Imputan al expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso, por nuevos hechos de corrupción

La Fiscalía General de la Nación decidió abrir una nueva línea investigativa por las actuaciones ilícitas detectadas en el manejo de la EPS Cafesalud. El material de prueba obtenido da cuenta de que el expresidente de la entidad, Guillermo Grosso Sandoval, habría recibido dineros para direccionar contratos.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el entonces ejecutivo, al parecer, le propuso a un amigo crear un Instituto Prestador de Servicios de Salud (IPS) y licitar ante Cafesalud para quedarse con dos contratos para atender a 70.000 pacientes en el norte de la ciudad de Bogotá.

Los contratos fueron celebrados en febrero de 2016. Uno ascendió en valor a $ 28.229 millones y el otro a $ 24.426 millones. Los dos fueron pactados por un término de 36 meses, y contemplaban garantizar servicios de medicina general, odontología, oftalmología, laboratorio clínico, vacunación, y atención a la primera infancia y mujeres gestantes.

El material de prueba en manos de la Fiscalía da cuenta de que por, presuntamente, favorecer a su conocido, Guillermo Grosso Sandoval acordó recibir entre $ 40 millones y $ 50 millones mensuales. En la investigación, se acreditó que le habrían entregado, entre mayo de 2016 y junio de 2017, unos $ 664 millones en efectivo.

En ese sentido, al expresidente de Cafesalud le fue imputado el delito de cohecho impropio, pero el procesado no aceptó este cargo. Este es el tercer proceso al que es vinculado Guillermo Grosso Sandoval por supuestas irregularidades en el manejo de contratos y recursos de la salud.

La millonaria inyección que recibirá la EPS Savia Salud

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín le dieron los primeros auxilios a la EPS Savia Salud luego de que sus finanzas la tuvieran por un largo período en la unidad de cuidados intensivos: con nuevos socios capitalizó sus acciones y está a la espera de que la Superintendencia de Salud le dé el visto bueno al negocio.

La crisis empezó hace varios años cuando las autoridades reconocieron que la EPS paisa estaba al borde de la quiebra por presuntas irregularidades en su manejo. En 2021, por ejemplo, fue catalogada por la Personería de Medellín como una de las más incumplidas por demoras en la asignación de citas con especialistas y en la entrega de tratamientos y medicamentos.

El salvavidas fue lanzado en noviembre del año pasado, cuando la junta directiva colocó en el mercado acciones con un valor de $120.000 millones que estaban a disposición de los actuales socios y de 240 instituciones prestadores de salud de Antioquia, tanto públicas como privadas. Es decir, los socios invitaron a más personas a invertir en la EPS para salvarla de la quiebra.

Frente a ese escenario, se aceptaron a 22 hospitales para que se asociaran a la empresa: 14 están sostenidos con recursos públicos mientras que ocho son particulares. En la lista están los hospitales de La María, Mental de Antioquia, César Uribe, Caucasia, Venancio Díaz, Sabaneta, Clínica Conquistadores y Promedan. El primer grupo entregó más de 30 mil millones de pesos.

“Hoy podemos decir que nuestros accionistas están tranquilos y que, gracias a ellos, recibimos el aval para agregar nuevos inversionistas. Las intenciones y las determinaciones de nuestros socios y de los hospitales estuvieron por encima de lo previsto”, detalló la gerente de Savia Salud, Lina María Bustamante.

Así las cosas, de contar con el respaldo de la Supersalud, el 72,42 % de la EPS pertenecerá al sector público y el 27,58 % al privado. A juicio de los dueños, este modelo corporativo es sostenible dado que se continuará prestando el servicio a los más de 1.6 millones de usuarios que están repartidos en 123 municipios de Antioquia.

De esta manera, se podrá dar por superada la medida de vigilancia especial que le impuso el Gobierno nacional en 2017 por el deterioro que mostraron los resultados de entonces. Con miras a no ser liquidada, las inversiones deben cumplir los objetivos: mejorar los indicadores financieros, técnicos y patrimoniales.

Eso implicará una reorganización en la EPS que le fue encargada a la exsecretaria de Salud de Antioquia y quien lideró la crisis de generada por el covid-19 en el departamento, Lina María Bustamante. Según los planes, en menos de tres semanas se socializará el plan con la Superintendencia de Salud para que borre todas las dudas que tiene sobre el cumplimiento de la compañía.

“Con esta capitalización, a principios del mes de julio llevaremos el plan de reestructuración institucional de Savia a la Superintendencia también. Esperamos que sea aprobado para levantar la medida de vigilancia que ha tenido Savia”, dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.