Celulares son el hurto perfecto

En Colombia se roban más de 1 millón de celulares al año. Apenas una mínima fracción de los casos se denuncia y aun menos teléfonos se recuperan. Pese a que el Estado puso en marcha desde hace dos años toda una estrategia para enfrentarlo, este sigue siendo el delito que más preocupa a todos y el que más impacta la percepción de inseguridad.

La generalización de los celulares, en especial los teléfonos inteligentes o smartphones, ha tenido un indeseable efecto secundario: hoy día, casi todo el mundo lleva en el bolsillo, invertidos en uno de esos aparaticos que lo mantienen comunicado y conectado día y noche, entre 200.000 y 1 millón de pesos. Una verdadera tentación para los amigos de lo ajeno.

De allí que el hurto de celulares se haya convertido, en Colombia y en el resto del mundo, en el principal rubro de robos en las grandes urbes y en un negocio ilegal de carácter transnacional que les da cada día más dolores de cabeza a las autoridades.

En Colombia se robaron el año pasado, según el general Jorge Hernando Nieto, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, 1.114.141 celulares. El dato exacto se conoce por primera vez porque solo en 2013 se empezaron a separar estadísticamente las cuentas de los celulares perdidos y robados que se denuncian a las empresas de telefonía móvil, los cuales llegan al doble de esa suma. Aunque algunos ciudadanos luego cancelan su denuncia, los expertos creen que en el país se roban alrededor de 1 millón de celulares al año. Es decir, dos aparatos cada minuto. Solo en Bogotá, que encabeza de lejos la lista, fueron hurtados el año pasado más de 400.000.

Francisco Lloreda, alto consejero de Seguridad Ciudadana y responsable del diseño de la estrategia que se lanzó desde 2012 contra este delito, sostiene que, aunque la denuncia por robo de celulares ha aumentado, en realidad el fenómeno estaría disminuyendo ligeramente, de acuerdo con las encuestas de victimización. “Hemos avanzado. Hay una reducción”, dice, aunque reconoce que es insuficiente: “Pero sigue siendo el delito de mayor impacto, medido por frecuencia”.

Impacto es la palabra. El transporte público, los sistemas de transporte masivo, como TransMilenio, las calles y los centros comerciales se han convertido en los lugares preferidos para robar celulares. El fenómeno es tan generalizado y tan impune que muchos ciudadanos ven, impotentes, cómo el único remedio para evitar ser víctimas de los cacos parece ser la insólita recomendación que alguna vez hizo el alcalde Petro: “No usar el celular en la calle”.

Las dificultades para luchar contra este delito son múltiples. En primer lugar, los celulares que se roban en Colombia van, en su mayoría, a Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y otros países, de modo que, sin cooperación internacional, es inviable la lucha contra los grupos multinacionales de crimen organizado que están detrás de este hurto sistemático. Hasta ahora, solo con Ecuador esa cooperación funciona con fluidez.

La Policía ha creado 43 grupos especializados en sus seccionales. La Fiscalía está aplicando en Bogotá un plan piloto de priorización de algunos delitos y, en primera fila, está el robo de celulares (apenas lógico pues en la capital se roba casi la mitad de todos los celulares de Colombia). Se han identificado 32 bandas. Se ha desmantelado una veintena, pero en la propia Fiscalía son conscientes de que al acabar con una, a menudo solo se le deja el campo libre a las rivales.

Una dificultad mayor ha sido el registro de los celulares. En el país hay 47 millones de líneas activas. De ellas, 10 millones son pospago y están todas registradas. Del resto, prepago, solo 14 millones lo están, y más del 60 por ciento está pendiente de registro. Pese a que el gobierno expidió una norma para hacerlo o bloquear las líneas, que venció hace tiempo, 23 millones de celulares prepago no están registrados. Las compañías celulares solo bloquean unos miles de líneas por mes y el gobierno no ha tomado medidas drásticas para lograr que lo hagan con todas.

Así, se constituyó una base de datos ‘negativa’, en la que figuran los celulares robados y perdidos, tal como los usuarios los reportan a las empresas telefónicas. Pero la base de datos ‘positiva’, en la que debe estar cada celular que se venda y que es indispensable para controlar que no se dupliquen los Imei (que son como la huella dactilar de cada equipo), no se ha podido completar.

La denuncia es mínima. Por el millón de celulares robados el año pasado, se instauraron apenas 18.000 denuncias, el 1,6 por ciento del total. Se está haciendo un esfuerzo tanto para crear una cultura de la denuncia como para hacer conciencia de que comprar un celular robado solo es fuente de líos para quien lo haga. Pero en ambas direcciones los avances son desesperadamente lentos. Por eso, en parte, no extraña que no se recuperen muchos teléfonos robados: apenas 18.134 en 2013.

Los que los roban salen fácilmente de la cárcel, pues la figura penal es hurto simple, que es excarcelable. El año pasado se capturaron 12.740 personas por robo de celulares y solo se procesó el 10 por ciento, 1.275. De allí los esfuerzos de las autoridades por atacar las organizaciones, a cuyos miembros se les puede imputar concierto para delinquir, ese sí no excarcelable.

Antes estas dificultades para atacar un negocio ilegal cada vez más sofisticado e internacional, no es de extrañar que el hurto de celulares prolifere. Ya no hay que robar un banco para hacer el robo perfecto.