Imputan a exregistrador que exigió dinero para ayudar a candidato municipal en Meta

Por recibir un dinero u otra utilidad para que omita o retarde un acto propio de su servicio, la Fiscalía Especializada de la Unidad de Administración Pública imputó al exregistrador delegado en Puerto López (Meta) Hernán Alonso Ballesteros Buendía, como presunto responsable del delito de cohecho propio.

Según informó el ente acusador, los hechos que motivaron las acciones judiciales ocurrieron en Puerto López durante las pasadas elecciones municipales para el período 2020-2023.

Según consta en la investigación, el procesado llegó de Canaletes (Córdoba) para la jornada de elecciones regionales que se realizó el 27 de octubre de 2019 en el país.

De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, en septiembre y octubre de 2019 Ballesteros Buendía estuvo en Puerto López, lugar en el que habría recibido dinero de uno de los candidatos a la alcaldía de ese municipio para, supuestamente, garantizar su triunfo en los comicios.

Según la investigación, el imputado habría recibido cuatro pagos de entre 2 y 15 millones de pesos, antes y después de las elecciones locales para asegurar el triunfo del candidato. Dichos desembolsos se habrían configurado en un hotel de esa localidad del oriente del departamento.

Ballesteros Buendía no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

En otro hecho ocurrido en agosto del año pasado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación imputó al registrador municipal de Silos (Norte de Santander), Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, por los delitos de: concierto para delinquir agravado, tráfico de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y cohecho propio.

Acorde con las autoridades, Ramírez Rodríguez resultó responsable de emitir documentos de identificación, de manera irregular, para favorecer a una red criminal que estaría vinculada a la venta de niños venezolanos y al tráfico de migrantes del vecino país. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El material de prueba da cuenta –según explica una nota de prensa de la Fiscalía General de la Nación– de que Ramírez Rodríguez, al parecer, expidió ilegalmente un registro civil de un niño venezolano. “En el documento habría señalado que el menor de edad era nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano, dos personas que serían integrantes de la estructura ilegal dedicada a la compra de niños en zona de frontera”, asegura el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ilícitos ocurrieron entre enero y febrero de 2020. “Con ese registro civil, el niño salió del país y fue llevado a Ecuador. Desde entonces se desconoce su paradero. La mujer extranjera y su cómplice, al igual que otra persona de nacionalidad venezolana, fueron judicializados por la Fiscalía en mayo de este año por varios eventos similares”, detalla la nota de prensa.

De otra parte, el registrador de Silos (Norte de Santander) también estaría involucrado en la expedición de documentos de identidad a dos ciudadanos de República Dominicana, a quienes ceduló como colombianos, según precisa el organismo del Poder Judicial de Colombia. Los dos hombres, supuestamente, se trasladaron al Eje Cafetero y tramitaron pasaportes; sin embargo, ante la oportuna alerta de la Fiscalía, la Cancillería no se los entregó y las autoridades migratorias los expulsaron del país el 26 de abril de 2020.

Fredy Alberto Ramírez Rodríguez fue retirado del cargo y suspendido entre abril y mayo de 2021. Su captura se produjo en diligencia realizada por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y el Gaula Militar en el Zulia (Norte de Santander). En el procedimiento fueron incautados varios elementos y documentos que serán de importancia para el avance del proceso.