Horror en Medellín: madre obligaba a sus tres hijos de 19 meses, 7 y 9 años a grabar pornografía infantil

A más de 20.000 kilómetros de Colombia, las autoridades de Australia se sorprendían por un grave caso de pornografía infantil que estaba sacudiendo las redes sociales de ese país. El contenido era perverso, aberrante, dicen los investigadores del caso. Y no es para menos, una mujer obligaba a sus hijos a realizar actos sexuales, mientras los grababa para luego vender el material.

Lo que observaron los analistas de la información era dantesco, increíble. 91 imágenes de contenido crudo sexual con un bebé de 19 meses de nacido, una niña de siete y un niño de nueve años. “Las peores atrocidades que usted se pueda imaginar de la pornografía infantil estaban ahí en esas 91 imágenes entre fotos y videos”, le dijo uno de los investigadores de la Interpol, de la Dirección de Investigación Criminal, a SEMANA.

La situación era tan grave para las autoridades australianas, que sabían que tenían que hacer algo para rescatar a los tres niños de las aberraciones a las que estaban siendo sometidos por las dos mujeres que aparecían en los videos.

Por eso decidieron cargar la información en el sistema que desde 2001 combate la pornografía infantil en el mundo, International Child Sexual Explotation. Se trata de un software con la capacidad de analizar miles de datos y arrojar información de los países donde posiblemente se está cometiendo el delito.

Luego de analizar las 91 imágenes que las autoridades australianas lograron recopilar de la internet oscura o Dark Web, como se le conoce, en la que se comercializa todo lo ilegal, desde venta de estupefacientes, tráfico de armas, pornografía infantil, entre otros, el sistema arrojó que el caso posiblemente había ocurrido en Colombia.

Las características de las mujeres que allí aparecían obligando a los menores de edad a cometer los actos sexuales entre ellos y con ellas develaban que eran sudamericanas. De inmediato, Interpol Australia se comunicó con Interpol Colombia y alertó sobre el escabroso hecho que estaba circulando en la red oscura, y que estaba siendo consumido por depravados a nivel mundial, porque dicho contenido no conoce de fronteras.

El caso ingresó el último día del mes de enero de este año con prioridad alta en Colombia. Los investigadores de la Dirección de Investigación Crimina (Dijín) e Interpol tomaron video por video y foto por foto para tratar de descifrar en qué parte del país estaba sucediendo.

El trabajo era complejo, porque las impensadas escenas ocurrían siempre en un mismo escenario, la sala de una casa, en donde aparecía a veces una mujer y en otras, dos, pero los menores de edad abusados siempre eran los mismos.

Luego de observar una y otra vez las imágenes, poniendo nervios de acero para no quebrarse al ver lo horripilante de cada escena, los investigadores encontraron un detalle que fue decisivo para lograr rescatar a los niños.

En una de las escenas, en que uno de los niños está siendo abusado, los investigadores lograron detallar que el menor tenía puesto un uniforme de colegio y lograron, con trabajo técnico, descifrar el plantel educativo. El tiempo jugaba en su contra, la misión era rescatar a los menores de edad de sus abusadores, por eso se trasladaron a la institución académica para obtener información.

Unidades de Interpol llegaron al colegio ubicado en la ciudad de Medellín, en una comuna, se trataba de un colegio público. En el sitio hablaron con la rectora a quien le expusieron el caso, comentándole que tenían que actuar con prontitud, la funcionaria les entregó información valiosa. La mujer les dijo que conocía a los tres niños, dos de ellos estudiaban allí y por lógica también sabía quiénes eran sus padres.

Con la información en sus manos, la fase siguiente era echar a andar la investigación en terreno. Hubo seguimientos para saber qué había detrás del abuso del que venían siendo víctimas los menores, conocer si se trataba de una gigantesca estructura que se dedicaba a reclutar mujeres de escasos recursos con hijos para inducirlos al mundo de la pornografía a cambio de unos cuantos pesos. La idea era saber qué estaba pasando y cómo se venían presentando los hechos.

Con el paso de los días, los investigadores se encontraron que el panorama no cambiaba, siempre veían a la misma mujer con los niños, los llevaba al colegio, en la tarde los recogía, se los llevaba para la casa y no más. En algunas ocasiones salía con ellos a la tienda a hacer las compras del diario, no había nada sospechoso en su rutina, nada anormal al trabajo de una ama de casa.

