Inassa, dueña de Triple A, ofreció devolver parte del dinero objeto de desfalco: Procurador

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, cumple tres días de una ajetreada agenda en Madrid donde busca fortalecer lazos de cooperación con las autoridades españolas en temas de derechos de los colombianos, asuntos académicos y, más puntualmente, la lucha contra la corrupción.

En su visita, uno de los principales temas que el procurador ha tratado con su contraparte en la administración de justicia de ese país es el caso de la firma barranquillera de servicios públicos Triple A, que está bajo escrutinio del Ministerio Público por cuenta de los contratos de asistencia que firmó con su mayor accionista, Inassa, que hoy busca abrir un diálogo para “establecer montos de reparación por el daño y la indemnización al Estado colombiano”, según anunció el procurador este jueves.

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Carrillo reveló que directivos de Inassa se han acercado a la Procuraduría para proponer la devolución de buena parte de los dineros.

“Estamos en diálogo con la compañía para ver cómo se produce esa reparación” no solo al fisco, sino además indemnizar a la Nación y ofrecer nueva información y evitar que comportamientos cuestionables se repitan. “Veremos si se puede proceder a lograr esos acuerdos”, dijo el procurador.

Inassa, sociedad de carácter privado con sede en la capital atlanticense, es el brazo de inversiones ultramar de la empresa pública Canal de Isabel II, que provee los servicios de acueducto y alcantarillado a la Comunidad de Madrid y que se ha visto sacudida por los escándalos de corrupción destapados por el caso Lezo, que involucra judicialmente a dirigentes del Partido Popular español.

“Hemos hablado tanto con la Fiscalía como con los jueces de la Audiencia Nacional del famoso caso de la Triple A, el caso Lezo dentro de la terminología española, en el que la Procuraduría ha avanzado muchísimo, porque hemos descubierto los mecanismos a través de los cuales muchos de los recursos recaudados a los ciudadanos de Barranquilla se convirtieron en una vena rota para esa empresa”, manifestó Carrillo en rueda de prensa ante la prensa madrileña.

“Cascarón”

“Descubrimos contratos de asistencia técnica que eran un ‘cascarón’, es decir, contratos falsos por mas de 80 millones de dólares. Desde el año 2012 hasta el presente, logramos identificar ese monto, que es dramático por su cuantía”, añadió Carrillo, quien expuso que se han suspendido contratos entre Inassa y Triple A y, aún así, han aparecido nuevas operaciones cuestionadas, como lo que denominó un “contrato falso” que la empresa de servicios públicos suscribió con Recaudos y Tributos, filial de Inassa que se encarga de tomas de lectura, visitas técnicas, suspensiones, reconexiones, reparto de facturas y gestión de recaudo.

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“Como resultado de esa relación ha habido desfalcos por más de 10 millones de dólares, para no hablar del tema de los subsidios a las clases menos favorecidas en donde también hemos encontrado conductas irregulares que comprometen a funcionarios en el caso local y a los ejecutivos de esa empresa”, manifestó. “Es destapar una caja de Pandora, donde buena parte de esos contratos de dudosa procedencia fueron, precisamente, la forma de malversar esos fondos públicos, algo que requiere la acción del Estado”, advirtió.

Precisamente, Carrillo anunció que la Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra del expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, que actualmente afronta un proceso judicial en España, “porque presumimos que ha sido el determinador de toda esa contratación ficticia” que ha implicado, según el jefe del Ministerio Público, no solo el contrato con R&T y los contratos de asistencia técnica, sino también el manejo fraudulento de los subsidios a los estratos bajos, lo que significaría que la cifra global del desfalco investigado alcanzaría los 110 millones de dólares. Ese mismo proceso ya se había abierto contra Ramón Navarro, exgerente de Triple A.

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