El ICBF y Registraduría adelantaron jornada de identificación de niños de La Guajira, para evitar que caigan en manos de criminales

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Registraduría Nacional adelantaron jornadas de identificación y registro de 600 niñas, niños y adolescentes wayúu en el municipio de Uribia, en La Guajira, con el objetivo de que no queden expuestos a bandas criminales.

“Los niños y niñas que no estén registrados corren mayor riesgo de ser excluidos y no podrán acceder a los servicios sociales básicos y pueden quedar expuestos a riesgos como la vinculación a grupos armados ilegales o bandas criminales”, indicó el ICBF por medio de un comunicado.

Las jornadas que son realizadas gracias a la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), “permitirán que los menores de edad gocen de su derecho a la identidad”. De acuerdo con la institución, esta primera fase se lleva a cabo en los corregimientos de Cabo de la Vela, Carrizal y El Cardón.

“El ICBF y la Registraduría Nacional continuarán desarrollando este convenio para garantizar los servicios de identificación y documentación de niños, niñas y adolescentes de Uribia, movilizando agentes de nivel nacional y territorial”, añadió.

Procuraduría le pone la lupa al PAE en La Guajira

Por otra parte, ante el regreso de estudiantes a clases, el Ministerio Público decidió centrar sus acciones regionales para garantizar la alimentación escolar. La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira requirió información sobre las acciones ejecutadas para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el 2023 en el departamento.

El requerimiento fue hecho a la Gobernación del departamento, así como a las alcaldías de los municipios de Riohacha, Uribia y Maicao, “con el propósito de verificar el estado del proceso de contratación y conocer los operadores que prestarán el servicio en sus respectivas jurisdicciones”.

De igual forma, el Ministerio Público también solicitó informar si las gestiones adelantadas garantizan el suministro de las raciones desde el primer día de clases y durante todo el calendario escolar.

En el caso de la Gobernación de La Guajira, indicó el ente de control, la información requerida se refiere a los municipios no certificados, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.

Informe sobre recursos a indígenas nukak

La Procuraduría General de la Nación también le solicitó al ministro del Interior, Alfonso Prada, un informe acerca de los recursos asignados al pueblo indígena nukak, ya que, de acuerdo con la delegada de Asuntos Étnicos del Ministerio Público, “se evidenció un abandono de las políticas estatales”. Hecho que habría quedado al descubierto durante un recorrido que realizó por los asentamientos en el departamento del Guaviare.

De acuerdo con la funcionaria de la Procuraduría General, son difíciles las condiciones en las que sobreviven los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en esta apartada zona del país, además de la “poca posibilidad de suplir sus necesidades básicas”.

Todo parece indicar que el presupuesto asignado a los nukak, presuntamente, “estaría congelado por una supuesta falta de Gobierno”. Según información recibida por la Procuraduría General, el monto sería aproximadamente por $15.000 mil millones por parte del Sistema General de Participación.

“Teniendo en cuenta las condiciones en la que viven estas comunidades, el ente de control pidió al Ministro responder si tiene conocimiento de estos recursos y si es así, informar la forma como han sido invertidas, pero si no existe a la fecha dineros dispuestos para estos, entonces solicitó determinar las acciones a tomar al respecto”, indicó el órgano de control por medio de un comunicado en el cual reitera su llamado frente a esta población vulnerable.