Con inspección en redes sociales, los investigadores lograron detectar que la otra mujer que aparecía en algunas ocasiones en los videos era la hermana de la mamá de los niños, es decir, su tía.

La pensión del horror

Las dos mujeres sostenían escenas sexuales al frente de los niños y los obligaban a que hicieran lo mismo que ellas estaban haciendo, incluso les decían: “Miren a la cámara y pidan un regalito”, frase con la que -concluyen los investigadores- las mujeres vendían el material pornográfico.

Con la información de los seguimientos, la plena identificación de los menores de edad, de las dos mujeres, y con el material de contenido sexual que comprometía la integridad de los pequeños y con una investigación en tiempo récord de 20 días, los investigadores tocaron la puerta de un juez de control de garantías a quien le expusieron el caso. Con las pruebas que sustentaban uno de los más aberrantes casos de pornografía infantil en Colombia, le pidieron que librara boletas de captura en contra de la mamá de los niños y de la hermana.

El pasado miércoles 22 de febrero el juez autorizó la captura de las dos mujeres. SEMANA obtuvo en exclusiva las imágenes del operativo en el cual fue detenida la mamá. El operativo fue comandado directamente por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que llegó apoyado por uniformados de la Interpol, la Policía de infancia y adolescencia, el ICBF y otras entidades que llegaron al barrio Alfonso López, a una humilde vivienda.

Se trataba de una humilde pensión en donde viven varias familias, en uno de los pequeños apartamentos estaban la mamá, los niños y dos hombres, uno de ellos la pareja actual de la mujer, un obrero de construcción.

La mujer, seguramente sabiendo lo que había hecho con sus hijos, no opuso ninguna resistencia, acatando todo lo que le decían los investigadores, caminó lentamente por los pasillos del modesto reciento, mientras que los dos hombres quedaron en libertad porque el proceso por el momento no arroja ninguna prueba en contra de ellos.

La otra mujer (tía de los niños) fue capturada en Yolombó, al nordeste de Antioquia. Se encontraba en una finca apartada de toda civilización; estaba con su madre, la abuela de los pequeños abusados.

Con el caso armado, los menores de edad quedan bajo la protección del ICBF, el cual les abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y los ubicaron en un hogar de paso.

Mientras, la tesis que tienen los investigadores es que la mujer de bajos recursos decidió acudir a la explotación sexual de sus hijos para obtener ganancias económicas y en medio de eso involucró a su hermana, quien luego de la investigación se conoció que es una mujer con problemas de drogadicción, que incluso ha llegado a estar en situación de habitante de calle.

SEMANA conoció que para poder determinar para quién trabajaba la mamá de los niños, o saber a quién le vendía el material pornográfico que obtenía de los menores, los dispositivos electrónicos que encontraron en su casa, entre ellos seis celulares, serán llevados al laboratorio forense conocido como Yuliana Samboni, como se recordará, la niña abusada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, en donde se hará la trazabilidad de los aparatos y donde se tratará de recuperar información así haya sido eliminada.

Una de las pistas que tienen por el momento los investigadores del caso y que tratan de verificar es que la mujer habría utilizado una aplicación conocida como ‘James’, en la que al parecer subía el contenido ilegal y a cambio recibía dinero. Los videos conocidos en Australia habrían sido grabados hace al menos hace unos ocho meses, debido a los cambios físicos que han tenido los pequeños.

Al ingresar los videos y las fotos a dicha plataforma, la mujer perdía todo el control del contenido y este terminaba siendo reproducido en todo el mundo y llegando a los móviles y computadores de miles de pervertidos sexuales.

Sobre los menores, el asunto es claro, el alcalde Daniel Quintero dio la orden de prestarles toda la atención que sea necesaria para su recuperación y evitar las secuelas, por eso en el operativo no actuaron solo las autoridades policiales. También lo hicieron las diferentes entidades encargadas del cuidado de los niños y niñas en la ciudad. Con una orden clara, los hermanos no van a ser separados.

Ahora el reto para las autoridades en esta segunda fase es establecer quiénes son los que están detrás de este caso, quiénes indujeron a la mamá de los pequeños para que rompiera todas las reglas de la moral y atentara contra la integridad de sus propios hijos, exponiéndolos a tan aberrantes escenas.

