INVESTIGACIÓN
Inaudito: 500.000 niños de tres departamentos llevan 100 días sin alimentación escolar
La Contraloría General identificó esta situación que afecta el proceso de aprendizaje de estudiantes de Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo.
No hay derecho a que los niños y jóvenes escolares no coman si en el país se habla de billonarias sumas para la educación.
La alimentación escolar es la columna vertebral de una educación eficaz y eficiente. Por esa razón, en Colombia se gastan millonarias sumas para adelantar el Programa de Alimentación Escolar, el cual está en la mira de la Contraloría General desde hace algún tiempo, por lo cual, en esa labor de seguimiento, el organismo de control detectó algo inaudito. Al menos 500.000 niños de tres departamentos y dos municipios llevan más de 100 días sin recibir la alimentación Escolar.
A la entidad de control le pareció inconcebible que después de cuatro meses de haberse iniciado el calendario escolar, en Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo aún no reportan el inicio de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
¿Dónde está la plata?
La grave situación develada por la Contraloría General debe ser una alerta, pues el asunto no parece ser de plata. Según el organismo de control, a las cinco entidades territoriales que llevan más de 100 días sin empezar el programa les fueron asignados 63.990′709.166 de pesos para la vigencia 2022, que ya va casi en la mitad de año.
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El programa tiene inscrito en sus libros que la cobertura es de cerca de siete millones de colombianos escolares que deben recibir alimentación durante 180 días, que son en promedio los que asisten a las instituciones educativas.
Otros departamentos en la mira
La Contraloría prácticamente ha adelantado una cruzada en busca de cuidar los recursos del programa de alimentación escolar, pues una adecuada nutrición es clave para que el proceso de aprendizaje se produzca de manera correcta. Y un país que se respete debe educar a sus niños y jóvenes, si es que se quiere salir del atraso y la pobreza en la que están sumidas muchas regiones de Colombia por falta de oportunidades de sus habitantes.
Por eso, la lupa de la Contraloría advierte también sobre Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto y Vichada, que aunque reportaron inicio en el territorio del PAE no está al 100 % la prestación del servicio de alimentación escolar, aumentando el número de menores que estarían sin atender. Ahí la situación termina siendo peor, pues se estaría ahondando la desigualdad: unos comen y otros no.
El contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, reiteró el llamado que han venido realizando a las entidades territoriales: “Atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que reciban su alimentación los más de seis millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2022″.
Muchos casos reprochables
En el seguimiento de la Contraloría, realizado durante el año 2022, se han registrado 387 visitas a Instituciones Educativas oficiales en las que se ejecuta el PAE, que están ubicadas en 53 Entidades Territoriales Certificadas.
Dentro de lo que el organismo de control ha podido corroborar se destaca que en el 15 % (35 instituciones educativas) no estaban realizando entregas del PAE el día de la visita.
En los resultados de las averiguaciones y corroboraciones que ha hecho la Contraloría general, el 16 % de las instituciones no cuentan con cocina (cómo van a atender una alimentación escolar en esa condición); el 19 % no tiene comedor; el 15 % no cuenta con un lugar de almacenamiento de alimentos, y el 20 % no tiene un lugar para la refrigeración de los productos que se dañan con facilidad.
Otros hallazgos
De igual manera, la Contraloría ha podido identificar que en el 73 % de las instituciones educativas visitadas aún no han conformado las veedurías de padres de familia y los Comités de Alimentación Escolar (CAE), incumpliendo los lineamientos de transparencia y control social establecidos a través del Anexo Técnico de Participación Ciudadana emitido por la UAPA según Resolución 0335 del 2021.
