Holocausto del Palacio de Justicia: Víctimas piden al presidente Petro que solicite a Estados Unidos desclasificar documentos sobre la toma y retoma

38 años después del Holocausto del Palacio de Justicia son más las dudas que respuestas sobre varios aspectos que rodearon tanto la toma ejecutada por la guerrilla del M-19 como la operación de recuperación adelantada por la Fuerza Pública.

Este jueves, en una audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pidió formalmente que se realicen todos los trámites necesarios para que las autoridades de los Estados Unidos desarchiven los documentos que tienen con información sobre los hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Helena Urán, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, le pidió a los magistrados de la JEP que se utilicen todos los mecanismos de cooperación existen para tener acceso a esos documentos.

Esto con el fin de confirmar las versiones que señalan que las Fuerzas Militares tenían conocimiento previo del plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, así como la puesta en marcha de un ”plan ratonera”, por parte del Ejército, para encerrar a los subversivos y atacarlos dentro de las instalaciones.

“Inste al presidente de la República a solicitar formalmente al Gobierno de EEUU la puesta en marcha de un programa especial de desclasificación de archivos y documentos relacionados directamente con lo que hemos mal llamado toma y retoma del Palacio de Justicia”, manifestó Urán, quien en la actualidad hace parte del Centro de Memoria Histórica.

En un escrito enviado hace cinco meses, Urán le había pedido a la JEP realizar las labores para “resignificar los lugares donde se cometieron los crímenes más atroces en torno al Palacio de Justicia”, entre estos la Casa Museo del Florero, el Cantón Norte y el Cementerio del Sur.

Al primero fueron llevadas las personas rescatadas por la Fuerza Pública. Sin embargo, varios testigos aseguraron que los militares “marcaron” a un grupo que fueron trasladadas al segundo piso para someterlas a interrogatorios. pues consideraban que habían participado junto al M-19 en la toma.

En el caso del Cantón Norte, donde operaba la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, habrían sido trasladados otro grupo de personas, entre ellos varios integrantes del M-19, para continuar con las torturas. En el Cementerio del Sur, según reposa en varios documentos, se enterraron en una fosa común varias de las víctimas.

“Sería no sólo la forma de hacer una justicia que restauraría a las víctimas sino además nos permitiría abrir el debate con el resto de la sociedad. No podemos seguir pasando por lugares públicos que fueron utilizados para cometer crímenes de guerra y hacer como si no hubiera sucedido nada, no podemos mantener este secreto a voces como un tabú, hay que hacer visible lo que se ha querido ocultar”, indicó en su escrito.

Al comienzo de la diligencia judicial, el magistrado de la Sala de Reconocimiento Gustavo Salazar hizo una sentida reflexión sobre lo ocurrido. “Hace 38 años el Palacio de Justicia se convirtió no solo en un evento y un gravísimo crimen de guerra, sino en huella, cicatriz y vergüenza, uno de los más burdos ejemplos de crueldad e ignominia en un país atiborrado de ellos”, añadiendo que “el Palacio de Justicia debe poder servir a la reflexión de una sociedad que, cansada de la violencia, ha aplaudido hasta el cansancio y llevado sobre sus hombros a los violentos. El Palacio de Justicia son muchos lugares”.

Casi cuatro décadas después la verdad ha sido ocultada a las víctimas y al país, en general, por lo que indicó que es necesario “construir una verdad y una memoria para cerrar las puertas a la tiranía de la violencia, a la política de las armas, a la estigmatización aniquilante de la diferencia como antesala para el crimen es condición ética mínima para forjar una democracia”.