ICBF en La Guajira tendrá que rendir cuentas a la Procuraduría por caso de explotación sexual de una niña de 13 años

Un presunto caso de explotación sexual con una menor de edad en el departamento de La Guajira llevó a la Procuraduría General de la Nación a solicitar información al director regional (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Rodrigo Elías Daza, sobre las acciones adelantadas.

El funcionario tendrá que informar al Ministerio Público la fecha de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, su estado actual y las medidas de protección que se adoptaron en favor de la menor de 13 años, quien habría sido entregada por sus padres a un sujeto de 55 años, quien al parecer pagó 7 millones para llevársela a Santander y abusar sexualmente de ella.

Con esta actuación, el ente de control busca establecer cuál ha sido la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF para la niña y su familia, por lo que el ICBF tendrá también que remitir las actuaciones de verificación de derechos por parte de las autoridades competentes.

De igual manera, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer solicitó al Personero Municipal de Riohacha que evalué el seguimiento e intervención administrativa adelantados por el ICBF.

Con esto se busca garantizar “el acceso a la justicia, a la no revictimización y a una vida libre de violencias para la niña y su familia”.

“Dada la gravedad de este caso conocido a través de los medios de comunicación, el Ministerio Público requirió a la Secretaría de la Mujer en La Guajira, un informe detallado sobre la activación de rutas de atención intersectorial, para la atención integral de violencia sexual en favor de la menor de edad”, señaló.

Esta última deberá enviar a la entidad de control un Informe detallado sobre las medidas de atención brindadas por el sector salud a la niña de 13 años, de acuerdo con el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual.