Impunidad: solo 48 sentencias de más de 600 líderes asesinados

"Autor: Desconocido", se lee en los expedientes de decenas de líderes asesinados en lo que va corrido del año. Alirio Sánchez, Diana Romero, Víctor Morato, Jorge Celis, Berver Velásquez y Temístocles Machado, seis de las 77 que asesinaron en el primer semestre de 2018, tienen mucho más en común que haber sido asesinados defendiendo los derechos de sus comunidades.

En el quicio de su casa, en el camino veredal, en la sala de la sede sindical, en los brazos de su hijo que quiso protegerlo, en la casa comunal, en la refriega de la movilización social o antes de una reunión, mataron -entre 2009 y 2017- más de 563 líderes y defensores de derechos humanos sin que a la fecha se tengan nombres, responsables y autores materiales o inmateriales por sus homicidios. Una perversa seguidilla de la que solo se tienen 48 sentencias producidas en casi una década. 

Así lo dio a conocer el Programa Somos Defensores en su más reciente informe: ‘Más allá de las cifras‘ - Segunda Parte. Para la organización el escenario que vive el país, se reproduce a imagen y semajanza de lo que reportaban hace nueve años cuando comenzaron a llevar el conteo. Si bien, en teoría Colombia es otra, en la práctica poco o nada ha cambiado para quienes ejercen algún tipo de defensa o liderazgo en los territorios. 

Puede interesarle: “Casi 500 líderes asesinados, que nos digan si eso no es un exterminio”: Ángela María Robledo

Ni la dejación de armas de las Farc, ni la negociación con ELN, ni la fluida comunicación que hubo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las ONG, y mucho menos el Nobel de Paz, han servido para acabar con las espirales de violencia que solo en 2018 se han llevado un líder cada dos días. Cauca (13 casos), Antioquia (12 casos) y Norte de Santander (10 casos) son los departamentos que registran mayor número de defensores asesinados. Le sigue Valle, Córdoba, Arauca, Chocó y Nariño. En su mayoría los líderes comunales son los que vienen poniendo los muertos. Además de los comunitarios, indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos y líderes de sustitución de cultivos y restitución de tierras.

La impunidad que rodea la gran mayoría de casos y la ausencia de una estrategia que permita mitigar lo que viene pasando, les está dando alas al fenómeno en el país. Del total de casos reportados hace casi una década, en el 91,4 por ciento de ellos no se ha hecho justicia. Si bien es cierto que hay un significativo avance procesal de las investigaciones en 155 casos (27,5 por ciento) los cuales pertenecen a casos en investigación, juicio y orden de captura, no es suficiente. 

La "Fiscalía ha anunciado con muchisima resonancia mediatica que el 50 por ciento de casos investigados ya están esclarecidos. No es cierto. Se refiere a 181 casos de los dos últimos años; mientras el Sistema de Información (SIADDHH) registra 609 asesinatos en los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos. En medio de todo este escenario solo hay 16 sentencias en dos años y medio de priorización de casos de la Fiscalía, lo que indica que solo hay justicia efectiva en 8.5 por ciento de esos casos", advierte Somos Defensores en su informe. 

A fuego lento

Desde Nueva York este fin de semana el presidente Iván Duque inormó que se debe diseñar una "una política pública y como Gobierno estamos dedicados a que ese trabajo interinstitucional sea rápido y efectivo (...) Esto, para poder ponerle fin a esa situación que a todos nos duele, con una respuesta liderada por el Estado”, dijo. Concluyó: "Lo que queremos es que los criminales paguen por sus delitos en Colombia".

El balón que lleva la defensa de los líderes sociales vuelve a estar en la cancha del Gobierno. Un mes se cumple desde que en Apartadó (Antioquia) voceros de la nueva adminsitración y la Procuraduría se comprometieron con los territorios a sacar una política única para encarar lo que viene pasando. El problema, sin embargo, es que a la fecha no hay luces claras y todo apunta a que derogarán y reversarán las que había dejado diseñadas Juan Manuel Santos.

Consulte: "No hubo respuesta contunde por parte del gobierno": Pizarro sobre asesinato de líderes

Un pacto político nacional, un sistema de alertas tempranas, un programa de protección indvidual y colectivo, un plan de acción permanente contra las bacrim, una unidad especial de  investigación, un cuerpo élite de la Policía, un plan estrategico de seguridad, un programa de formación autoprotección y un programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia, hacen parte del paquete de medidas que, con base al acuerdo en La Habana, pretendía ejecutar el gobierno anterior y no pudieron trascender del papel.

Lo más desconcertante es que si al menos 10 de las 21 disposiciones acordadas se implementaran en su totalidad, se podría garantizar que la violencia disminuya. Pero actualmente no ocurre así. Solo tres de ellas se están ejecutando mínimamente, una tiene un nivel medio de avance y seis aún se encuentran en el 0 por ciento de implementación, según informó hace unos meses el instituto Kroc. Pese a las puntadas que ha dado el presidente Duque sobre el tema, lo que más preocupa a los investigadores del informe no solo han sido lo comentarios de sus más cercanos colaboradores como el que hizo el ministro de defensa Guillermo Botero cuando propuso regular la protesta social, sino que se termine echando por la borda el trabajo de conciliación que se ha hecho con las comunidades en busca de una estrategia que satisfaga a todos. 

