Prieto en la mira

Una de las especulaciones que se habían oído en los últimos meses era que probablemente no le iba a pasar nada a Roberto Prieto. Los medios martillaban todos los días sobre el tema. ¿Qué explicación tenía que mientras la Fiscalía había mostrado una extraordinaria eficacia en la mayoría de los casos en este estaba arrastrando los pies?

Todo esto cambió la semana pasada. Roberto Prieto Uribe, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, será imputado por cuatro delitos: tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. 

El caso que le dio lugar a la Fiscalía para hacer la imputación no es el del escándalo de los sobornos de Odebrecht que sacudió el tablero político hace un año. En ese entonces, la Fiscalía señaló que las dos campañas de las elecciones de 2014, Santos y Óscar Iván Zuluaga, habían recibido aportes irregulares de dinero de la constructora brasileña. 

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Prieto fue mencionado ante la justicia por haber recibido 400.000 dólares de Odebrecht para imprimir afiches en 2010 y por señalamientos del exsenador Otto Bula de haber recibido un millón de dólares. Pero el asunto por el que rendirá cuentas ante la justicia no tiene que ver con las campañas electorales.

El enredo que lo sentará ante un juez de Bogotá tiene que ver con el supuesto lobby ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que la firma Consultores Unidos se ganara un millonario subcontrato en la Ruta del Sol III, para los diseños del puente del río Plato. Eduardo Zambrano, quien era el representante legal de la firma y hoy está en la cárcel, delató a Prieto.

Por esta gestión -que la Fiscalía considera determinante- el exgerente de la campaña Santos habría recibido 650 millones de pesos, cobrados por medio de una factura al parecer ficticia expedida por la empresa Megaland

S. A. S. Llamó la atención de los investigadores que el representante legal de esta firma fuera Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, primo de Andrés Giraldo Rivera, el hombre al que Otto Bula asegura haberle dado un millón de dólares destinados a Roberto Prieto. Giraldo, Prieto y los ejecutivos de Odebrecht niegan esta versión.

En el expediente está documentado que en febrero de 2015 se llevó a cabo una reunión entre el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade y Roberto Prieto en las oficinas de esa entidad. La cita –confirmó el mismo Andrade– tuvo como objeto responder a las inquietudes que tenía Prieto en relación con el progreso del otrosí del cual dependía la adjudicación del contrato a Consultores Unidos.

Se trataba de una adición presupuestal en el contrato Ruta del Sol III, con el que se buscaba liberar los recursos para los diseños de la futura construcción del puente de Plato, una obra de un kilómetro de largo que atraviesa el río Magdalena y que se quedó por fuera de los planes de conectividad de la vía San Roque-Ciénaga y Valledupar-Carmen de Bolívar.

 La ANI avaló el otrosí por el que Prieto preguntaba con insistencia y lo adicionó al contrato de Ruta del Sol III, ejecutado por la firma YUMA Concesionaria S.A., cuyo socio principal es la sucursal en Colombia de la firma Salini Impregilo Spa. De la manera prevista, ese consorcio italiano procedió a subcontratar por 5.788 millones de pesos a Consultores Unidos S. A., la firma representada por Eduardo Zambrano, para que adelantaran los diseños y estudios para este tramo. Andrade asegura que su entidad tomó esta decisión cuidando el interés general para evitar futuros cuellos de botella en el principal proyecto vial para conectar la costa con el centro del país. 

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Eduardo Zambrano entregó la base de esa información probatoria. Él y Prieto habían sido amigos y habían tenido negocios anteriormente. Zambrano fue capturado en julio del año pasado en la investigación por haber supuestamente blanqueado más de 15.000 millones de pesos para que la firma Odebrecht pagara coimas a políticos y servidores en Colombia. En el marco de una negociación con la justicia, suministró la copia de la que sería una factura ficticia, expedida por la empresa Megaland S. A. S., que tenía como propósito darle apariencia de legalidad al supuesto cobro de 650 millones de pesos del lobby de Prieto.  

Disfrazaron esa factura al presentarla como cobro de unos estudios de topología para una “hidroeléctrica de la vertiente cordillera Oriental”. El documento tiene fecha del 18 de mayo de 2016 y la empresa lo pagó en tres cheques en junio y julio de ese año, cuando ya había explotado el escándalo Odebrecht. Como dato curioso la firma le quedó debiendo más de 50 millones de pesos a Prieto.

Prieto se defiende con el argumento de que nunca ha negado que ha sido lobista de inversionistas extranjeros ante la ANI. Cuando hizo estas gestiones era un ciudadano particular, desvinculado de la campaña de Santos. También que el pago exitoso de un lobby es considerado una comisión de éxito. Sin embargo, la Fiscalía considera que la forma cómo se realizó y se pagó por esta gestión es irregular. Queda por determinarse si se hizo así para evadir impuestos o si hay algo más.

