NACIÓN
Hugo Arévalo, el polémico alcalde que provocó la turba en El Rosal
El pasado martes una turba enfurecida salió a respaldar al alcalde de El Rosal, Cundinamarca, Hugo Arévalo, a quien condenaron y suspendieron por concusión. Lo defendían a pesar de las pruebas en su contra. Esta es la historia.
A Hugo Arévalo sus presuntas actividades de corrupción le hicieron ganar fama. Desde enero de este año el político de Cambio Radical comenzó a aparecer discretamente en notas de prensa, y junto con él, también El Rosal, el pequeño pueblo de Cundinamarca de donde fue funcionario.
En la tarde del martes 4 de septiembre a Arévalo le dictaron medida de aseguramiento acusado del presunto delito de concusión. Según la Procuraduría, el alcalde destituido había cobrado sumas de dinero a diferentes dueños de predios para que cambiara el uso del suelo para realizar proyectos urbanísticos. Cuatro personas llevaron la denuncia a la Fiscalía y eso es lo que tiene a Arévalo fuera de su cargo y en prisión.
Según Julián Giraldo, uno de cuatro denunciantes, durante la primera alcaldía de Arévalo, en el periodo 2008 al 2011, este le pidió plata para hacer proyectos en el predio propiedad de Giraldo. “En el primer mes de esa alcaldía me pidió una plata para hacer unos proyectos en mi predio. Yo tenía una licencia de parcelación, y me pidió 50 millones a mí en una reunión, me negué y resultó que hicieran lo posible para que mi licencia se caducara y no pudiera ejercerla. Esa fue la primera vez que me pidió”, afirma el denunciante.
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Las quejas tuvieron su efecto. El 7 de mayo la Procuraduría destituyó al alcalde y a seis concejales de su séquito. 18 años de suspensión para Arévalo y 14 para los concejales. La reacción de los acusados fue apelar a segunda instancia en la sala disciplinaria de la Procuraduría “y la ley exige que el funcionario para acogerse en segunda instancia queda automáticamente en su cargo, la Procuraduría le acaba la carrera política pero regresa al cargo para acabar de tirarse en todo lo que uno pueda hacer”, dijo Alberto Cuéllar, otro denunciante.
La semana anterior la Fiscalía solicitó que se hiciera una audiencia de imputación de cargos. El lunes el abogado de Arévalo no se presentó por incapacidad. El miércoles el alcalde no se presentó y un grupo de gente se reunió para protestar en contra de la futura sentencia que recibiría el funcionario.
Se aplazó para el jueves. Fue una sesión de imputación de cargos que duró 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Arévalo siempre se declaró como inocente, por lo extenuante que se volvió la jornada el veredicto sería el día martes 4 de septiembre a las 2 de la tarde.
A esa hora llegaron, se dieron los alegatos correspondientes y el juez consideró que la tesis de la Fiscalía estaba acorde con los delitos que Arévalo había cometido. Y a las 5:30 p.m. se dictó medida de aseguramiento intramural.
Inmediatamente el caos se apoderó de El Rosal. Los seguidores del alcalde se levantaron en rabia y furia contra el juzgado. Adentro, funcionarios de la Procuraduría, secretarios del juzgado y denunciantes quedaron atrapados.
“Nos quedamos esperando, la verdad, a que nos mataran”, dijo Cuéllar, “porque la ayuda del Esmad se demoró en llegar, llegaron a las 8:45 de la noche”.
“Hemos iniciado inmediata investigación contra la turba que en El Rosal #Cundinamarca atacó a nuestros fiscales,después de acreditar irregularidades en el #POT en ese municipio, que dieron lugar a medida aseguramiento contra su alcalde Hugo Orlando Arévalo”: Fiscal Martínez Neira pic.twitter.com/pdGWgnu1M8
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 5, 2018
Los fiscales, valientes, salieron antes de que su seguridad llegara. Los agredieron. La turba enfurecida –calculada por las autoridades en unas 400 personas- rompía vidrios, empujaba puertas y volvía casi chatarra los carros de los denunciantes.
Una vez llegó el Esmad lanzaron lacrimógenos, los cuatro denunciantes, sin ver lo que pasaba afuera se metieron en dos camionetas blindadas, en parejas, y huyeron como si fuera una película de acción. Dos caravanas diferentes, una comandada por un general y escoltada, tomaron rumbos distintos. El camino fue por zona rural hasta llegar a Bogotá.
“Nos informaron que gran parte de las personas fueron personas que trajeron al municipio de El Rosal para que hicieran ruido y generaran ese desorden”, cuenta Cuellar.
Las jugadas del alcalde
Cuellar recuerda que en la administración siguiente, entre 2012 y 2015, se les informó que a los propietarios que quisieran entrar en el proceso de cambio de uso de suelo fueran a la alcaldía para establecer el nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según los cuatro denunciantes todos cumplieron requisitos de ley. Ahí se definió el origen del problema, que complejizó y creó una enredadera política.
Los denunciantes, con el EOT asegurado, estaban felices de que por fin podrían hacer negocios con las tierras que les han pertenecido a sus familias por décadas. Pero con la nueva llegada de Arévalo en 2011 todo se les volvió a caer al suelo.