Dicen quienes conocieron del caso que es claro que la mujer no pudo actuar sola y que detrás de esto hay manos criminales internacionales que se dedican a la pornografía infantil y captar a mujeres de bajos recursos económicos para inducirlas a estas aberrantes prácticas.

Según cifras del ICBF, entre 2012 y 2019, 1.954 niñas, niños y adolescentes ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por ser víctimas de explotación sexual comercial en el país. Mientras que Medicina Legal reportó que en 2022 se practicaron 20.887 exámenes médico legales por presunto abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país.

Prostitución infantil y tráfico de drogas, entre los delitos que policías en Bogotá facilitaron a la banda criminal del Tren de Aragua

Audios reveladores a los que tuvo acceso SEMANA pusieron al descubierto a un grupo de policías que se valieron de un CAI en la localidad de Kennedy, Bogotá, para sacar provecho de actividades criminales en la zona. A través de extorsiones, dependiendo la gravedad del delito, algunos uniformados quedaron en evidencia de la confabulación con la banda del Tren de Aragua y otros delincuentes.

Un agente se infiltró en la red ilegal que operaba en la ‘fachada’ del CAI Caldas y recopiló una serie de material probatorio que, con nombre y apellido, no dejó lugar a dudas de que la zona estaba a merced de los delincuentes, siempre y cuando el signo pesos estuviera presente.

A los policías partícipes en esa trama se les conocía como los ‘Sombra’ y hasta había un grupo de WhatsApp en el que no solo compartían información sino que también monitoreaban el seguimiento de las autoridades. De hecho, se conoció que “darían piso” al traidor, en relación con la posibilidad de que hubiese algún encubierto en el círculo que pudiera entorpecer sus actividades.

Protección, a cambio de dinero

La prostitución infantil y el tráfico de estupefacientes en el sector de la 38 hacían parte de los delitos que se pasaban por alto, pese a que los ‘Sombra’ conocían quiénes estaban detrás. Con esa actividad irregular, los uniformados le entregaron a la banda del Tren de Aragua las llaves de esa zona en Kennedy, pues sus integrantes sabían que con dinero de por medio podían seguir delinquiendo.

La investigación señaló a varios uniformados como cabecillas de las extorsiones con las que no solamente permitían la comisión de delitos sino también daban protección a los sicarios. Con la fuerza pública a su servicio, esa organización criminal originaria de Venezuela sabía si la Fiscalía les estaba o no siguiendo los pasos.

En uno de los audios, a un individuo del Tren de Aragua se le escuchó decir: “Mi Dios le pague”, después de que un policía del CAI Caldas, en el sur de Bogotá, lo dejó en libertad tras pagar un soborno de un millón y medio de pesos. La escena de corrupción quedó plasmada en un video que conoció SEMANA y que hace parte de un expediente abierto en la Fiscalía.

Así funcionaban las extorsiones

Cada delito tenía una cuota fijada, dependiendo la magnitud del mismo, e incluso los audios (que ahora hacen parte de la investigación) reflejan que el ‘temor’ de los delincuentes no era por ser capturados en la comisión de sus actos. Para estos, la incertidumbre giraba sobre cuánto tendrían que pagar en sobornos para salir invictos.

“Es que, marica, ese man (en alusión al teniente Víctor Manuel Flechas, capturado en octubre de 2022) solo quiere plata, huevón. Si no hay, y si uno no trabaja, pues de dónde vamos a sacar. Uno no niega que colabora y tal, pero si no hacemos para nosotros, cómo le vamos a dar”, señaló un traficante de drogas.

En medio de la revelación de los audios, trascendió que los ‘Sombra’ tenían conocimiento de que a un integrante del Tren de Aragua se le adjudicaban dos homicidios. Pese a ello, su ‘conducto regular’ fue llevarlos hasta un tráiler donde pusieron precio a su libertad: dos millones de pesos.

“El sujeto llama a su pareja y llegan dos mujeres, manifiestan que nos alcanzan a dar 1.500.000 por dejar ir a su marido. Los integrantes del cuadrante y mi compañero de patrulla aceptan. Le piden a la señora que entre al baño que está atrás del tráiler y los deje ahí”.

La investigación por esa serie de hechos sigue abierta y, por lo pronto, fueron capturados el intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Johan Manuel Hernández Gordillo, Walder Antonio Orjuela Morales, Jairo Alexander Pineda López, dos de los cuales admitieron su responsabilidad en los delitos adjudicados por la Fiscalía.