¿Hubo soborno para obtener la garantía bancaria en el millonario contrato de MinTIC?

La denuncia que está en poder los fiscales anticorrupción quienes asumieron la investigación por el escándalo del millonario contrato adjudicado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Unión Temporal Centros Poblados, fue radicada por quienes, según el contratista, sirvieron de intermediarios en la obtención de las garantías bancarias presentadas en el proceso de adjudicación y sobre las que pesan dudas de legalidad.

Se trata de la empresa Rave, una corredera de seguros con experiencia de 45 años en el mercado, que ahora presentó una denuncia porque su nombre fue involucrado en las presuntas irregularidades en el contrato para la conectividad de 7.000 puntos en las zonas más apartadas en el país, el mismo contrato que terminó en la caducidad y una dura sanción para los contratistas.

En la denuncia, la empresa advierte que no ha tenido una relación diferente a la obtención de pólizas extracontractuales con Centros Poblados, contrario a lo que señalaron los representantes de la Unión Temporal, al asegurar que fue Rave la encargada de conseguir la persona que gestionaría la obtención de las garantías bancarias.

“En virtud de la experiencia comercial antes referida y con la confianza generada durante los años transcurridos, el señor Jorge Molina Mayorga me manifestó que poseía un lote en la ciudad de Santa Marta, de un alto valor comercial pignorado a través de una banca de inversión al banco Itaú - Corbanca Colombia, y por tal motivo era quien tenía la facilidad para conseguir los cupos de crédito y garantías bancarias”, se lee en la denuncia que está en poder de la Fiscalía.

Pero no es todo, en el documento los denunciantes dejan en conocimiento de la Fiscalía, un evento que llamó la atención: la persona que se comprometió a conseguir las garantías bancarias para que Centro Poblado participara en la licitación, advirtió que necesitaba 50 millones de pesos para “solucionar” los problemas en el banco.

“Me solicitó (y aún no comprendo con qué propósito) que le entregara recursos por valor de $50.000.000 con el objeto de organizar una reunión con las directivas del Banco Itaú, para solicitar la aclaración del malentendido; equívoco que, según su parecer, fue provocado por una funcionaria que no estaba al tanto de la negociación”, reza la denuncia y que ahora es materia investigación.

Los representantes de Rave, corredora de seguros, advierten en su denuncia que ellos no tienen la posibilidad de obtener garantías bancarias, pues su experiencia está en las pólizas y eso justamente fue lo que tramitaron mientras trabajaron para Centros Poblados. “El día 2 de Julio de 2021 procedí a enviar un oficio a la Unión Temporal Centros Poblados 2020 manifestando la posible irregularidad de la garantía bancaria enunciada y sugerir sea tenida en cuenta para la adjudicación del proceso”.

Dicen los representantes de Rave, que ya rindieron diligencia de interrogatorio en la Fiscalía, que enfrentaron al intermediario, encargado de gestionar la garantía bancaria y éste advirtió que todo se hizo en regla y directamente ante funcionarios del banco, sin embargo el resultado fue diferente, fue el propio banco quien advirtió la irregularidad en el trámite.

La Fiscalía tiene en su poder la denuncia de los corredores de seguros, que además advierten, el presunto intermediario no tiene contrato ni vínculo laboral con ellos, actuó como un tercero con Centro Poblados. Ahora los investigadores deberán confirmar las explicaciones de la empresa de cara a establecer si hubo un presunto pago para solucionar los “problemas” en el trámite de las garantías.