Alberto Cuéllar llevó a la Constructora Bolívar para una cita con la jefe de planeación del municipio Mónica Nieto, cuando llegaron a la reunión Nieto les dijo que en realidad el encuentro sería con el alcalde. Cuéllar sospechó de la cosa. Luego de una exposición desprestigiando la administración de su antecesor Jaime Forero vino la frase perla: según Cuéllar, Arévalo terminó diciendo que "ustedes saben cómo es esto, esto es con plata". Se paró y se fue.
Uno de los argumentos de Arévalo para no hacer realidad el proyecto inmobiliario en los terrenos de Julián Giraldo, Alberto Cuéllar, Guillermo y Andrés Leaño y otros dueños es que el municipio no tenía dinero ni agua. Y era verdad. Por ende, el municipio no podía cargar con el costo del recurso. Los cuatro denunciantes dicen que estaban de acuerdo en que tenian que poner el agua, pero una cosa eran los $208 millones que inicialmente les cobró Arévalo y otra los $10.000 millones que les cobró la Empresa Aguas de Bogotá por el mismo servicio. Había una diferencia abismal y, según ellos, sospechosa.
Cuellar no regresó a donde el alcalde hasta septiembre de 2017. Arévalo en ese entonces se reunió de nuevo con los propietarios de tierras, de nuevo se criticó a su antecesor e hizo una exposición en la que, de frente, planteó el pago de un dinero por sus gestiones: "donación por hectárea, 937 mil millones", recuerda Cuéllar.
Exposición de Arévalo donde exigía dinero
Pero no se quedó ahí. Según los denunciantes, Arévalo y sus concejales pidieron también hectáreas y hasta la casa de Julián Quintero y además $ 3.000 millones. En un audio grabado por el mismo Quintero se escucha a uno de los concejales solicitando $ 1.200 millones para él para sus cinco homólogos.
Pero no fue lo único que tuvo que padecer Quintero. Asegura que Arévalo lo extorsionó. También dice haber recibido llamadas de desconocidos que se hicieron pasar por el ELN para amenazarlo. Quintero ya denunció ante el Gaula.
Arévalo le dijo a SEMANA en momentos en los que lo investigaban para destituirlo que esos proyectos inmobiliarios harían que el mapa del municipio creciera notablemente, “cambiando el uso de suelo esos lotes pasan a valer miles de millones. No hay forma para darle agua a nuevas urbanizaciones en las zonas de expansión”, dijo Arévalo aquella vez. Además aseguró que se habían presentado pruebas falsas “para mostrarme como un delincuente”.
Arévalo decía tener fuertes argumentos para desmentir a quienes aseguraban que era un alcalde corrupto y extorsionador. Decía que quería velar por el desarrollo urbanístico de su pueblo pues las 4.000 viviendas que existían podrían crecer a 20.000 más con el proyecto urbanístico. Esto, según él, se traduciría en viviendas baratas para gente que no podía pagar un predio en la ciudad. Pero los denunciantes entregaron pruebas que hicieron dudar mucho del actuar del señor Arévalo.
El “sector de los discapacitados”
En El Rosal, a 10 kilómetros de Bogotá, hay un sector que varios de sus pobladores conocen que existe pero no saben dónde queda exactamente. Tiene un nombre particular, y hasta despectivo: el sector de los discapacitados. Si no se tiene un contacto de alguna persona que allí viva es difícil llegar. Pero algunos, muy pocos, tienen idea. “Las casitas”, le dicen también al lugar.
Ahí, en una de esas casitas, vive Humberto Cumbe, una de las trece personas discapacitadas que ubicaron en un sector que alguna vez fue un hueco que se rellenó con escombros, sin pavimentar, y que queda a menos de treinta metros de una quebrada. “A nosotros, por un programa de vivienda para los discapacitados, nos dijeron que nos darían unas casitas en el sector de Villa María, pero terminamos aquí”, dijo a SEMANA en marzo de esta año.
Varias de esas familias se beneficiaron parcialmente con esas casas, cuando, en campaña, el alcalde Hugo Arévalo, los buscó y los ilusionó con un proyecto decente.
Pero dijeron que eso nunca llegó. Les entregó cuatro paredes, sin pisos, sin techos, sin ventanas y sin puertas, además les cobró a las familias ocho millones de pesos. Pero Hugo Arévalo se jactó, cuando era investigado para su destitución, de que las casas son una maravilla, “esas casas son bonitas”, alegó. Dijo que el lote de Villa María fue un pago de un amigo suyo, los otros por su parte, alegaron que fue en realidad una donación para hacer realidad el proyecto de viviendas. Arévalo dijo que se trató de una obra benéfica y que esas casas “perfectamente valen 100 millones de pesos”.
Eso sí, en campaña agrupó a las familias y les dijo que en caso de ser elegido como alcalde les regalaría las casas equipadas por completo. Cosa que en realidad no sucedió. A muchas familias les tocó poner plásticos en vez de ventanas, y tejas improvisadas mientras llegó un alma caritativa que, al ver el abandono, les donó dinero para completar sus casas.
El Rosal era hasta hace pocos meses un municipio casi invisible en el mapa, pero gracias a este funcionario, logró tener algo fama. Ahora varios de sus pobladores esperan a que esa mala reputación se vaya a propósito de que Arévalo ya no está en su cargo y pasarán varios años hasta que pueda volver a ser elegido a un cargo público, algo que difícilmente ocurrirá.