¿Cómo el anticipo de Tunjuelo-Canoas terminó en la bolsa?

El caso del interceptor Tunjuelo-Canoas contiene una paradoja, y es que el túnel destinado a llevar las aguas negras de Bogotá hacia la planta de tratamiento de Canoas para purificarlas, podría haber sido el nido de una cloaca de corrupción que tardó prácticamente una década en reventar.

Recientemente, el descubrimiento de la trama de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht en Colombia parece haber resucitado el interés de las autoridades en uno de los expedientes dormidos del ‘carrusel‘ de la contratación que inició hace casi siete años y todavía tiene muchas zonas grises por explorar.

Este jueves fue el turno del constructor tulueño Orlando Fajardo Castillo de sentarse en el banquillo de acusados en los juzgados de Paloquemao. La Fiscalía lo imputó por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer.

En la audiencia, el ente investigador aclaró cuál fue el papel de cada uno de los personajes que han sido nombrado en el tema hasta el momento.

De confirmarse esta línea de investigación, la trama de la historia pondría poner a dar explicaciones a Paola Solarte, representante legal de una de las más importantes firmas de ingeniería del país. Reafirmaría también los cuestionamientos que pesan sobre Odebrecht, la compañía brasileña involucrada en millonarios sobornos, y sobre media docena de altos funcionarios del acueducto de Bogotá que fueron actores del presunto ilícito.

Paola Solarte y su padre Carlos Solarte fueron citados a imputación de cargos por la Fiscalía General.

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Lo que se sabía hasta el momento es que el caso inició en 2009 con la invitación pública 731, que abrió la participación para la construcción del túnel de aguas negras Tunjuelo- Bogotá.  

A la licitación se presentaron cuando menos tres grandes compañías que fueron el Consorcio Canoas, integrado por las empresas Norberto Odebrecht sucursal Colombia y CASS Constructores, dirigida por la familia Solarte; la compañía francesa Soletanche Bachy, que sería otra protagonista del evento y la argentina Unión Temporal Cartellone-Arquitectura & Concreto, representada por el abogado Manuel Sánchez.

Según el fiscal Jaime Zetién, Orlando Fajardo habría utilizado sus contactos en el acueducto de Bogotá, en el que operaba desde hace más de 30 años a través de las compañías Constructora Fajardo Nieto Ltda. (Confani) y Seravezza, para obtener información privilegiada y poder descalificar a los otros proponentes antes de que iniciaran el proceso de contratación, como efectivamente sucedió.

^{Foto: Daniel Díaz / SEMANA}

La Fiscalía lo señala de ser el artífice -junto con Andrés Cardona Laverde, hoy cobijado por un preacuerdo- de una red de sobornos destinados a asegurar el éxito de la licitación. De manera indirecta, Fajardo habría entregado cerca de $ 1.000 millones al alcalde Samuel Moreno y a su hermano, el senador Iván Moreno Rojas, en 4 pagos de 250 millones. Estos desembolsos se habrían realizado entre principios de abril y finales de diciembre de 2010 en las oficinas de Confani y en el parqueadero del restaurante Archie‘s de la 116, a través de los intermediarios Andrés Cardona y Emilio Tapia.

También habría ofrecido una suma al gerente del acueducto Jorge Enrique Pizano, quien renunció a sus funciones en 2010, así como 255 millones al abogado Manuel Sánchez para que asumiera una actitud pasiva en la defensa de sus clientes.

Esta maraña de acuerdos habría sido la razón por la que el contrato de $ 244.000 millones de pesos se entregó a la más cara de la ofertas disponibles. Hasta allí, la versión presentada sería a grandes rasgos parecida a la que mostró el fiscal retirado Juan Vicente Valbuena durante la imputación de Andrés Cardona Laverde. En ese entonces, Cardona le dijo al Espectador que tenía la sensación de ser un pez nadando en una piscina llena de tiburones y las últimas actuaciones demostrarían que fueron muchos los escualos a la hora de defraudar al Distrito.

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En el segundo tiempo del proceso, se suma al dossier contra Fajardo la transferencia ilegal del anticipo de 48.000 millones de pesos desde una cuenta autorizada Davivienda del acueducto a la corredora de bolsa Correval, hoy Credicorp Capital.

Según la Fiscalía, Fajardo fue representante de los intereses de CASS constructores en el Consorcio Canoas, de cuya junta directiva hizo parte. Habría realizado este movimiento de dinero con el aval de Paola Solarte, además de los directivos de Odebrecht. Ello quedó soportado, entre otras, con la firma de un contrato de mandato en el que el Consorcio Canoas cedió gran parte de sus facultades a CASS Constructores.

Además de ser ilegal y peligrosa por la inestabilidad del mundo bursátil, la transferencia del dinero a una corredora de bolsa habría permitido evadir los controles de las interventorías internas y externas del proyecto, que eran dirigidas por el supervisor Carlos Alberto Acero Arango y por Jaime Buenaventura Sagre, en nombre de la empresa Contelac. Lo cual a su vez facilitó la realización de operaciones opacas de subcontratación que en varias ocasiones culminaron con detrimento patrimonial para el Estado.

Pese a que se trataba de una operación ilegal, la Fiscalía encontró en el expediente soportes de un documento firmado por Odebrecht en el que asumen la responsabilidad en caso de perder el dinero invertido en el corredor de bolsa.

El ente acusador ha podido rastrear los desembolsos de más de 1.000 millones de pesos realizados en favor de ACC ingeniería, por los cuales se imputaron sobrecostos en febrero pasado a Cardona Laverde. Así como de 1.700 millones de pesos dirigido a la empresa Fábrica Latinoamericana de Productos Financieros, representada por Federico Gaviria, que tenían como objeto asesorías que nunca tuvieron lugar. Sin contar los que se habrían hecho a la propia empresa Fajardo Nieto en la que actúa Orlando Fajardo junto con su socio Luis Gabriel Nieto.

También se habrían realizado pagos por 1.834 millones de pesos a la empresa Manufacturas de Cemento por la fabricación de productos relacionados con el interceptor Fucha-Tunjuelo, que es otra obra cuyo capítulo queda todavía por explorar.

Durante la audiencia, Orlando Fajardo Castillo lució apabullado por las revelaciones del fiscal. El hombre acusado de ser el cerebro de la operación, junto con Cardona Laverde, llegó a Paloquemao con una máscara de oxígeno y acompañado del abogado Daniel Peña. Por su participación en la estructuración presuntamente ilegal del contrato Tunjuelo-Canoas, Fajardo podría enfrentar una larga pena de prisión, pero rechazó aceptar cargos durante la audiencia de imputación.

En una confusa escena, la jueza afirmó no haber recibido petición formal de medida de aseguramiento, manifestación que fue controvertida por el fiscal Zetién. Después de una discusión al respecto, la decisión sobre si permanece o no detenido fue aplazada hasta la semana próxima.

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Con el inicio de esta nueva serie de imputaciones, parece tomar un nuevo aire el caso que llevaba años sin mayores avances en manos de la Fiscalía. La formalización de las acusaciones en contra de los representantes de la empresa Odebrecht tienden un puente entre dos casos grandes de la corrupción en Colombia: los sobornos de Odebrecht y el ‘carrusel‘ de contratación.