Indígenas “cierran puertas” y sacan a las autoridades de La Rioja en Bogotá

Luego de las revueltas que ocurrieron en el centro de Bogotá, en las que un grupo de indígenas se enfrentó a la Policía y a funcionarios de la Alcaldía, se tuvo conocimiento de un nuevo hecho en el centro de atención La Rioja, que dispuso el Distrito para la reubicación de los indígenas que se encontraban en el Parque Nacional, en el que cerraron las puertas y sacaron a los funcionarios que prestaban atención.

Mientras en los juzgados de Paloquemao se adelantaba la judicialización de dos indígenas que fueron capturados como presuntos responsables de los actos violentos en contra de uniformados de la Policía y gestores de convivencia, en La Rioja, en el barrio San Bernardo, los demás indígenas sacaban a los funcionarios que prestan atención prioritaria y coordinan las ayudas para las familias que se encuentran allí alojadas.

Fuentes del Distrito aseguraron que los funcionarios fueron obligados a salir del edificio y solo se permitió el ingreso, en pocas ocasiones, del personal de salud, pero advirtieron que los indígenas sacaron a quienes están ayudando en la atención de las necesidades básicas de los propios indígenas.

Advierten que la decisión de los indígenas de convertir un espacio del Distrito en una “república independiente” obedece a las denuncias que se conocieron en los últimos días sobre la delicada situación que se vive al interior de este centro de atención y cómo las ayudas del Distrito terminan, de acuerdo con la alcaldesa Claudia López, en la compra de licor y actividades que, en teoría, están prohibidas en este espacio.

SEMANA hizo una grave denuncia sobre hechos criminales que estarían ocurriendo al interior de La Rioja y donde las autoridades del Distrito no tendrían control y las indígenas parecen ignorar lo que ocurre allí, todo con el ánimo de mantener este espacio bajo su vigilancia, ahora impidiendo el acceso del distrito.

La situación parece más complicada con los indígenas en esta coyuntura, cuando hace apenas unos días los miembros de esta comunidad se enfrentaron de forma violenta con la Policía y los funcionarios del Distrito que llegaron a garantizar el orden, mientras los indígenas intentaron tomarse el edificio Avianca en el centro de Bogotá.

Las autoridades, entre ellas la alcaldesa de Bogotá, reprocharon las acciones violentas de los indígenas en la ciudad de Bogotá, que los acogió mientras se resuelve el retorno a sus territorios y, “como respuesta, atacan a las autoridades que durante meses se dedicaron a prestar atención a sus necesidades”.

De los desórdenes en Bogotá fueron dos los indígenas capturados y judicializados por la Fiscalía como presuntos responsables de atacar a uniformados de la Policía, 18 que resultaron heridos en esa confrontación. La Fiscalía imputó el delito de violencia contra servidor público en una audiencia atropellada por las fallas técnicas en el servicio de internet y un traductor que era necesario para dar a conocer los cargos.

“Aparece también el informe de la lofoscopia, sobre la plena identificación de los ciudadanos, los formatos de arraigo, igualmente las valoraciones que hizo ese mismo galeno a los ciudadanos capturados con los resultados que allí aparecen, registrados en 20 días definitivos de incapacidad”, advirtió la fiscal del caso.

Al final la judicialización quedó solo en la imputación de cargos, porque la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento con la que buscaba enviar a la cárcel a los dos indígenas. El juez de Control de Garantías entendió la nueva petición de la Fiscalía y ordenó la libertad inmediata de los indígenas.