Imputan a dos contratistas que harían parte del entramado de obras públicas del exsenador Mario Castaño, condenado a 15 años de prisión

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra los contratistas Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales por su presunta participación en una red de corrupción liderada por el exsenador Mario Alberto Castaño, denominada “Las Marionetas”, porque “movía los hilos” para entregar contratos a dedo. La fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a ambos los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, pero los acusados no aceptaron los cargos.

Las investigaciones del ente acusador revelaron que López Giraldo y Bedoya Grajales habrían establecido vínculos con la red criminal para obtener información privilegiada y direccionar contratos en diferentes entidades a nivel nacional y territorial. Según las pruebas recopiladas por las autoridades, se habrían comunicado con un miembro de la red para acceder de manera anticipada a los pliegos de condiciones y otros requisitos legales y presupuestales en seis procesos contractuales, entre abril de 2021 y marzo de 2022.

En virtud de estas acciones, López Giraldo habría obtenido de forma irregular contratos de obras y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico, en Risaralda, la adecuación de carreteras veredales y la construcción de un parque en La Merced, en Caldas, la construcción de una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa, Risaralda, y el contrato de mantenimiento del polideportivo de Aguadas, Caldas. El valor total de los contratos ascendió a 3.074 millones de pesos. En tres de estos negocios, Bedoya Grajales participó como miembro de los consorcios ganadores.

Según las pesquisas, los contratistas, presuntamente, entregaron un porcentaje del valor total de cada contrato de obra y de cada consultoría al entramado de corrupción. En concreto, se estima que entregaron el 10 % del valor de los contratos de obra y el 25 % del costo de las consultorías en algunos de los contratos.

El proceso judicial continuará su curso y se espera que se realicen las respectivas audiencias para determinar la responsabilidad de los implicados en estos actos de corrupción, que afectan la correcta utilización de los recursos públicos y la transparencia en los procesos de contratación.

La condena de 15 años contra Mario Castaño

Mario Alberto Castaño Pérez, el poderoso dirigente político liberal de Caldas, fue sentenciado a 191 meses (15 años y once meses) por su responsabilidad directa en uno de los peores escándalos de corrupción del país. El exsenador fue condenado por un rosario de delitos por exigir coimas para para la entrega de millonarios contratos y convenios por prestación de servicios en ministerios y entidades del Estado.

La Corte Suprema de Justicia fue clara y contundente al señalar que Mario Castaño, utilizando su poder y contactos, ejerció todo tipo de presión para beneficiarse con varios contratos en los Ministerios de Cultura, Deportes y del Interior. Los interesados debían hablar con él para recibirlos de manera directa con los integrantes de la “red criminal” que conformó. Por cada contrato, debían enviarle al senador un 10 % del valor total.

El 21 de septiembre de 2022, en audiencia privada, Mario Castaño reconoció ante la Corte Suprema su plena responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. Hecho por el cual pidió una sentencia anticipada.

En esa oportunidad, Castaño reconoció su participación en la estructura criminal que, con la complicidad de un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado.

El dirigente político caldense tomó la decisión de someterse a una sentencia anticipada después de sostener un careo con Nova Lorena Cañón, su mano derecha en la organización criminal encargada de obtener millonarios contratos en diferentes ministerios y entidades públicas.

En ese entonces, Cañón, quien firmó un acuerdo con la Fiscalía, le manifestó al senador que tenía toda la evidencia para verificar la forma irregular en que se habían exigido sobornos para negociar los contratos y la obtención de una comisión del 10 % sobre el valor total de los mismos.

Sin embargo, en el fallo conocido en junio pasado, la Sala Penal decidió no reconocer parte de la aceptación de cargos hecha por Castaño frente a hechos relacionados por el interés indebido en la celebración de contratos y un peculado por apropiación, hecho por el cual reenvió el expediente para que la Sala de Instrucción reanude las investigaciones contra el dirigente político. Esto teniendo en cuenta que no se pudo demostrar la participación del entonces senador en la aprobación de esos proyectos.

Castaño llegó a convertirse en la cabeza de una compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, la cual fue puesta al descubierto y puso en serios problemas al senador liberal Mario Castaño, considerado uno de los grandes caciques políticos del Eje Cafetero, y quien se reeligió el pasado 13 de marzo con la nada despreciable suma de 68.351 votos.

SEMANA, precisamente, reveló en su momento en exclusiva el expediente en contra de Castaño. Según la justicia y el amplio expediente en poder de la Fiscalía, y ahora en manos de la Corte Suprema, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspira a su tercer período, y quien, “en virtud de los cupos indicativos, viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.

El exsenador, quien fue capturado el 7 de junio de 2022 después de salir del Capitolio, también deberá pagar una multa de 11.969 salarios mínimos legales vigentes. En su contra existe una demanda que pide su “muerte política”, lo que le impediría acceder a cualquier cargo de elección popular en su vida.