Representantes de los Solarte habrían entregado 1.000 millones a Iván y Samuel Moreno

Hasta el día de hoy, los empresarios de la firma brasileña Odebrecht han negado haber entregado sobornos para obtener el contrato de Tunjuelo-Canoas.

A pesar de que la compañía reconoció públicamente haber montado una oficina destinada específicamente a la entrega de coimas, su posición se ha mantenido firme respecto a la obtención del convenio de construcción de los interceptores Tunjuelo-Canoas, destinados a acarraear las aguas negras del Río Bogotá hasta la planta de tratamiento, valorado en $ 234.000 millones.

En concordancia con esta línea, la fiscalía ha centrado su atención en la entrega de dinero que habrían presuntamente realizado los constructores Orlando Fajardo Castillo y Paola Fernanda Solarte entre abril y septiembre de 2010, para adueñarse del contrato. 

Este martes, a partir de esta misma hipótesis, el ente acusador sentó en el banquillo de acusados a Samuel Moreno, a quién imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio. 

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Según el ente de control, el exalcalde de Bogotá tuvo conocimiento de cómo Orlando Fajardo y Paola Fernanda Solarte, ambos representantes de la firma CASS Constructores hicieron entrega de cuatro pagos que sumaron $1.000 millones al contratista Andrés Cardona Laverde, quien a su vez le llevó a Emilio Tapia el dinero destinado a Iván Moreno.

En un primer momento, dijo, Orlando Fajardo y Paola Fernanda Solarte subministraron 250 millones de pesos en efectivo a Cardona Laverde, entonces miembro de la firma ACC Ingenieros, en un paquete color beige sellado con cinta adhesiva. A finales de abril de 2010, este habría llevado el encargo a la casa paterna de los hermanos Moreno ubicada en el barrio de Teusaquillo, a la que entró por una puerta metálica oculta, lo que explicaría que no hayan quedado registros del acto. En el lugar, se encontraron Andrés Cardona, Emilio Tapia e Iván Moreno, quienes procedieron a la transacción, que contaba con la venia del exalcalde.

El segundo, tercer y cuarto pago habían sido aportados por Fajardo y Solarte a Andrés Cardona directamente en las oficinas de la constructora Fajardo Nieto. Según el ente investigador, Cardona los entrega a Emilio Tapia, siempre en el parqueadero del Archie´s Pizza de la calle 116, quien se los llevó a los hermanos Moreno posteriormente.

Con estas nuevas imputaciones, Samuel Moreno regresó al centro de la atención pública después de haber desaparecido de la circulación durante un tiempo. A siete años de que estallara el escándalo del ‘Carrusel de la contratación, la fiscalía sigue considerando que el el exalcalde y su hermano, Iván Moreno, habrían sido los arquitectos de la mayoría de los desfalcos que afectaron a Bogotá durante su administración. 

En 2016, Samuel Moreno fue condenado a 18 años de prisión por su implicación en el contrato de ambulancias y en enero del año siguiente, el tribunal al que apeló aumentó su sentencia a 24 años y 8 meses de prisión. Un veredicto que recientemente confirmó la Corte Suprema de Justicia. Después de eso, pareció que el caso se había empolvado hasta que el escándalo de Odebrecht revivió el proceso de Tunjuelo-Canoas.

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Según la teoría que presentó Jaime Zetién –fiscal encargado- ante el juzgado 82 de garantías, Samuel Moreno habría intervenido en dos momentos en la entrega del contrato 1115 de 2009 que terminó en manos del Consorcio Canoas, compuesto por las constructoras Norberto Odebrecht y CASS Constructores. El exalcalde, por su parte, rechazó los delitos que les fueron atribuidos y se declaró inocente.

La primera intervención del exalcalde –según la Fiscalía- se dió en el momento en que Samuel Moreno le ordenó al entonces presidente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Jorge Enrique Pizano Callejas, adjudicar el contrato a la empresa Unión Temporal Cartellone-Arquitectura & Concreto, cuyo propietario era en su momento Francisco Alejandro Martínez Restrepo. En ese entonces, Moreno, en su calidad de alcalde mayor, hacía parte de la junta directiva del acueducto y la descontaminación del río Bogotá había sido erigida como prioridad en el plan de desarrollo de la ciudad.

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Pero el plan maestro se habría descalabrado cuando quedaron descubiertas las insuficiencias técnicas en las propuestas de Cartellone, dejando como un solo proponente al Consorcio Canoas. Para asegurar el éxito de la operación, Orlando Fajardo y Andrés Cardona –dos contratistas con gran poder en el acueducto- habrían sobornado al representante legal de la empresa argentina, Manuel Sánchez, para que no defendiera los intereses de su protegido. Finalmente, el proyecto quedó en manos del Consorcio Canoas, mucho antes de que se revelara el escándalo de Odebrecht.

Por su anuencia en este negocio, Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno habrían recibido $1.000 millones, lo cuál representa presuntamente su segunda injerencia en el asunto. Pizano también habría sido retribuido por su papel en la licitación, aunque la Fiscalía no precisó en qué cuantía ni en qué circunstancias habrían entregado coimas al hombre que acaba de ser llamado a imputación.

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Sin embargo, todavía quedan varios interrogantes por esclarecer. Uno de ellos es por qué la firma francesa Soletanche Bianchy -perdedora en la licitación- asegura que le exigieron una coima de 8.75% del contrato, lo que representa una suma de 21.263 millones de pesos, y hasta ahora solo se hablan de $1.000 millones presuntamente entregados a los hermanos Moreno.