Imputan por primera vez a cinco personas por el delito de deforestación de la Amazonía

La Fiscalía General de la Nación empleó, por primera vez, la figura del delito de deforestación para realizar una imputación concretamente contra cinco personas por la destrucción de cientos de hectáreas en la región amazónica.

La Policía considera a estas cinco personas como miembros del Cartel de la Deforestación y estaba liderado por Marco Aurelio Quiroga Tovar, quien habría arrasado con 83 hectáreas de bosque en Bellavista, en el Parque Nacional Natural de la Serranía Los Picachos, entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Uribe (Meta), informó RTVC.

Según la investigación, ocho de las hectáreas afectadas fueron deforestadas durante los primeros días de 2022, acabando con la vegetación en esta área de especial protección para ampliar la frontera agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado.

Además del cargo de deforestación, la Fiscalía ha imputado al procesado los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio.

Los otros procesados son Lisandro Suárez Atehortúa, quien habría acabado con 235 hectáreas de bosque en un terreno conocido como Nápoles, localizado en el Parque Nacional Natural Tinigua, en inmediaciones de La Macarena y La Uribe (Meta) y Audelo Granado Tovar, presunto responsable de la destrucción de 61 hectáreas para la cría de ganado, en el predio El Recreo, en el PNN Tinigua.

También Duivier Rodríguez Hernández ha sido señalado de deforestar 59 hectáreas en el predio El Paraíso, en la Serranía Los Picachos. Para el segundo ciclo de vacunación de 2021, este hombre informó de que tenía 268 cabezas de ganado en ese lugar y William Parada Gutiérrez, supuesto responsable de la deforestación de 52 hectáreas de bosque en el predio La Cabaña, ubicado en Tinigua.

Los jueces de control de garantías accedieron a imponer distintas medidas de protección en favor de los áreas afectadas como la prohibición a los procesados para ingresar a los Parques Nacionales Naturales en los que deforestaron, orden de retirar el ganado en tres meses y cancelación de los Registros Sanitarios Pecuarios.

Cabe mencionar que, de acuerdo con una recopilación de datos de WWF, la Amazonia colombiana enfrenta una crisis ambiental y de seguridad sin precedentes que tiene en grave riesgo a los defensores ambientales. Aunque esta crisis viene gestándose desde hace décadas, ha cambiado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016.

Así lo señaló el análisis Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonia colombiana, realizado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Adelphi, gracias a una iniciativa de WWF, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon Conservation Team (ACT), Fundación Gaia Amazonas y Tropenbos.

De acuerdo con el informe, la intensificación del acaparamiento de recursos y de actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura, no solo impulsaron la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que también aumentaron la violencia. Según cifras del Ideam, el 70 % de la deforestación en el país se concentra en la Amazonia y sigue en aumento: de 98.256 hectáreas en 2019 a 109.302 hectáreas en 2020.

*Con información de Europa Press.