Imputan a Salvatore Mancuso y otros exintegrantes de AUC por más de 5.200 delitos; Tribunal de Barranquilla exige medidas de aseguramiento

La Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Justicia Transicional, concluyó dos macroimputaciones contra comandantes y exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por diferentes delitos cometidos, entre 1987 y 2005, en el norte del país. Estas acciones tuvieron lugar en dos salas de Control de Garantías de Justicia y Paz; una en el Tribunal Superior de Barranquilla y la otra en el Tribunal Superior de Bogotá.

Ante el Tribunal Superior de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación imputó a Salvatore Mancuso Gómez, comandante del grupo armado ilegal, y a otros 24 desmovilizados del Bloque Córdoba, frente La Mojana y la Casa Castaño de las AUC, por la comisión de 4.071 hechos violentos que dejaron 6.552 víctimas en varias regiones del país.

Los delitos imputados incluyen 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos por violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos.

En la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional realizó la imputación a los desmovilizados y solicitó medidas de aseguramiento de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Justicia y Paz.

Entre los hechos delictivos imputados se encuentra la masacre de Pichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996, en jurisdicción de Morroa, Sucre, en la que Salvatore Mancuso y hombres a su cargo asesinaron a 11 personas y generaron un desplazamiento.

Por otra parte, está la masacre de Tasajera, ocurrida el 1 de octubre de 1996. En este doloroso hecho, hombres pertenecientes al Bloque Córdoba de las Autodefensas incursionaron al corregimiento Tasajera, en El Guamo, Bolívar; y le ocasionaron la muerte a tres hombres y a una mujer.

Ante la Sala del Tribunal Superior de Bogotá, Salvatore Mancuso y 22 hombres que integraron el denominado Bloque Montes de María de las AUC, la Fiscalía General les formuló imputación formalmente por 1.153 hechos delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Dentro de los hechos criminales se destacan 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados.

Algunos de los casos imputados ante la Sala de Control de Garantías del Tribunal Superior de Bogotá son el ocurrido el 12 de marzo de 2003, cuando cinco personas armadas ingresaron a un inmueble de la vereda El Penique, en Clemencia, Bolívar, y asesinaron a Sebastián Herrera Ramírez y se llevaron a tres de sus hijos. Uno de ellos fue encontrado sin vida al día siguiente y de los otros dos se desconoce su paradero.

De otro lado, el cometido en 3 de diciembre de 2002, cuando los hermanos Eliécer David y Jaime Beltrán Morales fueron asesinados en el corregimiento El Aguacate de San Onofre, Sucre, mientras se trasladaban en una camioneta junto a otras personas. Uno de los pasajeros y testigos de los hechos contó a la familia de la víctima lo sucedido; sin embargo, 15 días después fue desaparecido por un grupo. El cuerpo fue ubicado y exhumado en diligencias realizadas en 2007 y, posteriormente, entregado a sus familiares.

Cabe recordar que Salvatore Mancuso recibió el pasado mes de marzo el beneficio de libertad condicional de parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Este beneficio se le otorgó a modo de prueba mientras cumple los compromisos que adquirió de verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado.

Esta libertad se hará efectiva cuando Mancuso Gómez, quien se encuentra todavía en una cárcel de los Estados Unidos pese a cumplir su condena por narcotráfico, sea deportado a Colombia. El excomandante del Bloque Norte de las AUC tendrá este beneficio por cuatro años y, si cumple con todas las condiciones, se hará extensivo.

Mancuso ha sido noticia en las últimas semanas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenara al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que realizará las gestiones para esclarecer la situación jurídica del exjefe para en los Estados Unidos, quien está detenido en un centro de reclusión de migrantes. “Esto último con el propósito de obtener respuesta de ese país frente a las solicitudes de extradición que han realizado las autoridades colombianas”.