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"El Gobierno se rindió ante las presiones de los exmilitares": José Miguel Vivanco

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch critica los beneficios jurídicos que le entregó Santos a los miembros de las fuerzas armadas a última hora. Semana.com habló con él.

25 de noviembre de 2016
| Foto: Guillermo Torres

En cuestión de horas, una de las organizaciones internacionales más prestigiosas en materia de Derechos Humanos, bajó del cielo al infierno el acuerdo de paz que suscribieron en el Teatro Colón el Gobierno y las FARC.

Un ajuste -incluido a última hora- en el documento final volvió a despertar la inconformidad del director de la División de las Américas de Human Rights Watch que por primera vez había desarmado sus críticas al proceso de paz.

Semana.com habló con José Miguel Vivanco sobre el cambio que les preocupa y las consecuencias que dejan esos ajustes. 

Semana.com.: En términos de justicia, ¿cuál es el cambio que le preocupa del nuevo Acuerdo que sellaron el Gobierno y las FARC?

José Miguel Vivanco: Hoy, a último minuto, el Gobierno introdujo una serie de cambios en las disposiciones sobre "responsabilidad del mando" del nuevo acuerdo. Es decir, las reglas que regulan en qué casos los comandantes deben rendir cuentas por los crímenes cometidos por sus subalternos. Con respecto a las FARC, se modificó una referencia explícita al Estatuto de Roma por una referencia más amplia y genérica al "derecho internacional". Es evidente que este cambio se hizo con el propósito de debilitar el concepto de responsabilidad del mando e intentar proteger a los comandantes de las FARC. Sin embargo, afortunadamente, el derecho internacional recoge lo establecido en el Estatuto de Roma sobre este punto y por lo tanto el daño es controlado.

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Semana.com.: Entonces, ¿qué fue lo que tanto le molestó?

J. M. V.: La modificación que se hizo al nuevo acuerdo en relación a agentes del estado es mucho más grave. En este caso, a las carreras, esta mañana, mediante un comunicado de prensa, el Gobierno derechamente eliminó un párrafo entero del nuevo Acuerdo de Paz (el párrafo segundo del apartado 44), un documento, por cierto, que el propio gobierno había advertido que era "definitivo". Esta modificación intempestiva, hecha entre gallos y medianoche, responde a las presiones de los altos mandos del Ejército y de ACORE, quienes temen que oficiales activos y retirados puedan ser llamados a rendir cuenta por atrocidades, como los más de tres mil casos de "falsos positivos".

Semana.com.: Qué quiere decir...

Con esta modificación, las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz no deberán demostrar que los comandantes (fuerzas armadas) tenían control sobre sus tropas, sino, algo mucho más difícil de probar: que tenían control sobre los delitos cometidos por sus subordinados mientras estos delitos estaban ocurriendo.

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Semana.com.: ¿Cuáles vienen siendo las consecuencias de este ajuste que se coló a última hora?

J. M. V.:  Este cambio es muy preocupante tanto en términos jurídicos como políticos. En términos jurídicos, la definición restrictiva del "principio de responsabilidad del mando" que introdujo el Gobierno de forma intempestiva podrá permitir que los comandantes del Ejército eviten rendir cuentas por los crímenes cometidos por sus subalternos. Este punto es clave porque muchos de los generales del Ejército que se encuentran bajo investigación por casos de "falsos positivos" están siendo investigados por el "principio de responsabilidad del mando"; por ejemplo, el excomandante de Ejército Mario Montoya Uribe. Serán precisamente ellos los que se beneficiaran con este cambio y podrían eludir la justicia, mientras los soldados a su mando siguen siendo castigados.

Semana.com.: ¿Y en términos políticos?

J. M. V.:  En términos políticos, es sumamente preocupante que luego de la pataleta de los militares contra el concepto de responsabilidad del mando incluido en el nuevo texto, el Gobierno se arrodille y corra a reformar lo que le exigen, ignorando sus obligaciones jurídicas internacionales y los derechos de las víctimas a la justicia. Pareciera que en Colombia los militares pueden elegir qué normas se les aplican y cuáles no. Para colmo, el Gobierno pone en escena todo un sainete para justificar este retroceso, en el cual todas las partes -los negociadores, el Gobierno y las FARC- hacen de cuenta que no está pasando nada, que sólo se están haciendo arreglos de forma (o "fe de erratas") y nos toman el pelo a todos. En su discurso del 15 de noviembre el presidente Santos resaltó el cambio sobre responsabilidad del mando y dijo que era un "tema de interés para la Corte Penal Internacional". ¿Cómo puede el Ministro de Defensa decir que se trata de un "mico"? ¿Se coló un mico de tanta envergadura en el nuevo acuerdo y en el discurso del Presidente? Toda esta puesta en escena es un insulto a la inteligencia de los colombianos.

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Semana.com.: En la carta que Human Rights Watch (HRW) envió este miércoles al presidente Santos, manifiestaba que este acuerdo es mejor que el original. Con estos ajustes, ¿esa calificación sigue dada?

J. M. V.:  Los cambios del nuevo Acuerdo de Paz sobre "responsabilidad del mando" fueron quizás el factor central que justifica esa carta, de modo que estamos profundamente decepcionados por estos retrocesos que constituyen un fraude. Producto de estas maniobras se restablece la versión criolla del principio de responsabilidad del mando que incluía el acuerdo original. En cuanto a la rendición de cuentas de militares, estamos igual de mal que al comienzo de todo este proceso.

En relación con las FARC, la definición de responsabilidad del mando sigue siendo mejor que la del acuerdo original y existen mejoras en relación con las sanciones restaurativas, las cuales aún deberían precisarse y fortalecerse más en la legislación de implementación. Esperemos que a las partes no se les ocurra salir con más "micos" o "fe de erratas" para seguir retrocediendo sobre estos temas. Pero dado lo que ha ocurrido, nada me sorprende.

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Semana.com.: ¿Por qué le preocupan más los militares que las FARC?

J. M. V.: No es que me preocupen más los militares que las FARC. Al contrario, de lo que se trata es que se aplique el mismo estándar y que los comandantes de ambos lados respondan igualmente por los crímenes de sus subalternos y de forma consistente con el derecho internacional. Pero aquí, el Gobierno se rindió ante las presiones de ACORE y les ha fabricado una definición de responsabilidad del mando mucho más limitada que la existe para las FARC. La definición de las FARC al menos tiene una referencia al "derecho internacional". En cambio, la definición para agentes del estado es una completa tergiversación del derecho internacional.

Semana.com.: Si se deja el concepto incluido para las FARC en la fe de erratas: "tal y como se establece en el derecho internacional", ¿quedaría tranquilo o es necesaria la referencia al Estatuto de Roma?

J. M. V.: Obviamente sería mejor una referencia explícita al Estatuto de Roma, pero tal como le he dicho, afortunadamente el derecho internacional coincide con el Estatuto en este punto. Ojalá no haya más sorpresas, es decir, "fe de erratas".