Roberto Prieto se juega la libertad ante un juez

Luego de tres aplazamientos, la Fiscalía finalmente imputó a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente en 2014, quien ahora enfrenta cargos por, presuntamente, haber recibido dinero de Eduardo Zambrano, contratista de Odebrecht, para gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una adición contractual de la Ruta del Sol III, adjudicada al concesionario Yuma, y por los hechos que rodean la supuesta entrada de dineros de la multinacional brasileña a la campaña electoral. 

Los delitos que le endilga la Fiscalía son falso testimonio, porque supuestamente mintió sobre la entrada de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial que dirigía; falsedad en documento, pues la coima que habría recibido por su gestión ante la ANI se pagó, según Zambrano, a través de un acta comercial falsa de la empresa Megaland; tráfico de influencias, pues, dice la Fiscalía, se valió de su figuración en campañas políticas para ejecutar maniobras como el lobby a favor del contrato de Yuma. Prieto también enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito porque, presuntamente, recibió 650 millones de pesos de Zambrano por su gestión.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso argumentos y pruebas para señalarlo de esos delitos. Frente al falso testimonio, por ejemplo, el ente dice que Prieto "ha faltado a la verdad" pues Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, aseguró que la multinacional aportó 1 millón de dólares que se introdujeron a la campaña a través de la empresa panameña Padington. Prieto le aseguró a la Fiscalía que no conocía nada de ese asunto. Sin embargo, la Fiscalía tiene interceptaciones en las que esa afirmación quedaría desvirtuada por la propia voz de Prieto y su amigo Eduardo Zambrano.

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En declaraciones rendidas el pasado 22 de enero, Zambrano, quien aceptó haber servido de puente para pagar coimas de Odebrecht a personajes como Otto Bula, aseguró que Prieto lo llamó para orientar la declaración que debían rendir los ejecutivos brasileños a la justicia colombiana. “Fueron acciones para obstaculizar la justicia y trastocar la verdad”, aseguró la Fiscalía. 

“Prieto fue el hombre fuerte de la campaña Santos y perpetró prevalido de esa posición actos ilícitos", dijo también el ente antes de pasar a explicar la teoría que tiene sobre el pago de coimas a Prieto. Según las declaraciones de Zambrano, Prieto lo buscó para tapar los huecos financieros de la campaña. Entonces, a cambio de un soborno, según el testigo, Prieto habría adelantado gestiones ante la ANI para concretar una adición a la Rutal del Sol III, a cargo del concesionario Yuma, con el fin de agregar la construcción del Puente Plato a la obra.

Finalmente, la adición se hizo y Zambrano logró que Consultores Unidos, la firma que representaba, obtuviera los diseños del puente, en un contrato que ronda los 5.700 millones de pesos, pagado por Yuma.

Según la Fiscalía, para acordar la adición, hubo una primera reunión en un café del parque El Virrey, en Bogotá. Las declaraciones de Zambrano apuntan a que luego se habría realizado otro encuentro en el hotel Marriot, donde estuvo él junto a Prieto, Andrés Giraldo y Juan Sebastían Correa, de la ANI. Según el testimonio del contratista, Prieto pidió que se acelerara la adición al contrato de Yuma, y Correa dijo que haría todo lo posible para apresurar el trámite. La intención de Prieto, según Zambrano, era recibir los 650 millones de pesos a cambio de esa gestión, para solventar los saldos rojos de la campaña.

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Para materializar ese pago se habría concretado una transacción falsa a través de la empresa Megaland, representada por Gilberto Saldarriaga, quien también declaró ante la Fiscalía y dio cuenta de otra maniobra ilegal para trasladar millonarias sumas en aparentes contratos, y cuyo destino fueron los bolsillos de Prieto.

Según Saldarriaga, su empresa expidió una factura por 650 millones, recibió el pago y después le devolvió el dinero en efectivo a Prieto. “En total le entregué a la mano y en efectivo 600 millones de pesos. No gané nada, fue un favor que le hice, no tuve incremento patrimonial ninguno”, aseguró Saldarriaga.

“El dinero era para Prieto y no para la campaña”, agregó la Fiscalía, pues para la fecha en que Saldarriaga le retornó la plata a Prieto, ya la campaña electoral había concluido y sus cuentas estaban cerradas. Saldarriaga, por su parte, se allanó a cargos y tras recibir un favorecimiento judicial está a la espera de una sentencia.

Durante la diligencia de imputación, la Fiscalía también aseguró que Prieto le pidió a Rodrigo de Jesús Jaramillo, gerente de InterBolsa, hacer pagos que suman cerca de 290 millones de pesos para tapar huecos de las cuentas de la campaña.

A su turno, la defensa de Prieto dijo que la Fiscalía había informado que haría la imputación sobre un tema específico, relacionado con un contrato de la Ruta del Sol III, pero exhibió toda una galería de cargos que tocan muchos otros asuntos que “sorprenden” al acusado y a sus abogados.

El penalista Marlon Díaz, defensor de Prieto, solicitó una decena de claridades a la Fiscalía respecto a varias circunstancias y momentos específicos planteados a lo largo de la imputación. Finalmente, luego de escuchar al ente investigador, el juez aplazó la diligencia en la que se decidía si, como lo pidió el ente, Prieto debe ser enviado a prisión. A la salida del complejo judicial de Paloquemao, el imputado defendió su inocencia, negó los cargos que le endilgaron y aseguró que no buscará ningún acuerdo con la justicia. 

La audiencia continuará el 15 de mayo, cuando se espera que el juzgado defina, luego de escuchar a la defensa de Prieto, a la Procuraduría y a la Contraloría, si el exgerente de la campaña presidencial debe ir a prisión mientras avanza su proceso judicial.