Dos fiscales del Cauca, a responder por narco 'colado' en el proceso de paz

La extradición de Segundo Alberto Villota ha sido una piedra en el zapato del gobierno colombiano desde que Estados Unidos lo requirió para procesarlo por el cargo de narcotráfico en cortes de Florida y de Texas en 2012.

De acuerdo con lo que informaron en su momento el departamento del tesoro y la agencia antidrogas de norteamerica, Villota es acusado de haber sido el encargado de supervisar la producción de cocaína en Colombia, además del transporte y la venta de estupefacientes en Estados Unidos a través de los carteles mexicanos de los Zetas y de Sinaloa, con los que se supone que fungía como enlace.

En ese contexto -dice el Departamento del Tesoro estadounidense- es que habría contratado a las FARC para que le protegieran sus laboratorios y escoltaran las caravanas en las que se transportaba la droga. Por ese motivo fue incluido junto con su hermano en la lista Clinton, presuntamente por lavar dinero de la organización dirigida por el narcotraficante Fernaín Rodríguez Vázquez.

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Desde que las autoridades lograron dar con su paradero en Ecuador y fue deportado a Colombia, su proceso se convirtió en una batalla legal entre las autoridades y algunos sectores de la guerrilla preocupados de que puedan ser extraditados hombres cercanos a las FARC relacionados con cargos de narcotráfico. Su nombre aparece en una lista entregada por el entonces jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, en noviembre del 2016 en donde acredita que Segundo Villota hacía parte de la organización. 

Sin embargo, las autoridades colombianas alegan tener suficiente información para documentar que se trata de un ‘colado‘ del proceso de paz. Así lo indicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que en este caso se tiene documentado que pagó por frenar su envío a los Estados Unidos y conseguir su pase en la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Cuando pareció que todo estaba listo para trasladarlo a suelo norteamericano en mayo de 2016, después de que la Suprema Corte de Justicia avalara la extradición y que el ejecutivo ratificara el trámite administrativo, una tutela interpuesta por el condenado frenó en seco el proceso. (Ver la tutela)

En el auto, Segundo Villota se amparó en el hecho de que estaba siendo imputado en Popayán por el delito de rebelión y había sido certificado como miembro de las FARC en el listado parcial de presos integrantes de la organización que envío la secretaría al Alto Comisionado para la paz. Los argumentos fueron suficientemente convincentes como para persuadir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de suspender la extradición por violación al debido proceso.

Por su parte, la Fiscalía se sorprendió de la velocidad con la que se estableció que uno de los "últimos capos del Cártel de Cali" -como fue calificado Villota- era realmente un insurgente. En el marco de sus investigaciones sobre el motivo de esta transformación el ente acusador encontró que había inconsistencias entre el informe de la Sijín montado sorprendentemente rápido y las informaciones del ejército respecto a la relación del preso con las FARC. En el curso de las indagaciones, un miembro de la Sijín reconoció que se había tratado de "un montaje", lo que abrió la puerta a la investigación que podría tumbar la versión que mantiene en Colombia al Villota.

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ste miércoles 19 de julio se abrió otro capítulo en esta pelea judicial, cuando las fiscales seccionales y locales María del Socorro Fernández e Isabel Rengifo fueron imputadas por los delitos de prevaricato por acción agravada y fraude procesal, presuntamente por favorecer a Villota en su intención de hacerse pasar por un miembro de las FARC para evitar la extradición.

De acuerdo con lo que se dio a conocer en el audiencia, María del Socorro Fernández fue quien lo imputó por el delito de rebelión sin demostrar su relación con las FARC. Entre tanto que Rengifo quien radicó el escrito de acusación en donde se plasmó la aparente condición de desmovilizado de Villota.

En enero pasado, el patrullero Manuel Antonio Riascos había sido procesado por elaborar un informe en el que se responsabilizaba a Villota de rebelión. En este sentido, le fueron imputados los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado.

Con esta investigación, el gobierno trata de deshacer los argumentos en los que se pudo apoyar el presunto narcotraficante para justificar su pertenencia al grupo guerrillero y evitar su traslado a una cárcel estadounidense. Sin embargo, para la justicia colombiana está cada vez más claro que se atajó el primer caso de un narco que se quiso hacer pasar por guerrillero.