Bucaramanga
Incautaron carne de caballo que iba a ser comercializada
La operación fue realizada por la Policía en el barrio Nariño, en Bucaramanga. Con estos 350 kilos, ya se ajusta más de una tonelada de carne ilegal de caballo y cerdo incautadas este año.
Un total de 350 kilos de carne de equino, listas para ser distribuidas en puntos de venta, fue incautada por el grupo ambiental y ecológico de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
La incautación de este producto forma parte de los operativos que la Policía adelanta para controlar la distribución de carnes que no cumplan con las condiciones de higiene y que, además, no sean aptas para el consumo humano.
#Bucaramanga Este sábado 20 de febrero el grupo ambiental y ecológico de la policía metropolitana incautó más de 350 kilos de carne de equino, listas para ser distribuidas en puntos de venta. @PoliciaBmanga
— EL FRENTE (@diarioelfrente) February 22, 2021
Justamente en el trabajo que se desarrolla en los municipios del área metropolitana, los controles se hacen con el ánimo de descubrir carnes en mal estado, que no correspondan para el consumo o que no cuenten con la documentación adecuada. También, que el transporte de este producto, en caso de ser legal, cumpla con las condiciones adecuadas para el mismo.
Según informó la institución, con la incautación de estos 350 kilos, suman más de una tonelada de carne de cerdo y equino incautada.
Este hallazgo se dio en la calle 20 con carrera 5 del barrio Nariño, punto en el cual fue abordado el vehículo en el que se transportaba la carne sin los permisos reglamentarios y sin la cadena de frío, lo que representa un riesgo para la salud pública de las personas.
Actualmente la Policía Ambiental viene desplegando fuertes controles con el fin de desmantelar los mataderos clandestinos y la comercialización ilegal de esta carne.
Carne equina en el PAE
Precisamente, en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento se descubrió que uno de los proveedores estaba suministrando carne de caballo y burros enfermos, lo que generó una sanción por parte de la Procuraduría el pasado mes de enero.
El suministro se dio durante un año en 2016 y, además de la sanción de inhabilidad por 20 años, también se sancionó a los responsables con una multa de 4.319.589.236 de pesos.
Según lo dijo en su momento la Procuraduría, “la investigada inobservó el principio de moralidad pública de la función administrativa y transgredió el desarrollo de sus responsabilidades y obligaciones contractuales como operador del PAE”.
Agregó la entidad que en este programa en Santander hay un agravante que es conexo con la dignidad humana porque “les permite a los estudiantes del sistema público educativo poner en marcha desde la educación, su particular proyecto de vida, y además está ligado con los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes”.
Por esto las autoridades han reforzado controles que permitan evitar la comercialización de este tipo de productos que, incluso, han alcanzado programas gubernamentales.