Hospital Universitario del Valle, en la mira por presunto desfalco de 22.644 millones de pesos

En medio de la crisis de la salud que vive el país, se conoció que la Contraloría General de la República abrió una investigación preliminar por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, ubicado en Cali.

Tras realizar una inspección al proceso de contratación que se ejecutó entre los años 2018-2022, el organismo de control fiscal anunció un hallazgo fiscal por 1.307 millones de pesos. Frente a estos hechos, se ordenó la apertura de la indagación para establecer lo ocurrido con 22.644 millones de pesos de ese centro hospitalario.

“Como resultado de una Actuación Especial de Fiscalización al Hospital Universitario del Valle se constituyeron siete hallazgos administrativos”, precisó la Contraloría General en un comunicado de prensa.

Las irregularidades estarían relacionadas con pagos en mayor valor en nueve contratos de suministros de medicamentos suscritos por el Hospital. Por estos hechos, la Contraloría compulsó copias ante la Procuraduría General para que se abra una investigación disciplinaria y a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin que evalúa la situación.

En la auditoría también se encontraron falencias frente a la ejecución, liquidación y pago de honorarios sin el lleno de las formalidades, precios de medicamentos pactados por encima del precio regulado, suscripción del acto de inicio sin el cumplimiento de requisitos y expedición de garantías sin suscripción de contratos.

“La Contraloría considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con las actuaciones contractuales del Hospital Universitario del Valle Evaristo García resulta informe e irregular, en diversos aspectos significativos, frente a los criterios aplicados”, precisa la comunicación.

Irregularidades en Medimás

En otro caso, el ente de control fiscal encontró irregularidades por 842.644 millones de pesos. En una Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría Delegada para el Sector Salud estableció un hallazgo fiscal de 8.633 millones de pesos.

Este caso está relacionado con las falencias que se habrían presentado con el tema de los anticipos realizados por la EPS a sus proveedores entre el 1 de agosto de 2017 hasta el 16 de marzo de 2022.

En el documento reposan inconsistencias e inexactitudes de los soportes, específicamente facturas que sustentan la prestación del servicio de salud, tecnología, medicamentos, “situación que constituyó una demostración de manejo irregular, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados”.

Frente a los cuatro hallazgos administrativos, la Contraloría General le compulsó copias a la Procuraduría General para que abra las respectivas investigaciones disciplinarias.

Reforma a la salud

Este martes se conoció el primer borrador del proyecto de reforma a la salud promovido por la ministra Carolina Corcho y en el cual se busca prohibir los “planes complementarios” y otras medidas que ponen a tambalear a las prepagadas.

En lo que respecta a los planes complementarios, que actualmente son ofrecidos por las Empresas Promotoras de Salud (EPS), la idea es prohibirlos. Estos planes son una alternativa que amplía los beneficios de la atención médica ofrecidos en el plan básico de salud al que tienen acceso todos los colombianos (conocido anteriormente como el POS).

La idea es que quienes pagan por el plan complementario tienen acceso a mejores clínicas, a especialistas sin la intermediación del médico general o a habitaciones individuales en caso de hospitalización.

En el borrador de reforma de la sociedad civil, que circula entre los médicos, hay un artículo en el que se propone ponerle fin a ese sistema.

“Artículo 230. La venta o comercialización de planes complementarios en servicios u hotelería a los servicios que entrega el Sistema de Seguridad Social en Salud queda expresamente prohibida a estas empresas privadas. Igualmente, queda prohibida la comercialización de condiciones de atención u hotelería mejores que los entregados a la población general a las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud, que deberán eliminar cualquier mecanismo de discriminación en función de la capacidad de pago o cualquier como condición para formar parte de las redes de servicios del Sistema”.

El proyecto también le pone un tatequieto a la medicina prepagada. Si bien no la prohíbe, limita ampliamente los beneficios que podrían darles a sus usuarios, pues asegura que “el hecho de contar con seguros adicionales no significará prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Seguridad Social en Salud al que tienen derecho como todos los ciudadanos”.

“Artículo 229. Empresas de Medicina Prepagada y Seguros Privados. Las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios en el país, pero estos serán totalmente independientes del Sistema de Seguridad Social en Salud y no tendrán relación alguna con el financiamiento del mismo. Quienes adquieran dichos seguros o planes no perderán los derechos en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Sin embargo, el hecho de contar con seguros adicionales no significará prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Seguridad Social en Salud al que tienen derecho como todos los ciudadanos”.