Los incentivos perversos detrás de los “falsos positivos”

Recientemente descubrimos una directiva militar que corrobora los más serios temores acerca de la existencia de una política oficial de recompensas que ayudaría a explicar la práctica de falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Como es sabido, ya muchos soldados han declarado que las presiones para reportar resultados en combates –y los premios a quienes los reportaban– fueron un incentivo perverso detrás de estos más de 3.000 homicidios. Esta directiva confirma estos trágicos estímulos.

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Se trata de un documento firmado por el general Martín Orlando Carreño Sandoval mientras estuvo al frente del Ejército entre 2003 y 2004, que crea una fórmula para determinar cuándo los soldados podían recibir una “condecoración de servicios distinguidos”. Por ejemplo, para recibir este premio los comandantes de brigadas debían reportar al menos 150 combatientes enemigos muertos y otros 500 capturados. El teniente Marco Fabián García Céspedes, quien actualmente está preso por varias ejecuciones, mencionó en su confesión de 2013 que esta condecoración fue uno de los motivos por los cuales se involucró en falsos positivos.

Hay evidencias adicionales y muy convincentes que sugieren que el Ejército favoreció progresivamente las muertes por sobre las capturas, empeorando aún más estos incentivos perversos. Por ejemplo, otra directiva dada a conocer el año pasado por Human Rights Watch indica: “las bajas no es lo más importante, es lo único” que importa. La directiva aparentemente describía las políticas del General Mario Montoya Uribe, quien estuvo al frente del ejército entre 2006 y 2008, el período durante el cual se registró la mayor cantidad de falsos positivos.

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A medida que estos homicidios generaron mayor preocupación nacional e internacional, el general Montoya parece haber intentado ocultar pruebas de estos incentivos. El año pasado, Human Rights Watch dio a conocer las declaraciones de un general del Ejército que afirmó que, en 2008, el general Montoya pidió a soldados que incineraran la directiva de Carreño sobre el otorgamiento de las “condecoraciones de servicios distinguidos”. Otro documento que descubrimos recientemente corrobora esta orden. Se trata de un documento firmado por el entonces segundo comandante de la décimo primera brigada, y se refiere al “cumplimiento a la orden emitida por el señor mayor general comandante del Ejército Nacional, consistente en incinerar” la mencionada directiva del General Carreño.

A medida que avanzan las causas penales contra oficiales de rango medio, surgen nuevas pruebas que sugieren que los altos mandos tuvieron un rol clave en estos homicidios. Sin embargo, hasta el momento sólo ha sido imputado un general, el General Henry William Torres Escalante, quien, gracias a deliberadas maniobras dilatorias, hasta ahora, ha logrado evadir el juicio ¿Cuánto más tendrán que esperar las víctimas para que rindan cuentas los altos mandos por su presunto rol en falsos positivos?

*Director para las Américas de Human Rights Watch