Huertas caseras en Bogotá como opción para la autosostenibilidad alimentaria de víctimas del conflicto

Fresca es el nombre de la marca de productos caseros cultivados por cinco familias que lograron superar los episodios de violencia, y quienes ahora ven en estos proyectos productivos una forma de generar recursos para su autosostenibilidad.

“Inicialmente no teníamos idea de cómo funcionaba un cultivo hidropónico, y la Fundación Suiza empezó a hacernos visitas para conocer el espacio para el desarrollo del proyecto, y ahí comenzamos un trabajo mancomunado para realizar la instalación”, explicó Nelson Ramírez, un exsoldado profesional que en 2008 fue víctima de una mina antipersonal.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Suiza para el Desminado (FSD) y la Unidad para las Víctimas, se gestó en 2020 cuando ambas partes firmaron un acuerdo de intercambio de información para identificar a población afectada por minas antipersonal que residen en el sur de Bogotá.

La implementación de este proyecto piloto de huertas caseras y cultivos limpios, que cuenta con recursos que provienen de cooperantes internacionales, va desde la selección de las familias beneficiadas, la instalación eléctrica de las estructuras (modelo piramidal y materas de sustrato), la siembra de plantas, la recolección de la cosecha y la comercialización de los productos.

De acuerdo con Nelson, “lo primero que pensamos es que la sociedad necesita cultivos que le ayuden al medio ambiente, que sean saludables y que sean limpios. Además, esto no solo le sirve a la sociedad, sino que también nos sirve para tener una estabilidad económica”.

También contó que este sería un ejemplo para el país de incursionar en muchos mercados y para demostrar que las víctimas también quieren aportar desde la parte ambiental y de alimentos.

Por cada familia se sembraron más de 300 plántulas o cogollos en sus viviendas, principalmente lechugas, cilantros, perejiles, acelgas y mezclas asiáticas. El proyecto se les ha brindado a las familias beneficiadas la oportunidad de aprender la paciencia del cultivo, a sembrar y a tener la constancia y el cuidado necesarios.

Angelica De Santis, directora de Fundación Suiza para el Desminado en Colombia, aseguró: “Nuestra idea es poder extender este piloto a más beneficiarios, lo cual ya estamos trabajando con la Unidad para las Víctimas, identificando a las familias que puedan acceder a estos proyectos, que tengan las condiciones, las estructuras y el compromiso para desarrollarlas”.

El siguiente paso será ir a las regiones para implementar huertas comunitarias, e involucrar a más población víctima con el apoyo de las autoridades locales.

Solo el 12 % de las víctimas del conflicto armado han sido reparadas, advierte la Defensoría

Revisar los recursos asignados para la reparación a las víctimas del conflicto armado, pidió este miércoles la Defensoría del Pueblo tras advertir que en los 10 años de vigencia de la ley, solo el 12 % de las personas que han sido afectadas por la acción de los grupos armados ilegales han sido beneficiadas con las normas aprobadas por el Congreso de la República.

La entidad demandó que en el Presupuesto General de la Nación 2023, que se estudia en el legislativo, se hagan los ajustes necesarios para garantizar los recursos necesarios para priorizar y atender integralmente a ese sector de la población.

Señaló que la indemnización a las víctimas del conflicto armado es uno de los presupuestos centrales para la construcción de paz, pero que esto “no se está dando con la celeridad que se requiere”, por lo que consideró que se debe avanzar en la incorporación de más recursos que permita que las víctimas sean indemnizadas adecuadamente.

Según un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas informe, quedan pendientes por indemnización 8.813.711 de víctimas y si se toma el presupuesto proyectado en el CONPES 4031 del 2021, serán indemnizadas aproximadamente 1.170.706, lo que indica que el presupuesto sigue siendo bajo.

“De persistir con esa tendencia de pagos, se tardarían 80 años para garantizar el derecho a la indemnización a todas las víctimas”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.