, dice una de las sentencias condenatorias contra los uniformados asesinos.

Las indagaciones también establecieron que las personas que perdieron la vida hicieron parte de los programas de rehabilitación por consumo de estupefacientes en Neiva.}

Otra de las ejecuciones extrajudiciales por las cuales tendrá que responder el general Montoya ocurrió el 29 de enero de 2008 en el corregimiento de Valencia, en Sincé (Sucre). Ese día, miembros del Batallón Junín, perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre, presentaron como muerto en combate a Saleth de Jesús Caldera. Según la versión de los militares, estos se encontraban en operaciones y en una misión táctica realizando actividades por la presencia de delincuentes que estaban amenazando a los dueños de las fincas cercanas. Ese día supuestamente, según su versión, oyeron a unos perros ladrar y ruidos en medio de la maleza, y uno de los militares gritó: “Somos del Ejército Nacional”. De acuerdo con lo que dijeron, los empezaron a atacar y ellos tuvieron que responder. Luego escucharon unos quejidos de dolor y encontraron a Caldera agonizando.

Las investigaciones concluyeron que la operación militar mencionada para nada obedecía a una orden expedida con atención a las disposiciones legales y reglamentarias, sino que se trató de un proceder delictivo, en el cual miembros del Ejército recurrieron a particulares para convencer y trasladar a la víctima al sitio preconcebido y, una vez allí, dispararle sin mediar provocación que justificara esa acción. Además aparentaron la ocurrencia de un combate o una agresión de parte de la víctima, y para ello se manipuló y se modificó la posición del cuerpo. Se puso un arma y munición en sitios y posiciones que aparentaban un porte y una agresión que nunca existió.