ICBF responde por denuncias de presuntas irregularidades en Programa de Canastas Nutricionales

La Contraloría General de la República publicó un informe en el que detalla 69 irregularidades en la entrega de raciones de alimentos del Programa Canastas Nutricionales por parte de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ante las graves denuncias, el ICBF se pronunció con un comunicado, asegurando que desde el primer momento en que se flexibilizaron los servicios por cuenta de la pandemia de covid-19 se pidió acompañamiento al organismo de control.

La directora Lina María Arbeláez “señaló que el ICBF no ha recibido oficialmente el informe de la Contraloría General, a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias“.

Asimismo, añadió que desde el principio el ICBF puso a disposición de dicha entidad las bases de datos de los usuarios y toda la información pertinente para lograr el acompañamiento solicitado “y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios”.

Arbeláez añadió que desde el ICBF se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que operadores se lucren de los recursos que están destinados a la niñez, como la aplicación BienestarApp y Betto, “los cuales son vehículos de transparencia para que la contratación que adelanta el instituto, orientada a la atención de los niños de Colombia se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos”.

La directora explicó que Betto incorpora inteligencia artificial con capacidad de utilizar algoritmos de controlen las plataformas de ciberseguridad para dar todas las certezas a los procesos de contratación administrativa.

Asimismo, advirtió que en la institución se adelantarán todas las investigaciones administrativas para establecer las responsabilidades de los contratistas, con el fin de que estas trasciendan al ámbito penal.

¿Qué dice el informe de la Contraloría?

Según la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos; menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios; y casos como el de una madre que recibió raciones por 172 hijos que tendría en un solo municipio.

De acuerdo con la Contraloría, una vez se declaró la emergencia sanitaria por causa de la covid-19, el Programa Canastas Nutricionales “contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa”.

Luego de que se realizaron los contratos, la DIARI inició el plan de vigilancia a dichos recursos, encontrando así que varios contratistas del ICBF entregaron “28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos”.

Según la DIARI de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de una mujer que, según los datos hallados, reportó ser la madre de 172 hijos en el municipio de Chimichagua, Cesar, y de uno más en Fundación, Magdalena. Por lo que recibía raciones por los 173 supuestos niños.

Por otro lado, en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, se identificó un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad de los que aseguró ser el acudiente.

El mismo caso lograron identificarlo en Buenaventura, donde un adulto recibió 134 raciones de alimentos asegurando ser el tío político de los niños.

Además de eso, se encontraron nueve menores cuyos números de identificación aparecen en la base de datos de la Registraduría Nacional como fallecidos, pero que en las planillas del Programa Canasta Nutricional del ICBF estarían siendo suplantados como beneficiarios.

En el Chocó, por ejemplo, se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a la que se hizo dicho suministro.

Bajo el mismo modelo se hicieron 8 entregas en 2 menores de edad en Nariño, sumando así, 48 entregas a 21 pequeños que según la Registraduría ya habían muerto.

La directora de la DIARI, María Fernanda Rangel, aseguró que también se identificó un bajo cumplimiento en la ejecución de los contratos.