Imputación de cargos a indígenas señalados de agredir policías fue aplazada porque no había traductor

El pasado miércoles 19 de octubre, una situación bastante crítica tuvo lugar en pleno centro de Bogotá. Decenas de indígenas de la comunidad embera que estaban asentados en el parque Nacional y posteriormente fueron reubicados en La Rioja, se tomaron el antiguo edificio Avianca, en el parque Santander, a pocos metros de la sede del Banco de la República.

SEMANA conoció que los indígenas se tomaron ilegalmente las entradas y salidas de este edificio. Ante la renuencia de los indígenas de dejar salir a las personas retenidas, el Esmad se vio en la obligación de intervenir, por lo que se desataron momentos de tensión a raíz de fuertes enfrentamientos entre los uniformados y las comunidades indígenas.

Hubo un momento en especial que se hizo viral rápidamente y ocurrió en el marco de los enfrentamientos. En el clip se observa cómo dos policías que iban en motocicleta caen y son atacados por una turba enfurecida. Pese a que los uniformados estaban en el suelo, fueron golpeados en múltiples oportunidades con patadas, puños, piedras, palos y objetos contundentes. Algunas personas intentaron mediar la situación, pero los agresores no se detuvieron.

Por estos hechos fueron capturados Carlos Andrés Murillo Queragama y Guillermo Naticay Cheche, dos miembros de la comunidad indígena, quienes al parecer estarían involucrados con las agresiones a los policías. Aunque la audiencia de imputación de cargos estaba programada para el jueves 20 de octubre, tuvo que ser pospuesta por falta de un traductor que ayudara a garantizar un proceso judicial adecuado.

“Según el testimonio de Ascanio Manuel Tapia, servidor de la Defensoría de Pueblo, mientras realizaba el acompañamiento identificó cómo en un grupo grande, Guillermo Naticay estaba violentando y agrediendo a los miembros de la Policía Nacional que estaban intentando retomar el control del edificio Avianca”, indicó el juez noveno de control de garantías de Bogotá.

Ambas personas señaladas de haber violentado a la fuerza pública se encuentran bajo custodia de las autoridades, pues su captura ya fue legalizada. No obstante, para avanzar con el proceso judicial, resulta necesaria la presencia de un intérprete para poder comunicarse con Murillo Queragama y Naticay Cheche.

“Ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro”: la molestia de la alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció acerca de la jornada de protesta adelantada por miembros de la comunidad indígena en el centro de la capital y que terminó en enfrentamientos entre los manifestantes y uniformados de la Policía.

A través de su cuenta en Twitter, rechazó las agresiones de algunos indígenas hacia los gestores de convivencia que buscaron mediar para evitar que las acciones violentas escalaran. Así mismo, pidió ayuda al Gobierno nacional para evitar los desplazamientos de esta población a Bogotá y garantizar el retorno a sus territorios.

“Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de dos años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos. El Gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”, comentó la alcaldesa.

López también manifestó que no es la primera denuncia de agresiones contra los gestores de convivencia de parte de algunos indígenas. Incluso expuso que miembros de esta comunidad cometen actos de violencia contra su familia.

“No es la primera vez que los emberas violentan a gestores y servidores que no han hecho más que trabajar por ellos. Más grave, hemos denunciado los abusos de hombres y ‘líderes’ embera contra sus propias mujeres y niños, pero no hay sanciones judiciales ni soluciones nacionales”.

En Twitter, la alcaldesa agregó que, si bien la capital ha acogido indígenas víctimas del desplazamiento forzado, la situación es insostenible.

“Una vez más exijo a la Unidad de Víctimas que cumpla su deber de garantizar a los emberas sus derechos al no desplazamiento y al retorno seguro a sus territorios en Chocó y Risaralda. Su permanencia fuera de sus territorios en estas condiciones de abuso y violencia es insostenible”, concluyó.