JUSTICIA
Las carpetas que enredan a Guatibonza con una organización de espionaje
La Fiscalía reveló los nombres de algunas de las 175 carpetas que entregó el coronel (r) Jorge Salinas. Dejan constancia de la actividad ilegal, quién la promovió, quién la contrató y cuánto se cobró. Van seis firmas de consultoría salpicadas. El enlace clave sigue prófugo.
Carreño, Bucaramanga, Gaula I y II, Palmira, Cultivo de Flores, Gato Negro, Providencia, Girasol, Guatibonza, Gordos o Barbas, Fiduciaria, carpetas VIP, Sijín, La Calera, Botero, Goodyear, Llanos, Brujo, Panamá, España, Fenando, Pinocho, Herencia Oro, Estudio 28.000, Alerta, Santo Tomás.
Marcadas con nombres como estos, la Fiscalía cuenta con 175 carpetas entregadas por el coronel (r) Jorge Salinas, quien es considerado el líder de una organización criminal dedicada vender servicios de espionaje y bajo la cual se habría logrado chuzar más de 800 líneas de funcionarios y particulares.
Las carpetas fueron entregadas como parte de una negociación que el excoronel adelanta con la justicia y tienen respondiendo penalmente en su supuesta calidad de clientes al general (r) Humberto Guatibonza y a su antiguo asesor de prensa Carlos Arenas Valero, hoy socio en una compañía.
La investigación se origina con interceptaciones telefónicas realizadas desde Ipiales en el marco de las pesquisas que adelantaba la Fiscalía por el robo de camiones. Estas revelan cómo seis firmas habrían tenido que ver en esta actividad: JHS Consultores, Quarcom SAS, VIP Security, Global Security, A&G Consultores y HGC Consultoría.
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El fiscal del caso Ricardo Martínez reveló durante la audiencia de imputación de cargos que por chuzar una línea telefónica durante un año esta organización cobraba 2 millones de pesos y por hacerlo durante seis meses cobraba 1.5 millones de pesos. A Guatibonza, Arenas y a Julián Villarraga le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo de información, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales. Ninguno de los tres imputados aceptó los cargos de la Fiscalía.
Un implicado más, Juan Carlos Madero Mendienta, representante de la firma Quarcom SAS, está prófugo de la justicia. El hombre es clave porque es la persona que habría hecho el enlace con clientes de relevancia nacional. Según la declaración de Salinas, a través de él llegó el senador Armando Benedetti, quien habría pagado por chuzar al fiscal general, al prestigioso abogado penalista Jaime Lombana, y a su hijo.
Podcast: Las llamadas y los chats que salpican a Guatibonza en el escándalo de la red de espionaje
Además de interceptaciones telefónicas y declaraciones en su contra, la Fiscalia reveló el contenido de carpetas que enredan al general Guatibonza. Una de ellas, está marcada como Providencia e Incauca. Según la Fiscalía, en ella se hace referencia a unos correos amenazantes que recibió uno de los presidentes de la empresa y contrataron los servicios para encontrar su origen. Quien llevó este trabajo a Incauca habría sido Guatibonza.
La misión consistía al parecer en conseguir la IP desde donde se originaron los mensajes y la ubicación del envío de los correos electrónicos. Dice la carpeta que detectaron que una de las cuentas se abrió dentro del edificio de Incauca. También se entregaron los números de 14 teléfonos para descargar mensajes de WhatsApp, dar su ubicación e interceptarlos para ver qué hablaban entre ellos, y el pago fue de 4 millones. Este caso, según la declaración de Salinas, también fue referido por Carlos Arenas.
Un segundo caso es el marcado como Girasol. Este también, según la carpeta, fue referido por Guatibonza, y buscaba establecer a través de mensajes de WhatsApp de dónde provenía el hurto de cobre en camiones cuando parqueban en Villavicencio. Al contratarlo, Salinas asegura que le dieron el contacto de los celulares de los camioneros y el trabajo de María Alicia (Pinzón) era recuperar los WhatsApp y hacer búsquedas selectivas con palabras claves. Este caso no habría alcanzado a culminarse. Sobre esta información también existe información en interceptaciones telefónicas y en la declaración que rindió Salinas a la Fiscalía.
De las carpetas también se encontró lo que sería un favor que pidió el general para ayudar a un amigo abogado. Se trata de la carpeta Carreño, y se trataría de descargar los mensajes de WhatsApp de la esposa del abogado, de quien se tenía sospechas de infidelidad. Sobre este caso no se habría recibido remuneración.
La Fiscalía reveló el contenido de otra de las carpetas -marcada como Caso Negro- que consistía en conseguir una lista de contactos y conversaciones de WhatsApp de dos teléfonos, la cual era referida por Carlos Arenas. Y la carpeta Estudio 28.000, también de Arenas, que consitía en hacer estudios financieros, descargas de WhatApp y correos electrónicos de un celular.
"Esta organización tenía como objetivo lucrarse económicamente de información ilegal obtenida por personas pertenecientes a empresas de seguridad (...) El modus operandi consistía en que desde el comienzo se ofrecía una interceptación ilega y una multiplicidad de negocios; la información diaria que suministraba la organización actualmente se está analizando y está alojada en dispositivos de almacenamiento digital", indicó la Fiscalía, que recalcó que estos elementos son de propiedad de María Alicia Pinzón (exfuncionaria del Ministerio de Educación); del coronel Salinas y del mayor Quiroga.
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