Uribe, a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia

En julio de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Álvaro Uribe Vélez y el representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, para que respondieran por los delitos de soborno y fraude procesal. Ambos fueron llamados a indagatoria. Más de un año después, el alto tribunal le notificó al expresidente que deberá comparecer ante la corte el próximo 8 de octubre dentro de la investigación que se sigue en su contra.

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El pasado viernes, al final de la tarde, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió rechazar los recursos de nulidad presentados por los abogados de Uribe. Los magistrados también dejaron en firme un cúmulo de evidencias técnicas (interceptaciones telefónicas) que Uribe cuestionó alegando que se obtuvieron de forma fraudulenta. Con esas determinaciones quedó en firme el llamado a indagatoria que deberá rendir el expresidente.

Por tercera vez, corte reitera que interceptaciones a Uribe fueron legales

Primero, el exmagistrado José Luis Barceló, días antes de su retiro de la Corte Suprema de Justicia, explicó las circunstancias en que accidentalmente había resultado interceptado el celular de Uribe y por qué este hallazgo había sido incorporado a su expediente por supuesta manipulación de testigos. Barceló aseguró que la orden de intervenir el teléfono del representante Nilton Córdoba Manyoma en un caso de corrupción se dispuso el 7 de marzo del 2018; el día 22 de marzo, los técnicos investigadores de la Fiscalía informaron que el número telefónico interceptado no representaba ninguna importancia porque nada tenía que ver con los hechos que son motivo de investigación. 

Ante la alerta se dispuso la cancelación inmediata de la intervención a la línea, no obstante, por tratarse de un "hallazgo imprevisto e inevitable" las llamadas fueron trasladadas al expediente contra el expresidente. "No hubo nada ilegal ni fue un error", sostuvo en su momento a SEMANA el magistrado Barceló.

Para ese entonces, la Corte Suprema de Justicia pasaba por un momento de transición por la creación de doble instancia para aforados. Los expedientes en investigación –incluyendo el que avanzaba contra Álvaro Uribe Vélez– pasaron a manos de los magistrados de la recién creada sala de instrucción. De modo que la segunda voz en pronunciarse fue la de la magistrada Cristina Lombana. Ella fue la ponente de un auto que encontró esta prueba "ajustada a la legalidad". "Se niega la solicitud de la exclusión probatoria impetrada por la defensa", aseguró la decisión firmada por Lombana y que fue respaldada por sus cuatro colegas.

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La notificación de la decisión conincidió con la columna de Daniel Coronell que revela detalles del informe de interceptación que entregó el CTI a la Corte Suprema de Justicia. En respuesta, el senador Álvaro Uribe publicó un audio demostrando que en el documento del CTI, en el cual se basó Coronell, aparecía el verbo solicitar en relación con la supuesta quema de pruebas, cuando en realidad se decía era evitar, lo que significa totalmente lo contrario. A raíz de esto, el expresidente aseguró que el CTI “transcribe parcialmente” o “altera” los audios para presentarlos en su contra.

Esta es la transcripción del audio que publicó el exmandatario: “Salimos del despacho de Néstor Humberto, nos atendió muy gentilmente, me dijo que entendió perfecto y me dijo que él había visto un caso similar antes, pero que a esta escala dispondría una comisión y, bueno, salí de ahí muy contento, ya radiqué la denuncia; los abogados dicen que tenemos que hacer escándalo ya porque lo que hay que evitar es que hagan alguna corrección, o que quemen eso o lo destruyan”.

Al margen de la efervescencia por la filtración de la información, el registro que el analista hizo de una de las comunicaciones y el contenido divulgado por medios de comunicación, la conclusión es que para los magistrados de la Corte son legales las grabaciones de 15 días al celular de Uribe y que esta prueba será tenida en cuenta en el expediente por presunta manipulación de testigos.