Fracking, round clave en el Consejo de Estado

En manos del Consejo de Estado está el futuro de uno de los proyectos más controversiales y polémicos en Colombia. Se trata de la explotación de yacimientos y pozos no convencionales por medio del polémico método del fracking, que sirve para extraer gas y petróleo mediante la fracturación hidráulica del subsuelo. 

Este alto tribunal analiza una demanda contra las normas técnicas expedidas hace unos años para regular la fase exploratoria de los proyectos no convencionales. Mientras avanza en su estudio para tomar una decisión de fondo, determinó suspender con medida cautelar algunas de esas piezas normativas. Eso deja sin piso la posibilidad de que el Gobierno nacional avance, como recomendó la comisión de expertos, en cuatro iniciativas piloto ubicadas en la cuenca del valle medio del Magdalena y la zona de Cesar Ranchería.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía

Frente a esta situación, el Ministerio de Minas y Energía presentó ante el Consejo de Estado un derecho de súplica para que levante esa suspensión. Solo así podría iniciar estos proyectos, con los que determinará si existen o no las condiciones para desarrollar las técnicas extractivas no convencionales. Con el propósito de tomar su decisión, ese tribunal pidió el acompañamiento de una comisión –distinta a la que conformó el Gobierno– de la Universidad Nacional. De mantener la suspensión, el Consejo podría darles paso a proyectos que usen esta técnica o meterlos en el congelador.

El fracking ha suscitado uno de los debates más intensos de Colombia. Para muchos ambientalistas, ese método amenaza el agua, los acuíferos y el entorno ecológico y ambiental. E incluso a las comunidades cercanas a los proyectos.

En el extremo contrario, otros esperan que el país pueda desarrollar iniciativas no convencionales, pues resultaría clave para la sostenibilidad fiscal, para aumentar las reservas y para garantizar la autosuficiencia energética hacia el futuro. Según esas voces, el fracking se puede convertir en uno de los motores de crecimiento más importantes de la economía en la próxima década.

Colombia está entonces ante una encrucijada: de un lado, la principal actividad económica del país –el petróleo– enfrenta un complejo escenario, porque apenas quedan 6,2 años de reservas de crudo y menos de diez años de gas. Si esos productos se acaban y la nación tiene que importarlos, habría un choque fiscal de enormes proporciones. Las cuentas son sencillas: de perder la autosuficiencia en petróleo y en gas, habría que importar crudo para cargar las refinerías y producir los combustibles que el país necesita, lo que valdría unos 30 billones de pesos por año. A eso habría que sumar lo que dejaría de entrar por exportaciones: cerca de 20.000 millones de dólares. ¿De dónde saldrían esos recursos cuando las últimas tres reformas tributarias apenas alcanzaron a bordear los 20 billones de pesos en ingresos?

El fracking ofrece una gran promesa, pero también genera profundas discusiones difíciles de superar. Afecta en cuanto a la biodiversidad y al manejo del agua, en los entornos ambientales y hasta en la incidencia sísmica en zonas, por ejemplo, como Santander. Una balanza difícil de equilibrar.

Y hay profundas diferencias. El Gobierno y la industria petrolera aseguran que Colombia cuenta con la capacidad técnica y normativa para adelantar los proyectos piloto. Mientras tanto, los ambientalistas y los líderes sociales advierten sobre la falta de estudios, de conocimiento y de licenciamiento social para emprenderlos. Consideran muy altos los riesgos a la salud y al ambiente, y han propuesto aplicar el principio de precaución. Es decir, abstenerse de practicar el fracking –aunque no haya evidencia científica a favor o en contra– ante el enorme riesgo que representa.

Francisco Lloreda, presidente de la ACP

Para Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), el país cuenta con buena regulación para desarrollar estos yacimientos, y los riesgos están identificados y se pueden prevenir, lo que no elimina la posibilidad de contingencias. Por eso asegura que “es necesario aplicar el principio de prevención y no el de precaución; es decir, adelantar todas las medidas, incluidas las licencias ambientales, para desarrollarlo”.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente y uno de los principales expertos de Colombia en esa materia, advierte que el país tiene muy poca información sobre acuíferos, un recurso fundamental hacia el futuro. “En el 38 por ciento del territorio nacional hay acuíferos, y solo han estudiado el 15 por ciento. Requerimos tener un conocimiento a fondo de los acuíferos como parte de este proceso”, dice.

Manuel Rodríguez, exministro de ambiente

No obstante, hay un punto de encuentro: la necesidad de recoger información mediante proyectos piloto que permitan determinar la viabilidad del fracking en el país. Como recordó Rodríguez, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, respondió afirmativamente en el Foro Nacional Ambiental a la pregunta de si el Gobierno aceptaba las recomendaciones de la comisión de expertos. Esto implicaría un análisis costo-beneficio para determinar si los gastos ambientales superan o no los beneficios económicos y si es posible. También coinciden en la necesidad de medir el impacto sobre las comunidades que habitan las regiones donde se desarrollarán estos proyectos.

Las tensiones entre los que apoyan y se oponen

En los últimos días varios jugadores, tanto los que apoyan el fracking como los que se oponen, han intensificado sus pronunciamientos ante la inminencia de la decisión del Consejo de Estado.

Por el lado de la Alianza Colombia Libre de Fracking, su vocero Carlos Andrés Santiago le aseguró a Semana Sostenible que espera que el Consejo de Estado no levante la medida cautelar y pondere los derechos amenazados de las comunidades. Y que tenga en cuenta los conceptos emitidos, por ejemplo, por la Contraloría General de la República, que advirtió en un informe sobre el impacto “catastrófico e irreversible” del fracking. 

“No entendemos cómo los magistrados emitirán un concepto si el grupo de expertos de la Universidad Nacional, que pidió el propio Consejo de Estado, aún no ha dado a conocer su dictamen pericial frente a la conveniencia de implementar esta técnica”, recalcó Santiago. 

Por su parte, varios gremios de la producción, como la ACP, Naturgas y hasta la Andi, se han pronunciado para respaldar el desarrollo de los pilotos. “Se trata, probablemente, de la decisión más importante, desde el punto de vista económico, que haya enfrentado nuestra generación. Tiene muchas implicaciones tanto si se hace como si no”, dijo en una columna en El Tiempo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

El Consejo Gremial también argumentó la necesidad de asegurar la suficiencia energética en Colombia, fundamental para el desarrollo económico, el empleo, la competitividad y la sostenibilidad fiscal del país. Pero con un estricto control y supervisión del Gobierno, que tiene que regular la materia y garantizar la protección del ambiente.

Lloreda, de la ACP, considera que la nación debe tomar una decisión de política pública basada en datos y evidencia científica. “El presidente Duque ha dicho que el país aprobó hace más de diez años el desarrollo de los yacimientos no convencionales con la técnica del ‘fracking’, cuando lo incluyó en distintos planes de desarrollo. Pero en ese tiempo no se ha iniciado la fase exploratoria”, dijo.

Mientras el Consejo de Estado decide, dos temas muy complejos quedan para la discusión: por una parte, las instituciones. Según el exministro Rodríguez, la nación no puede estar tranquila con la institucionalidad actual, porque el Ministerio de Ambiente no cuenta con la capacidad para evaluar el proyecto piloto. Y porque “en Colombia no se está haciendo el seguimiento y el monitoreo a toda la actividad petrolera”.

El otro aspecto tiene que ver con lo que va a pasar si el país logra hacer bien el fracking: si debe repensar su estrategia ante esta eventual bonanza y no desperdiciarla como en el pasado.