Impactante: acusado de asesinar al periodista Nelson Carvajal se suicidó en plena audiencia

Este viernes 2 de septiembre, el empresario huilense Fernando Bermúdez, principal acusado por la muerte del periodista Nelson Carvajal, se quitó la vida mientras se desarrollaba una audiencia judicial por su presunta actuación en el asesinato del comunicador.

Mientras se adelantaba la audiencia judicial por medio de plataformas digitales, el empresario tomó la decisión de quitarse la vida con un arma de fuego. El acusado se disparó en la cabeza mientras el juez que llevaba el caso realizaba una intervención.

De acuerdo con la información extraoficial, Bermúdez, quien fue exconcejal de Pitalito, Huila, estaba pidiendo la palabra durante la intervención del juez y en una medida desesperada, al ver que no era autorizado para hablar, en medio del desarrolló de la audiencia, tomó su arma de fuego y se disparó en la cabeza, perdiendo la vida de manera inmediata en su residencia en Armenia, departamento del Quindío.

El caso del asesinato del periodista

Hace 24 años, cuando salía de una escuela en la que también trabajaba, el periodista Nelson Carvajal fue asesinado. Había denunciado públicamente varios hechos de corrupción en Pitalito, Huila. Una de sus últimas investigaciones buscaba documentar irregularidades en la construcción de una urbanización en ese mismo municipio huilense. A través de Radio Sur, el comunicador hizo eco de las denuncias de algunos compradores, que insistían en que el lugar donde se adelantaba la construcción presentaba un alto riesgo de desastre.

Los ataques no terminaron con su muerte. La familia del periodista radial recibió amenazas que los obligaron a desplazarse constantemente de sus lugares de residencia. Los cambios seguidos de fiscales y las pruebas, que no conducían a una dirección clara que diera con los responsables, hacían dudar a la familia sobre qué tanto estaba avanzando el caso.

De las salas judiciales salían con más preguntas que respuestas, desesperanzados e indignados por no poder hacer nada. Recibieron ayuda de organismos no gubernamentales que apoyan la labor de la prensa y siguieron tocando puertas. Una investigación sin frutos rodeaba el asesinato de quien fuera el director del noticiero Momento Regional.

El caso de Carvajal es uno de los tantos crímenes que se cometen en contra de la prensa en el país. Un crimen sin respuesta que se suma a los 155 asesinatos de periodistas en circunstancias relacionadas con el oficio, según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Cuando la investigación llegó a un punto ciego, su familia y organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Flip solicitaron que su caso fuera declarado como un crimen de lesa humanidad. Una lucha para que el delito no prescribiera. Hasta hoy que, el tribunal con sede en San José informó que encontró al Estado responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales, así como al derecho a la integridad personal y de protección para los familiares del periodista.

En su resolución destacó que familiares del periodista asesinado sufrieron la violación de sus derechos de circulación y residencia, por cuanto varios se vieron obligados a dejar sus domicilios por enfrentar amenazas de muerte tras el homicidio. Carvajal fue asesinado de siete disparos el 16 de abril de 1998 en la localidad de Pitalito, en el departamento central de Huila.

“Ese hecho ocurrió en el marco de un contexto generalizado de impunidad por hechos de violencia contra periodistas en Colombia”, en momentos en que Carvajal informaba de irregularidades en la administración de fondos públicos y el lavado de dinero procedente del narcotráfico, según la Corte IDH.

La justicia colombiana llevó a juicio a tres personas, incluyendo a un empresario local y a un exconcejal, los cuales fueron absueltos en 2001, por lo que el asesinato se mantiene en la impunidad. La CIDH consideró al Estado colombiano responsable de la “dilación extraordinaria” de la investigación del caso y por no investigar las amenazas contra familiares de Carvajal.

Ante ello, el tribunal ordenó a Colombia adoptar medidas de reparación que incluyen la continuación de las investigaciones y procesos judiciales por el asesinato y realizar un acto público de reconocimiento internacional de su responsabilidad en el caso.

También pidió garantizar condiciones de seguridad para que los familiares de Carvajal puedan regresar a Colombia y que pague una indemnización por los daños causados a los afectados.