“Hoy en Colombia hay territorios vedados para el periodismo”, Jonathan Bock, director FLIP

Semana: Ustedes cada año presentan un informe sobre la violencia contra periodistas en el país ¿Cómo nos fue en 2019?

Jonathan Bock: El 2019 cerró con un total de 517 agresiones y 177 amenazas. Hay una leve mejora con respecto al 2018, que fue el más violento de los últimos 15 años, pero siguen siendo cifras muy superiores a las de los años previos a la Firma del Acuerdo de Paz, desde cuando se dispararon las agresiones. El periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo en Colombia.

Semana: ¿Cuáles son los principales riesgos para esta labor en el país, especialmente en las regiones?

J.B.: Hemos visto un aumento en las agresiones a la prensa desde la firma del acuerdo de paz pues la lucha por el control territorial ha exacerbado la violencia. Pero, además, vemos otros dos grandes riesgos. Por un lado, el hecho de que carteles de la droga como los mexicanos están atacando a la prensa de manera más agresiva pues sus dinámicas son muy diferentes a las de los actores del conflicto armado que perseguían intereses políticos. Y, por otro lado, registramos con mucha preocupación las amenazas y el acoso por medio de acciones judiciales. Hay sectores que han utilizado estos mecanismos para buscar silenciar a los periodistas y hemos identificado incluso que algunos abogados, como es el caso de Abelardo de la Espriella, persiguen este fin y buscan ‘ahogar’ a los periodistas en los procesos jurídicos.

Semana: En ese contexto, ¿cuál es la realidad de la autocensura?

J.B.: Ese es otro tema muy preocupante. Algunos medios y periodistas empiezan a autocensurarse, ya sea por las amenazas o porque encuentran en los contratos estatales una gran parte de los recursos para su sostenibilidad. Esos contratos por pauta, que muchas veces ponen en riesgo la independencia de los medios, son el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar.

Semana: ¿Cuál es la reflexión que hace la Flip sobre la sostenibilidad de los medios de comunicación?

J.B.: Esa es la pregunta que hoy todos nos estamos haciendo. La respuesta pasa por dos modelos que todavía no son seguros. El primero es que se cobre por la información, como algunos medios ya lo están haciendo, pero no sabemos qué tan viable es que vía suscripciones se alcancen los mismos recursos que anteriormente se alcanzaban por la pauta. El segundo pasa por la financiación estatal de los medios de comunicación, que también tiene el riesgo de que, si no se crean marcos normativos adecuados, estos pueden terminar favoreciendo a los gobiernos de turno en desmedro de la independencia periodística. Esa era precisamente una de las críticas que se planteaban con respecto a la Ley TIC que se tramitó el año pasado.

Semana: A propósito de la Ley TIC, ¿cuál es el mensaje que ustedes han visto por parte del Gobierno nacional con respecto a la censura y la libertad de prensa?

J.B.: Además de esa situación de la ley, ha habido algunos hechos que ponen en entredicho la posición del Gobierno. Por ejemplo, la situación de la consejera Karen Abudinen pidiéndole al periodista de El Heraldo que borrara el material que registraba la famosa frase del presidente Duque “¿De qué me hablas, viejo?” o el hecho de que hayan decidido volver a contratar a Juan Pablo Bieri luego de que se había comprobado su intento de censura al programa Los Puros Criollos en RTVC. En el Gobierno hace falta una voz que condene la censura y la violencia contra los periodistas. A pesar de las cifras alarmantes de ataques, no hemos visto al presidente Duque pronunciándose al respecto.

Por otra parte, también preocupa el abuso del Ejército y la Policía contra el ejercicio periodístico y la libertad de prensa. Tenemos el caso de los militares que exigieron borrar el mural sobre los falsos positivos o los múltiples casos de abuso policial durante las manifestaciones, que pedían u obligaban a ciudadanos y periodistas borrar el material que habían registrado legalmente. Con esto, surge la pregunta si estas situaciones responden a instrucciones desde las altas comandancias o, por lo menos, la necesidad de que en la fuerza pública se creen mejores mecanismos para que sus miembros no violen estos derechos.

Semana: El año pasado, durante las elecciones locales también se presentaron múltiples ataques a los periodistas. ¿Han identificado que estos vengan principalmente de un espectro político?

J.B.: No, estos ataques vienen desde todos los espectros ideológicos y no son exclusivos de la derecha como muchas veces se piensa. Tuvimos el caso de Adelina Covo, la candidata de la Colombia Humana en Cartagena que presuntamente detuvo a una periodista contra su voluntad para que borrara una entrevista, hasta el caso de María Fernanda Cabal estigmatizando al periodista del New York Times como simpatizante de las guerrillas y obligándolo a salir del país por los riesgos que corría.

Semana: ¿Por qué es importante el reconocimiento que hace el Premio de Periodismo Regional Semana-Grupo Argos?

J.B.: Muchas de las dificultades y los riesgos que corren los periodistas en Colombia son especialmente acentuados en las regiones del país. Por eso, el hecho de tener el respaldo de un medio como SEMANA, que les reconozca su labor, los ponga en la agenda pública y los incentive, es muy importante para que Colombia siga fortaleciendo su periodismo regional. No puede ser que en el país haya territorios vedados para el periodismo, como está ocurriendo hoy en día en algunas regiones, a las que ni siquiera los medios nacionales están enviando a sus corresponsales por cuestiones de seguridad. n

*El Premio de Periodismo Regional Semana-Grupo Argos, con el apoyo de PNUD y la FLIP, estrena este año dos nuevas categorías y cierra sus inscripciones el 29 de febrero. Conozca más en Semana.com/PremioRegional