La contrarreloj de la paz en el Congreso

A las 2 de la mañana del jueves, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, respiró tranquilo. Después de que en el Senado se cancelaron las plenarias del 31 de octubre y del 1, 7, 9 y 13 de noviembre para discutir la Jurisdicción Especial para la Paz, corazón del proceso de paz, esa noche hubo quorum y votación.

El milagro ocurrió horas después de que la Corte Constitucional declaró exequible la ley marco de la JEP, que le dio luz verde a dos de los puntos que habían generado mayor controversia entre algunos parlamentarios: gla posibilidad de que los guerrilleros puedan participar en política simultáneamente con su paso por la justicia transicional, por un lado, y la decisión de que terceros civiles se presenten voluntariamente a la JEP, por el otro.

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Era improbable que los senadores no votaran después del pronunciamiento del alto tribunal. Pero como suele suceder, el tortuoso camino del proyecto por el Senado tuvo múltiples obstáculos, y no solo ideológicos. Tuvieron que pasar 7 sesiones en 4 semanas para que el gobierno consiguiera los 45 votos necesarios para aprobar el proyecto. Antes de eso, el ausentismo fue la regla. También las disculpas de los senadores para salirse del recinto a última hora. “Me retiré a última hora a atender un tema familiar” dijo, por ejemplo, Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador.

También aparecieron las tradicionales presiones burocráticas. Para nada sirvieron las solicitudes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para agilizar la discusión del proyecto, la petición de la Procuraduría en el mismo sentido, y mucho menos los llamados del presidente Santos. El martes anterior, las deserciones se hicieron visibles entre los congresistas de la Unidad Nacional: nueve liberales, siete de La U y siete conservadores desaparecieron a la hora de votar. Algunos expresaron descontento con la reducción del presupuesto del Departamento de Prosperidad Social en sus regiones; otros argumentaron que la salida de Cambio Radical de la coalición mayoritaria no se tradujo en más puestos para los aliados del gobierno; y un tercer grupo evadió la votación, pues tiene decidido que su apoyo a la paz llegó hasta aquí. Varios conservadores y de La U están cada vez más cerca del uribismo y de Cambio Radical, opuestos a la iniciativa.

El parto de la reglamentación de la JEP también se debió a una debilidad del gobierno para impulsar la iniciativa en el Congreso. Aparte de Rivera, quien no salió ni un segundo del recinto del Senado y confirmó uno a uno los 51 votos con que esta pasó raspando, pocos colegas le ayudaron. Los ministros de Justicia y Defensa asistieron ocasionalmente, y el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, tuvo que atender al mismo tiempo su propia crisis, relacionada con las denuncias sobre su gestión previa en el Sena.

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Pero si bien la votación de la JEP le dio un respiro a la paz, también puso en evidencia la complejidad por la que pasa el proceso de implementación. Al fast track le quedan apenas 8 días hábiles, en los cuales el Congreso tendría que aprobar cerca de 15 compromisos acordados en La Habana. Pero literalmente no hay tiempo y la propia JEP no puede cantar victoria. Aún queda pendiente la conciliación entre lo aprobado en el Senado y en la Cámara, la cual habría que hacer antes del 30 de noviembre.

La reforma política también podría quedar en el limbo. Por cuenta del ausentismo parlamentario, el proyecto de ley sobre este tema necesitó de 11 sesiones en la Cámara para su aprobación. Y si bien quedó aprobado la semana pasada en la Comisión Primera del Senado, está cuesta arriba su paso por la plenaria y la posterior conciliación, antes de que termine el fast track. En todo caso, por cuenta del acelerador reciente que le han puesto los aliados del gobierno y partidos como el Polo y la Alianza Verde, interesados en hacer listas de coalición para 2018, esta iniciativa podría terminar convertida en un monstruo. Lo originalmente concebido para cambiar las formas de hacer política, promover la transparencia y el régimen de partidos, podría quedar reducido a un par de artículos para permitir las alianzas a cambio de aprobar el transfuguismo.

Hay iniciativas que la tienen incluso más grave. A las circunscripciones especiales para la paz que permitirían la representación transitoria de regiones afectadas por el conflicto les quedan pendientes un debate en la Cámara y la conciliación. Y las leyes sobre adecuación de tierras, innovación agropecuaria, adjudicación de baldíos en zona forestal y creación del sistema de catastro multipropósito, todas relacionadas con la reforma agraria integral, corazón político del acuerdo, tienen pendiente su discusión en ambas Cámaras.

Lo mismo ocurre con el tratamiento penal diferenciado y temporal para pequeños cultivadores de coca, que busca darles un plazo a los campesinos para reemplazar sus cultivos con una iniciativa que hasta ahora ha pasado de agache, pero que resulta fundamental para permitir el sometimiento de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo. Esta lleva por nombre “Proyecto de Ley para la investigación y judicialización de organizaciones criminales y medidas de sujeción a la justicia”.

Hay otros compromisos firmados por el gobierno que ni siquiera han sido presentados. Entre estos, las garantías para promover la participación política de organizaciones y movimientos sociales, la reforma a la Ley de Víctimas y la inclusión de ajustes al Plan Nacional de Desarrollo para cumplir en el corto plazo con algunos de los compromisos pactados en La Habana.

“Soy optimista”, dice el ministro del Interior, confiado en que a última hora la mayoría que refrendó el acuerdo en noviembre de 2016 terminará por cumplir con su trámite. Sin embargo, la aprobación de la JEP por ambas Cámaras fue un milagro que difícilmente se repetirá en el resto de temas. La semana pasada, la ONU le hizo saber al gobierno su preocupación con los bajos niveles de cumplimiento de lo acordado. Y el viernes, los dirigentes de la Farc protagonizaron una dura reunión en la que manifestaron su malestar con los incumplimientos.

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Lo más grave de todo es que el gobierno no tiene claro el plan B para ejecutar si la implementación de la paz queda colgada de la brocha. Algunos sostienen que si alguna ley queda a mitad de camino, podría seguir su trámite por vía ordinaria. Otros, que para evitar vicios de forma es mejor arrancar de cero, lo cual, en época electoral, haría prácticamente inviable cumplir el acuerdo. Por último, están quienes creen que la permanencia de miles de excombatientes de las Farc en las zonas veredales, sin que el Estado cumpla lo pactado, justificaría un estado de emergencia social que le permitiría al Ejecutivo sacar varias de las iniciativas por decreto.

Por ahora, para la próxima semana se espera que siga la maratón en el Congreso. La ausencia en las votaciones de los senadores y representantes que sufragaron No en el plebiscito es una táctica previsible, que responde a una estrategia política legítima entre los parlamentarios. Pero lo que no tiene mucha presentación es que los congresistas de la Unidad Nacional, que hace un año refrendaron la paz, ahora le hagan conejo al acuerdo.