Humberto de la Calle e Iván Cepeda ‘chocan’ sobre la paz total con las disidencias de las Farc: estos son los argumentos de cada uno

Todos los caminos conducen a Roma. En Colombia habrá diálogos de paz con todas las estructuras criminales, y el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado puntadas sobre el tratamiento que tendrán las bandas para intentar silenciar los fusiles.

Aunque seguramente nadie está en contra de la paz en Colombia, sí hay reparos sobre la manera como se está construyendo ese camino y las fórmulas que se aplicarán con los distintos grupos al margen de la ley. En ese camino están dos pesos pesados de la política que, además, han estado desde hace varios años en la búsqueda de la paz: Humberto de la Calle e Iván Cepeda.

El primero fue jefe de la delegación de paz del Gobierno y el segundo ejerció como facilitador del acuerdo con las Farc en La Habana. A pesar de que recorrieron el mismo camino, la denominada paz total los ha llevado a tener unas diferencias sobre los posibles diálogos con las disidencias de las Farc.

El senador De la Calle cree que hablar de nuevo con ellos es “enviar un mal mensaje al país” porque ya tuvieron una oportunidad. “El incumplido triunfa; premian al incumplido incluso en demérito de los que están cumpliendo del Partido Comunes, que son los excombatientes que siguen firmes en la paz y que son la mayoría”.

Por esa razón, a juicio del senador, Iván Márquez no merece una segunda oportunidad. “Se traicionó a sí mismo; nosotros estuvimos casi cinco años viendo la evolución de las conversaciones y todo se negoció allí con la intervención permanente del señor Márquez, ¿cuál es la razón para que ahora haya que creer que sí va a cumplir esta vez? A esa decisión del Gobierno manifiesto mi oposición”.

Esta es la primera diferencia entre los congresistas porque para Cepeda el diálogo debe ser para todos sin excluir a ninguno porque el objetivo es silenciar todos los fusiles en Colombia. “Vamos a dialogar con todos los grupos que hay y hoy ejercen violencia. Ahora bien, el tratamiento que se dará a cada uno tendrá un análisis reposado para ver cuál es la alternativa en cada caso”.

Sin embargo, el senador del Pacto Histórico aclaró que dialogar nuevamente con la ‘Segunda Marquetalia’ no se traducirá automáticamente en una renegociación del Acuerdo de Paz que se suscribió en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP. “Es necesario que se detenga todo el accionar de los grupos criminales, por eso hemos hablado de una paz total para buscar soluciones a todos los aspectos de violencia en Colombia”.

Otro camino espinoso será definir si el grupo de Iván Mordisco podrá tener un reconocimiento y estatus políticos porque, a pesar de que quedó claro que quienes hayan delinquido después de la firma del Acuerdo de Paz se someterían a la justicia ordinaria, lo cierto es que esa facción nunca estuvo en los diálogos, por lo que podría interpretarse que jurídicamente es viable un diálogo de paz, algo que definitivamente no ocurriría con la ‘Segunda Marquetalia’ de Márquez, porque ese grupo sí abandonó el tránsito a la legalidad y volvió a las armas. “Por ejemplo, mencionar el cese del fuego sin contraprestación es riesgoso. Es que el cese del fuego se pactó en Cuba mucho más adelante, cuando ya había compromisos en varios puntos y una dinámica que podía hacer prever que llegaríamos al cese del fuego bilateral, que además, estuvo precedido varias veces por ceses unilaterales de las partes”, dice De la Calle.

Frente a este punto, Cepeda sostiene que el cese del fuego multilateral sería el punto de partida para beneficiar a las comunidades donde más se vive el conflicto, por lo que se está avanzando a toda máquina en ese camino. De hecho, el presidente Gustavo Petro dijo desde Nueva York que se estaba a días de que se decretara esa medida con los grupos criminales. Otro punto de discordia entre los congresistas es el de los beneficios que se ofrecerían en el proyecto de sometimiento a la justicia. Para De la Calle es “agotar unas cartas antes de negociar” y no se ha definido ni siquiera a qué se les llama estructuras criminales. “Yo creo que debe ser un sometimiento por la vía de la justicia ordinaria, pero estructuras es cualquier cosa, ese es el otro problema, definir con quién estamos conversando, con quién va a conversar el Gobierno”.