Como era de esperarse, la imputación de cargos a Prieto es un banquete suculento para los enemigos del gobierno. En un ambiente electoral, sus críticos salieron de inmediato a señalar el estrecho vínculo que ha existido entre el presidente y su exgerente de campaña. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo que ha realizado debates de denuncia sobre el tema, tuiteó: “¿Sabía usted que la Fiscalía no le imputará cargos a Roberto Prieto por el caso Odebrecht-Corficolombiana y la plata para las campañas de Santos 2010 y 2014, sino por otro? Que no engañen!!! ¡Se imaginan la dicha en la Casa de Nariño?”. Eso se refiere a que contrario a lo que se esperaba, la imputación nada tiene que ver con el escándalo Odebrecht ni con las acusaciones sobre financiación ilegal de las campañas.

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SEMANA se ha enterado de que aunque hay otras investigaciones abiertas, la Fiscalía considera que hasta ahora no hay evidencias que permitan endilgarle responsabilidades penales a Prieto por otros casos.

Uno de los frentes de investigación tiene que ver con la campaña presidencial de 2010. Está claro que Odebrecht pagó 400.000 dólares a la firma Impressa Group Panamá por la elaboración de afiches para la campaña. El mismo Roberto Prieto en entrevista con Blu Radio confirmó la entrega de este dinero. 

Sin embargo, la Fiscalía tiene dos tropiezos en este proceso: 1. Que Roberto Prieto no fungía como gerente de la campaña para el momento de la contratación. Su firma no aparece en ningún documento. 2. Que la violación de topes de las campañas no constituía delito, sino una infracción. Solo vino a convertirse en delito en 2017, cuando se aprobó la Ley 1864 que incluyó el tipo penal “Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales”. En todo caso, como han transcurrido casi ocho años después de los hechos es probable que cualquier acción administrativa o penal en que se pudo haber incurrido haya prescrito.

En relación con la campaña presidencial de 2014, es un hecho que Odebrecht pagó un millón de dólares a la empresa Paddington, en Panamá, por elaborar una encuesta. En ese año Roberto Prieto sí era el gerente de la campaña de reelección de Santos, pero para la Fiscalía la violación de los topes no se había constituido aún en delito. Además, en tres interrogatorios realizados en 2017, los empresarios brasileños insistieron en que Prieto no intervino con sus gestiones para la destinación de estos recursos. 

La Fiscalía también tiene abierta una investigación sobre las denuncias hechas por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe por los supuestos aportes irregulares de más de un millón de dólares a la campaña de Santos. La comisión de fiscales delegada para el caso se trasladó a São Paulo en septiembre de 2017 para investigar. Sin embargo, los ejecutivos de la firma se ratificaron en que los únicos aportes a campañas en Colombia fueron 1,6 millones de dólares a la de Óscar Iván Zuluaga y el millón dólares a la de Santos a través de la encuesta de Sancho BBDO. La Fiscalía afirma que sigue investigando las acusaciones de los dos expresidentes, pero que ninguno de ellos ha aportado pruebas que permitan hacer una acusación formal.

Otro de los líos que persigue al exgerente de la campaña Santos tiene que ver con las millonarias contrataciones con el Estado por parte de la firma MarketMedios, de propiedad de la familia de Prieto. Hace algunas semanas, el ente investigador anunció la imputación de cargos por las irregularidades que rodearon el contrato para la logística de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena. La preparación del evento tuvo un valor inicial de 43.500 millones de pesos y el contrato quedó en manos de la Unión Temporal Cumbre de las Américas, de la cual hacía parte MarketMedios.

En este caso, la Fiscalía inició procesos contra varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores e integrantes de la Unión Temporal que participaron de la contratación, específicamente por lo que sería una indebida adición del contrato por la suma de 12.000 millones de pesos y 2.500 millones de sobrecostos. También investiga los contratos de MarketMedios con Findeter y el Fondo Nacional del Ahorro. Aunque es un hecho que Prieto ha sido clave en conseguirle contratos a la empresa de su familia, su defensa es que él no aparece como socio y según sus directivos solamente tiene un contrato de prestación de servicios.

Por todo lo anterior, Prieto parecía tener teflón antes que su amigo Eduardo Zambrano lo delatara. En interceptaciones telefónicas reveladas por El Espectador, se da cuenta de la relación cercana que existía entre los dos. A comienzos del año pasado, Prieto manifestó que uno de sus mayores problemas en ese momento eran las declaraciones que dio el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade: “Lo que pasa es que Andrade fue un remalparido conmigo”. A eso Zambrano le contesta: “Es que a esa gente le hace falta peso en la cola”.

Ahora, la cuerda se le reventó a Prieto por el lado más fuerte, el de su confidente Zambrano. El único caso por el que la justicia ha logrado acorralar penalmente al exgerente de la campaña Santos ha sido el que denunció Zambrano. Los investigadores tiene la esperanza de que como esa noticia mete en líos a varios protagonistas claves (Andrés Giraldo, Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, los representantes de la firma Salini Impregilo Spa), alguno de ellos empiece a cantar. En otras palabras, toca ver si habrá otros ventiladores.