"Este primer pronunciamiento público, generó aún más preocupación, pues la manifestación pública y pacifica es un derecho humano que se desprende de los derechos a la libertad de expresión y reunión e intentar regularla y/o “ordenarla” es, en un país democrático, un contrasentido. Igualmente el intento de nombramiento de Claudia Ortiz (una radical miembro del partido Centro Democrático y muy cercana a la línea más dura de los militares retirados) como directora de la Unidad Nacional de Protección, principal institución responsable de la protección de líderes y defensores, preocupa en grado sumo, debido a su posición política despectiva hacia quienes tendrá la responsabilidad de proteger", se lee en el informe.

Desencuentros

Una nueva cifra llega a saturar las cuentas que llevan más de siete organizaciones en el país: 609 casos reportados entre enero de 2009 y junio de 2018, según Somos Defensores. Pese a la disparidad que de nuevo suscita la aparición del infome, comparado con Pares, la ONU, la Procuraduría, la Defensoría, Indepaz y el Colectivos de Abogados José Alvear, todos coinciden en una cosa: las cifra está in crescendo. 

Si bien los números varían porque "se desconoce la metodología que aplican para el levantamiento de datos", "no cuentan con un listado público que permita contrastar", "los periodos evaluados cambian", se evalúan contextos distintos y cada una tiene su propia definición y caracterización de líder y defensor de derechos humanos, es hora de que la discusión se traslade del plano aritmético a la discusión social. ¿La razón?, "los asesinatos aumentan y no hay políticas efectivas por parte del Estado para evitarlo". 

El escenario se torna más complejo si se tiene en cuenta que desde la institucionalidad no hay un sistema de información propio que permita darle magnitud real del problema. A pesar que el Gobierno se ciñó durante muchos años a reconocer las estadísticas que viene presentando la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, resulta inconsistente que no se trabaje con base a la información que lleva la Defensoría del Pueblo, ¿hay desconfianza entre las misma intituciones?

Puede leer: 24 lápidas por defender el medio ambiente en Colombia

Más allá de las cifras hay un fenómeno que el nuevo gobierno debe entrar a mirar con mayor detenimiento. No tiene insumos claros para abordar la promática. Si no se conoce el contexto bajo los que se están llevando a cabo cada uno de los asesinatos terminará siendo una pelea de tigre con burro amarrado. Es necesario que desde el Gobierno se tome la batuta para encarar el problema, no sólo para evitar que la problemática se produzca sino también para entender por qué se da y bajo que circunstancias. 

¿Quién dispara?

Con el narcotráfico y la pelea por el control de los territorios como ejes articuladores, la violencia en la Colombia profunda dejó de ser una pequeña escaramuza. En su gran mayoría los autores siguen siendo desconocidos aunque voz a vos en los territorios se habla de "paramilitares" como mayores perpetradores, además de autodefensas Gaitanistas, disidencias de las Farc, ELN, EPL y Fuerzas Militares.

Sin embargo, en la baraja aparece un responsable del que mucho y nada se habla: Las Águilas Negras. Desde 2006 esta organización es responsable aproximadamente del 60 por ciento de las amenazas. "Las respuestas de las autoridades en los últimos años ante la autoria de estas amenazas parecen ser siempre las mismas: falta de denuncia, dificultad para seguirle el rastro al origen del panfleto, incapacidad para construir una ruta metodológica de investigación, el delito no estaba tipificado. Lo cierto es que la impunidad en los casos de amenazas, y especialmente de amenazas de las Águilas Negras es del 100 por ciento", se lee en el informe.

Cuatro conclusiones de la Fundación Paz y Reconciliación y que fueron recogidas por Somos Defensores permiten ilustrar lo que viene pasando: 1) Las Águilas Negras no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia. 2) Agentes institucionales utilizan panfletos con el nombre de Águilas Negras para amedrentar comunidades, individuos e incluso grupos de jóvenes con comportamientos violentos. 3) El nombre Águilas Negras es utilizado por particulares, mediante panfletos, para infundir miedo a diferentes comunidades y 4) la mayoría de los casos la utilización del nombre de Águilas Negras tiene fines políticos, lejos estamos de que se trate de simple delincuencia común que quiere extorsionar.

Para Somos Defensores "este ‘enano‘ de los herederos de la guerra en Colombia, se creció de manera exponencial en el primer semestre de 2018; habrá que esperar cual es la propuesta del nuevo gobierno para enfrentar esta compleja situación, así como esperar que dicha respuesta no se concentre en una actuación exclusivamente militar y armada, sino que aborde las causas estructurales del porqué estos grupos siguen vigentes y consiguiendo adeptos (en su mayoría gente pobre) cuya única salida de la precariedad, sigue siendo un sueldo en la guerra".