Implementación de la paz, hasta el 12 de diciembre

El Congreso colombiano no tenía en sus manos una ley de amnistía desde hace 24 años, cuando en 1992 se concedió el indultó definitivo a los desmovilizados del M-19.

El Legislativo la volvería a tener la próxima semana. El 12 de diciembre, el Gobierno, las FARC y los congresistas esperan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre si la refrendación popular podría hacerse en el Congreso, y si el procedimiento legislativo especial, denominado Fast Track, queda plenamente habilitado.

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Aunque el Gobierno podría acelerar el camino e iniciar con el trámite de la ley de amnistía sin necesidad del pronunciamiento del tribunal constitucional, hacerlo supondría enormes riesgos y los afanes se podrían precipitar numerosos errores, difíciles de enmendar.

Este lunes el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunió con la bancada del Partido de La U y luego con la de los Liberales. En ambas se advirtió, precisamente, de los riesgos de tramitar la ley de amnistía por el procedimiento ordinario.

La decisión de esperar a la Corte se toma con la expectativa de que el fallo sea favorable para las urgencias del proceso de desarme de las FARC. “Del afán no queda sino el cansancio”, dijo uno de los parlamentarios de La U a manera de conclusión de la reunión.

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Hasta este fin de semana, el Gobierno se debatía si esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional o si, en una jugada riesgosa, la tramitaba de inmediato por la vía ordinaria, teniendo en cuenta que aún tendría tiempo para expedirla sin que se habilite el Fast Track.

Como el proyecto de ley de amnistía no reforma la Constitución, podría tramitarse en sesiones extraordinarias. Si el Gobierno radicara el proyecto esta semana con mensaje de urgencia, se ahorraría un debate y podría tener un trámite similar al contemplado en el Fast Track.

Así las cuentas, por la vía ordinaria, si el primer y segundo debate se adelantan el 12 de diciembre en las comisiones primeras, le restarían las discusiones de las plenarias de Senado y Cámara, entre la semana del 19 al 22 de diciembre. La prueba es que la reforma tributaria, que también tiene mensaje de urgencia, aún está a tiempo de ser aprobada, y eso que no ha tenido su primer debate.

Pero este camino estaba lleno de espinas. Además del poco margen de tiempo, el proyecto tendría que limitarse a los indultos o “Amnistías de Iure”, que se concederían por los delitos de “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción, usurpación y retención ilegal de mando”, como está señalado en el nuevo acuerdo de paz.

Pero el componente más complejo del proyecto de ley de amnistía se encuentra atado a la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz, entre otras, por la definición que se trace del delito conexo al político. Para este punto es claro que se trata de una reforma constitucional que no podría tramitarse en sesiones extraordinarias. Es decir, sin el Fast Track, la ley de amnistía completa solo podría ser discutida después del 16 de marzo.

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Por eso esperar al 12 de diciembre era la salida más recomendada. Por lo menos la tesis que siempre han defendido en  el Ministerio del Interior y en el de Justicia,  a pesar de que varios parlamentarios insistan en iniciar el trámite.

El tema del Fast Track no solo es el centro de discusiones en la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia, a través de su Presidenta, Margarita Cabello Blanco, aseguró que están a la espera de saber si se podrá habilitar o no el mecanismo para tramitar las leyes de manera acelerada. 

"Estamos a la espera de que se nos cumpla la promesa del señor de La Calle, el ministro delegatario y el Ministro de Justicia de remitirnos los borradores de los proyectos que tengan que ver con temas de justicia y allí vamos dulcificando las preocupaciones que podemos tener", indicó Cabello Blanco.

Según la Presidenta, la posición de la Corte se mantiene en el sentido de estar del lado de la paz. "La Corte está tranquila sobre cómo el proceso se está llevando porque vamos camino de la reconciliación. Hay algunos aspectos en los que la Corte Suprema de Justicia tiene que mantener su posición de garante de la justicia y rector de la democracia como tercer poder. Pero son temas quie se pueden controvertir y discutir casi que amigablemente", indicó. 

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De habilitarse el Fast Track, el Gobierno podrá convocar al Congreso a sesiones extraordinarias a partir de la primera semana de enero, si quisiera. Con ello se agilizaría el trámite porque las reformas constitucionales ya no serían aprobadas en ocho debates sino en tres,  y las leyes pasan de cuatro a tres debates.

Quizás en febrero ya estaría lista la ley de amnistía por esta vía. Pero todo apunta a que la ley de amnistía no será el regalo de navidad para las FARC, el regalo llegará después de reyes.