Inadmisible: los bloqueos de las vías tienen en jaque al país

Colombia completó tres semanas en medio de uno de los paros más violentos en la historia. Más de 40 muertos y unos 2.000 heridos, entre policías y civiles, reflejan la magnitud de unas protestas ensombrecidas por el vandalismo, excesos de la fuerza pública y más de 40 taponamientos viales, que se traducen en desabastecimiento y más de 10,2 billones de pesos en pérdidas económicas. La radiografía es compleja. Los colombianos atraviesan por la peor crisis económica en décadas como consecuencia de la pandemia.

Hoy, el país tiene a más de 21 millones de personas viviendo en condición de pobreza. Si a eso se le suman los días en paro, los establecimientos cerrados y la incertidumbre sobre cuándo volverá la normalidad, el escenario es el de una verdadera tormenta. El Gobierno ha cedido a las pretensiones de los manifestantes. Desmontó la polémica reforma tributaria –la gota que rebosó la copa y movilizó a gran cantidad de ciudadanos a las calles–, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla salió del cargo y la reforma a la salud –otra de las exigencias– se hundió en el Congreso. Y, para rematar, Iván Duque anunció importantes compromisos, entre ellos, la matrícula cero para estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3; el subsidio de 25 por ciento de un salario mínimo a empresas que contraten jóvenes de 18 a 28 años, así como líneas de crédito del Banco Agrario para apoyarlos con proyectos de desarrollo rural, entre otros.

Pero del lado de los manifestantes, el país no ha recibido retribución alguna. Los bloqueos continúan, las marchas por las calles siguen tomando fuerza, el vandalismo persiste, hace estragos en Popayán, Neiva, Bogotá, Bucaramanga y Buenaventura, entre otras ciudades, y las consecuencias económicas por los taponamientos cada vez son más graves.En el Valle, por ejemplo, las pérdidas económicas superan 2,2 billones de pesos, el 41,3 por ciento de las empresas no está operando normalmente y el 42,2 por ciento lo hace de manera parcial. Cali registra desabastecimiento de gasolina, comida e insumos por su incomunicación con Yumbo, Jamundí y Buenaventura, donde se reportan más de 210.000 millones en pérdidas de economía local y 510.000 toneladas de carga represadas.En Bogotá, solo 8 por ciento de los negocios opera a plena capacidad y cada día de paro representa 50.000 millones de pesos en pérdidas para el sector productivo, según cifras de Fenalco y la Cámara de Comercio.

En el Eje Cafetero hay más de 900.000 sacos de café represados por los taponamientos. Por esto, tras múltiples llamados al diálogo, el presidente ordenó a la fuerza pública desbloquear las vías, una decisión que generó controversia entre la oposición, que tildó a Duque de manejar un doble discurso mientras busca negociar con el Comité Nacional del Paro.

EL RESPETO

El Gobierno insiste en respetar el derecho de los ciudadanos, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, a “reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. No se ha opuesto a que los manifestantes se expresen en las calles, pero sí a los taponamientos y al vandalismo que aprovecha para pescar en río revuelto.Pero existen límites legales en la protesta que los líderes de los bloqueos deben respetar. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras habla de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, por medio de la cual se reforma el código penal, donde se decretan medidas penales para garantizar la seguridad ciudadana.

En su artículo 44 se precisa “que quien por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medioambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales”.

La misma ley, en su artículo 45, impone sanciones más severas contra quienes imposibiliten la circulación o dañen naves, aeronaves, vehículos o medios motorizados destinados al transporte público, colectivos o un vehículo oficial, es decir, lo ocurrido en Cali, donde más de 24 buses del MIO fueron vandalizados. Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia, dice que, aunque la Ley 1453 está vigente, también es clara en afirmar que aplica a quien utilice medios ilícitos. Y en los bloqueos, hasta ahora, se observan camiones, campesinos e indígenas, pero no a alguien presionando con armas de fuego. Cosa contraria ocurre con las obstrucciones viales en Cali, donde la primera línea, o jóvenes encapuchados, obstruyen vías y portan algunas veces distintas armas.

Aunque dicha Ley 1453 rige desde hace diez años, ¿cuáles son las condenas y resultados? “No aplica, esta es la hora y seguimos teniendo los mismos problemas. Es evidente que no resuelve nada”, respondió el penalista Francisco Bernate.

La protesta –en principio– es legal, según el abogado Iván Cancino, pero cuando empieza a generar afectaciones al país, el Gobierno tiene las facultades para despejarla. Los bloqueos –según él– pueden ser ilegales y el Estado puede tomar medidas, pero si se convierten en ilícitos (cuando afectan la salud pública, el abastecimiento o la vida), el escenario es otro. La mujer embarazada que perdió a su bebé en Cundinamarca en mayo de este año, porque impidieron el paso a la misión médica, podría demandar, pero tendría que hacerlo exclusivamente contra quienes impidieron el recorrido de la ambulancia.“

Las denuncias que ponen contra el Comité del Paro son difíciles que cuajen penalmente, pero en este caso sí podría ocurrir porque hay un video que sirve como prueba”, destacó Cancino, quien aclaró que cuando hay un montón de ciudadanos obstaculizando una carretera “es muy difícil atribuir una responsabilidad penal”.Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le dijo a SEMANA que en la normatividad y procedimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “los bloqueos son mecanismos legales para establecer las posiciones y las protestas frente a una situación de carácter social o laboral”. “Están confundiendo, esta norma no se aplica”, apuntó Cancino. Así mismo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, desmintió que la OIT permita el bloqueo de vías.

Más allá del debate jurídico, hay momentos en los que el diálogo se agota y el Gobierno no tiene otra salida que aplicar el uso legítimo de la fuerza del Esmad y hacer valer los derechos de todos los colombianos.

No se trata de desbloquear las carreteras a sangre y fuego, pero sí que la Policía y el Ejército restablezcan la movilidad respetando los derechos humanos.El Decreto 003 de 2021 de la Presidencia, por ejemplo, establece que el uso de la fuerza debe ser proporcional y gradual, en otras palabras, otorga vía libre al Esmad para que disuelva una manifestación violenta. Debe utilizar el mecanismo de fuerza no letal “porque no son armas de fuego y tienen unos protocolos de revisión por parte de organismos de control antes de salir a la calle”, destacó el ministro Palacios. El arma de fuego –dicen los protocolos– solo podrá usarse por la Policía cuando la vida del uniformado esté en peligro. En Cali –por ejemplo– más de 171 uniformados resultaron heridos tras las recientes protestas, algunos de ellos con armas.

La estrategia, hasta el momento, ha dado los primeros resultados. Durante la semana, el país pasó de 170 a 42 bloqueos. Los manifestantes deben entender que así como el país comprende que sus reclamaciones son justas, está cansado del paro y es hora de ponerles punto final a los taponamientos. La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA evidenció que 72 por ciento de los colombianos apoya las movilizaciones y 68 por ciento rechaza contundentemente los bloqueos. “¿Hay que pedir permiso para que un colombiano tenga abastecimiento y acceda a la salud? No. Prudencia, diálogo, pero no estamos negociando la Constitución”, afirmó Palacios.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, insistió en llamar a los promotores del paro “para que reconozcan el inmenso daño que se hace a los trabajadores, ciudadanos y empresas con los bloqueos y el vandalismo”, mientras el presidente Duque, sin instalar oficialmente la mesa de negociación, ha dado señales de diálogo, mantiene la posición de negociación y no pretende confrontaciones, pese a que distintos sectores políticos le exigen mayor autoridad. El tiempo pasa y los bloqueos ya son inadmisibles.