El narcotráfico es otro tema importante en el que tienen diferencias. De la Calle cree que se debe atajar inmediatamente la posibilidad de que haya colados en los posibles diálogos porque el Gobierno no tiene información exacta de quiénes integran esas bandas criminales y la inteligencia deberá determinar que no se vendan “franquicias” para que delincuentes comunes reciban beneficios. Sobre ese particular, Cepeda explica que el Gobierno está abierto a debatir ese punto porque habrá una diferenciación entre los grupos que tienen carácter insurgente y las organizaciones que están dedicadas netamente al negocio de la cocaína.

En lo que coinciden es que las críticas que se han hecho desde Estados Unidos a la participación de Nicolás Maduro como garante de paz en el posible diálogo con el ELN no tendrán consecuencias negativas ni afectarán las relaciones históricas con la Casa Blanca. “Una cosa son las críticas que se tenga sobre el régimen político que hay en Venezuela y otra el rol que ha cumplido ese país y sus gobiernos en la construcción de la paz en Colombia. Hasta Álvaro Uribe solicitó la intervención de Venezuela en distintas operaciones de paz”, dijo Cepeda.

Entre tanto, De la Calle coincide con Cepeda y afirma que “luego yo en esto, con franqueza, sí estoy de acuerdo con la decisión de Petro”, porque Venezuela es un país con una política de paz que da garantías a las partes. Sobre el ELN coinciden en que operará un nuevo proceso de paz, a pesar de que la experiencia con las extintas Farc marcará una hoja de ruta que podría facilitar algunos puntos pero los planteamientos cambiarán radicalmente. Por eso, los dos señalan que no habrá un “copy page” de La Habana y las dinámicas irán marcando las diferencias.

Eso sí, en diálogo con SEMANA los dos congresistas pidieron a los apasionados de las redes sociales no graduarlos de enemigos porque sencillamente tienen posturas distintas sobre un mismo tema, pero están de acuerdo en que se debe lograr la paz lo más rápido posible. “En estas polarizaciones yo creo que es mejor hacer caso omiso, pero con Iván Cepeda tenemos una diferencia política importante sobre la concepción del Estado, incluso la concepción del mundo, eso es indiscutible, yo pertenezco al liberalismo y no estoy en la izquierda, tengo unos elementos socialdemócratas de centro izquierda, pero en el tema de la paz hemos colaborado y trabajado juntos”, dice De la Calle.

Sobre este punto Cepeda dice que “lo único que hay es respeto y admiración. Si hay críticas debemos responderlas porque es importante la deliberación y lamento decepcionar a quienes están buscando peleas en la política colombiana”.

El borrador del proyecto de ley

Pese a que esta discusión política se ha dado en buenos términos, la próxima semana la temperatura podría aumentar porque llegará el texto final del proyecto de ley de sometimiento a la justicia y algunos puntos prometen álgidas discusiones. Por ejemplo, se contemplarán rebajas de penas de hasta un 60 por ciento y los integrantes de las estructuras criminales podrían quedarse con un 10 por ciento de sus bienes que son producto de la ilegalidad.

Sobre la discusión semántica que existía, se definió que definitivamente se usará la palabra sometimiento y no acogimiento, como se había planteado desde algunos sectores políticos. En el borrador queda claro que se mantendrá lo acordado entre el Gobierno y las extintas Farc, por lo que el tratamiento a los disidentes o a quienes hayan quedado por fuera del Acuerdo de Paz será a través de la justicia ordinaria.

El borrador del proyecto de ley de sometimiento plantea unas reformas a ciertas leyes, como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, y modificaciones al capítulo de sometimiento a la justicia que está en el Código de Procedimiento.

En total serán 90 los artículos que tendrá este proyecto de ley y queda claro que habrá un tratamiento diferencial entre los altos mandos y los rasos de las diferentes estructuras criminales.

El proyecto contemplará el tema de las prisiones comunitarias, que será un mecanismo sustitutivo de la prisión intramural, lo que significa que se pagará la privación de la libertad en un lugar de arraigo del condenado, aunque el juez tendrá la última palabra.