Imputan cargos por millonario robo de recursos para subsidios de vivienda de interés social en Huila; $2.000 millones se esfumaron

Un importante avance en la lucha contra la corrupción se dio en Neiva, donde la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila imputó cargos por el delito de peculado por apropiación a cuatro personas, tres de ellas pertenecientes a una misma familia, “por el caso de la gerencia de vivienda que el Banco Agrario ofertó para los subsidios de interés social rural de Tarqui y Suaza, Huila, en el 2015, que no se ejecutó en su totalidad”, de acuerdo con la Fiscalía General.

Los imputados son Adriana Marcela Peña Saavedra; su madre, Alicia Saavedra Perdomo; su tío, Jaime Saavedra Perdomo, y Diana Cedeño Chicaiza, quienes desempeñaron diferentes roles en este caso. Según los peritos del Grupo de Administración Pública y de Criminalística del CTI, el monto del peculado asciende a más de 2.000 millones de pesos.

De acuerdo con los investigadores, se estableció que, de las 289 viviendas destinadas al proyecto, solo 64 fueron intervenidas, 29 en Tarqui y 35 en Suaza, con un valor superior a los 900 millones de pesos.

Los expertos detectaron irregularidades en el manejo de las 8 cuentas en las que el banco giró los recursos para los proyectos (más de 3.000 millones de pesos). El ente investigador encontró que Jaime Saavedra Perdomo aparecía como única persona autorizada para realizar giros, mientras que Adriana Marcela Peña Saavedra, la contratista y representante del consorcio, debía tener esta facultad.

Presuntamente, el procesado firmó la emisión de 70 cheques que mayoritariamente fueron girados a personas naturales y jurídicas que no tenían relación con la ejecución del contrato. Además, se registraron abonos para la compra de vehículos y equipos de oficina que no estaban relacionados con el objetivo del proyecto.

Los hechos imputados ocurrieron entre septiembre de 2014 y abril de 2016, durante el procedimiento de solicitud pública de ofertas GV VISR-2014-004, en el cual el Banco Agrario debía administrar los recursos públicos destinados a los mencionados subsidios de vivienda rural.

El consorcio, representado por Adriana Marcela, fue seleccionado para la gerencia integral, comprometiéndose a administrar los recursos para 8 proyectos en Tarqui y Suaza. El monto total de los recursos ascendía a más de 5.2 mil millones de pesos.

“La gerencia le fue otorgada a un consorcio representado por Adriana Marcela, con quien el Banco Agrario de Colombia, el 29 de mayo de 2015 en Bogotá, suscribió el contrato de Gerencia Integral C-GV2014-106 a través del cual la contratista se comprometió a realizar las funciones de Gerencia Integral para la administración de los recursos públicos destinados a 8 proyectos en dos municipios del Huila, como lo son Tarqui y Suaza”, explicó la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, “el consorcio fue conformado por una cooperativa de profesionales representada en su momento por Jaime Saavedra Perdomo y una entidad sin ánimo de lucro, representada por Diana Paola Cedeño Chicaiza”.

Para este caso, “le correspondió la administración y el manejo de los recursos de vivienda de interés social rural para 289 soluciones de vivienda, divididos en ocho proyectos: cuatro para Suaza y cuatro para Tarqui”.

Los recursos destinados provenían del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, cuyo valor fue de $ 5.264.532.964.42 por concepto del subsidio y la contrapartida, y $ 137.287.000 por concepto de comisión por administrar esos recursos públicos, con término de ejecución de 8 meses contabilizados a partir del primer desembolso.

Ninguno de los imputados ha aceptado los cargos presentados por la delegada fiscal. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y garantizar que se haga justicia en este escandaloso caso de peculado que ha afectado los recursos destinados a vivienda de interés social rural en el departamento del Huila.